Nuevos
acontecimientos han conmocionado esta semana la actualidad salvadoreña, y que
de cualquier manera acarrearán consecuencias a corto y mediano plazo, luego que
el presidente Mauricio Funes haya dado a conocer este lunes su decisión de
nombrar al general Francisco Ramón Salinas Rivera, hasta
horas antes viceministro de la Defensa Nacional, como el nuevo director de la
Policía Nacional Civil – con sus siglas PNC- , en sustitución del comisionado
Carlos Ascencio.
Según
las leyes del país y a consecuencia de los Acuerdos de Paz de 1992, de los que
se acaban de celebrar su vigésimo aniversario, la dirección de la seguridad
pública debe estar en manos de civiles; por ello, horas antes el general
Francisco Salinas solicitó la baja al Estado Mayor del Ejército, procedimiento
que destacó Funes para justificar esta nueva polémica decisión, que se une a
otra previa al seleccionar al también general David Munguía Payés como Ministro
de Seguridad y Justicia el pasado 22 de noviembre; misma fecha en que el actual
director de la PNC había sido nombrado viceministro de Defensa, tras haber
asumido antes el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
Con todo lo que representa la presencia de
militares - llamados en retiro - en las
funciones de mando de la Policía como institución que surge de las
negociaciones de paz, eran de esperarse las reacciones encontradas. Por un
lado, los sectores de la derecha, que desde el inicio de la actual
administración atacaron ferozmente la presencia de figuras de la ex guerrilla
en la dirección policial y el ministerio de seguridad, no han escondido su
júbilo por tal decisión; pues representa haber conseguido su objetivo de
carácter político, a la vez de haber forzado al gobierno a realizar estos
drásticos cambios, que también buena parte de la población ven como positivos
ante la agobiante situación de la violencia delincuencial, percepción cada vez
más en ascenso, en parte debido a la inducción mediática dirigida por empresas
informativas aliadas a la misma derecha.
Por su lado, representantes del FMLN, en lo
personal, y la Comisión Política del instituto de izquierda, a través de
pronunciamiento publicado este miércoles en diferentes periódicos del país, han
mostrado su desacuerdo por la opción del presidente que ha sido calificada como
equivocada, catalogándola además como violatoria de la Constitución, y sobre
todo del espíritu de los acuerdos de paz.
A esta posición se han sumado organizaciones de la sociedad civil
quienes han condenado se haya dispuesto el nombramiento de militares en
funciones de seguridad pública, y haber utilizado una maniobra para
justificarlo, como es el hecho de que horas previas se solicitara la baja y así
resultar como militar en retiro.
Todo ello se agrega a otra polémica decisión
presidencial al ordenar la situación de alta al coronel Sigifredo Ochoa Pérez,
que desde hace 24 años estuvo en calidad de retiro, y recientemente inscrito por
el partido Arena para ser electo como diputado por el departamento de San
Salvador, condición a la que debe renunciar; por lo que el coronel se ha
expresado ofendido al afectársele su derecho a ser electo. El mayor agravante
de esta situación estriba en que el mismo Funes expresó públicamente en un
discurso de esta misma semana que de esa manera Ochoa Pérez debía cuidar sus
palabras, ya que desde ese momento pasaba a ser su jefe, como Comandante
General de las Fuerzas Armadas.
Muy frescas están las frases hirientes y
ofensivas que Ochoa Pérez expresara el pasado 16 de enero, luego que Funes
solicitara al ejército revisar la historia de la institución y ordenara dejar
de ensalzar a los responsables militares de las masacres, antecedente que
muchos analistas y políticos de todas las tendencias han señalado como la causa
del procedimiento contra el militar, y que a la vez ha sido motivo de rechazo,
sobre todo porque a todas luces sería una represalia contra la libertad de
expresión que no debería tolerarse en un estado democrático.
Queda pues como otra arista de confrontación
política, luego que el coronel, hoy de alta, no ha dudado en enfrentar, al
presentar sendos recursos contra el presidente y el ministro de defensa ante la
Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, mientras la mañana de este jueves disfrutaba de un baño de multitudes
de sus correligionarios que le acompañaron al estado mayor del ejército, donde
fue a presentarse luego de la orden presidencial.
Para los amigos de Radio Habana Cuba,
reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada