jueves, 24 de noviembre de 2011

CAMBIO EN MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD VULNERA EL ESPIRITU DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Comité FMLN en Suecia

La renuncia al cargo de ministro de Justicia y Seguridad pública de Manuel Melgar, fue justificada por el mismo compañero en su momento, entre otras, por la interrumpida comunicación entre él y el presidente de la república; actitud continuada por varias semanas.

Este era un claro mensaje de parte de Funes a no apoyar su gestión en tan importante cartera y en los momentos en que la seguridad pública es el tema de mayor trascendencia en el país.

Este naturalmente era un procedimiento de presión política del presidente, ya que normalmente la constitución le da autoridad para disponer del cargo de sus ministros, si estos han dejado de ser hombres de confianza, tal como lo hiciera en otras remociones que aunque de más baja relevancia, han marcado estilo y potestad del presidente.

Claro está que el cargo de Melgar fue parte del compromiso político del FMLN con Funes de compartir gobierno en carteras y ministerios ya que fue el partido que lo llevo a la presidencia. Lo que suena con lógica y coherencia.

No obstante es digno de aclarar que existen dentro y fuera del país, poderosas fuerzas que discrepan y hubiesen querido que el triunfo del FMLN el 2009 no hubiese sido; por lo que desde el mismo momento de la investidura de Funes han bregado por minimizar la influencia que el partido de gobierno pueda ejercer en las decisiones presidenciales.

En el caso concreto del Ministerio de Justicia y Seguridad pública, el vocero del FMLN, Roberto Lorenzana ha hablado claro y con contundencia, manifestando que el relevo de Manuel Melgar, no había sido una decisión del Presidente y textualmente dijo “Es una decisión que no la tomó el Presidente de la República, él será simplemente un vocero, es una decisión que se tomó en algún lugar de la capital de Estados Unidos. Es una decisión en la que se pierde soberanía”.

La contundencia, del vocero de nuestro Partido, estamos seguros que hubiesen sido acompañadas de las disculpas pertinentes si la realidad nos dijera hoy lo contrario.

Estas declaraciones son muy graves y enlazan con las declaraciones de otros dirigentes del FMLN quienes también han marcado y tomado distancia de la postura de casa presidencial.

Hay que aclarar que al empezar el mandato de Funes en el 2009, el FMLN, asumió como acertada la designación como Ministro de la Defensa del General Munguia Payes; pues siendo este un militar con trayectoria y alianzas de su movimiento social, cercano a nuestro Partido, calificaba también en el impulso al gobierno del cambio; además que en ese contexto tenía lógica que este militar asumiera la cartera de defensa. Por lo tanto el FMLN no veta a Munguia Payes; sino veta el que la seguridad pública sea dentro del gobierno del cambio, el primer eslabón para empezar a desandar el camino de la construcción de más democracia y pudiésemos retornar a una Seguridad Pública con reglas y doctrina militarizada.

Específicamente Seguridad Pública en nuestra historia y sociedad, tiene un componente de carga política que nos remonta a lo que era la Seguridad Pública antes de la guerra civil de mediados de los 80s, que siendo esta militarizada, sirvió como un instrumento de represión, de triste recordación; lo que hizo que en los acuerdos de paz se puntualizara el rol de los militares y la Fuerza Armada a quien de todas las competencias o misiones que tenía solo se le dejaron dos; la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio; dejando para la Policía Nacional Civil la seguridad pública. Esto es así por el espíritu y los acuerdos de Paz; que naturalmente en su momento tuvieron la oposición de los mismos sectores que hoy muy alegremente apoyan la llegada de un militar a este ministerio.

Los avances del Gabinete de Seguridad actual y el ex Ministro Manuel Melgar, en la lucha contra la inseguridad, han tenido a la fecha, resultados importantes y positivos, que lamentablemente la derecha del país y sus medios de comunicación han querido en todo momento, darle más publicidad a las estadísticas del delito y específicamente a aquellos que impactan mediáticamente en el ciudadano común; cuando por ejemplo se oponen a contribuir con un impuesto para Seguridad.

La lógica nos dice que en cualquier país del mundo el ciudadano común quiere vivir en un país cuyas autoridades le garanticen su seguridad; para lo que el esfuerzo institucional y el ciudadano tiene que ser compartido. Esa es la clave para un real combate a la delincuencia; por lo que no es cierto que un militar o un civil harán la diferencia en resultados a lo que Melgar venía haciendo, si la seguridad pública no cuenta para la prevención, el combate y represión del delito, con los recursos necesarios.

Es un gran riesgo que en plazos cortos o cambiando el gabinete de seguridad o peor aun militarizando al estilo mejicano la metodología en el combate a la delincuencia, se asuma la Seguridad Pública con receta de intereses internos especialmente de la derecha que por más de dos décadas no han demostrado estar por ver los problemas de seguridad y sus soluciones como problema de Estado; o lo que sería peor, que el gobierno asuma recomendaciones que viniendo del extranjero, quieran a cambio de promesas, vulnerar nuestra soberanía política.

En el discurso de juramentación, el nuevo ministro, debemos creer, que habla con sinceridad, al acotar que no va a hacer magia, pero asume que tiene un compromiso por desempeñar con la sociedad entera. Como ciudadanos y militantes le damos desde ya el beneficio de la duda y seguiremos puntualmente su trabajo y resultados y serán estos los que acompañen o rechacen lo que haga o deje de hacer; y reiteramos que desde la firma de los acuerdos de paz somos los efemelenistas los más fieles defensores de lo que estos plasman y cualquier actitud política por militarizar la seguridad pública, tenemos que decirlo claro y contundente, que vulnera el espíritu de los acuerdos que terminaron con la guerra civil; guerra que ningún político con meridiana inteligencia quiere volver a repetir y al señor Presidente y todos los que aplauden la llegada de un militar a la Seguridad pública les recordamos que el Acuerdo de Paz firmado en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, dejó claro que la seguridad pública sería tarea de civiles.

23 de Noviembre de 2011


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