jueves, 1 de marzo de 2012

Juez niega amnistía a exdictador guatemalteco, favorece DDHH

Esta es la primera audiencia de Gálvez como juez a cargo del proceso de genocidio tras la salida de la jueza Carol Patricia Flores, recusada por la defensa de uno de los procesados a mediados de febrero.


LPG -  AP/GUATEMALA 
Jueves, 01 marzo 2012 18:57

Un juez negó al general retirado Efraín Ríos Montt ser favorecido con una amnistía en un proceso por genocidio, y sentó el jueves un precedente en Guatemala donde otros militares encausados podrían correr la misma suerte. 

"Hay delitos imprescriptibles como el genocidio y delitos contra la humanidad y por eso no se puede decretar una amnistía", dijo el juez Miguel Angel Gálvez en su respuesta a una petición de amnistía para Ríos Montt, de 85 años. 

Durante años, el general retirado gozó de inmunidad política, por su condición de diputado que ostentó desde hace más de tres lustros que finalizó el 14 de enero del 2012 con la investidura del presidente Otto Pérez Molina. La decisión de Gálvez fue recibida favorablemente por instituciones que velan por sistemas judiciales frágiles como lo es el de Guatemala. 

"Esto afirma el compromiso de Guatemala de reconocer sus obligaciones y sienta un precedente. Prueba que en el ministerio público están dispuestos a sostener las leyes internacionales contra los más poderosos y eso es muy significativo", explicó Marcie Mersky, directora de programación del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Nueva York. 

El director del Centro de Estudios Estratégicos para la Seguridad en Centroamérica, Mario Mérida, también dijo que la resolución "facilitará a los fiscales del ministerio público a establecer esta tendencia". 

Por el mismo caso son procesados también los generales retirados Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes. Los tres son acusados de 266 operativos militares en los que habrían muerto al menos 1.771 personas, se habrían cometido 1.400 violaciones a los derechos humanos y desplazado a por lo menos 29.000 personas entre 1982 y 1983. 

En la primera audiencia en el proceso por genocidio, el entonces fiscal del caso, Manuel Vásquez, acusó a Ríos Montt de autorizar masacres con el objetivo de exterminar al grupo étnico ixil. 

"En 1982, Ríos Montt dio continuación a la política de 'tierra arrasada' para consolidar control sobre la población donde el grupo ixil maya fue denominado como enemigo interno", dijo. Ríos Montt gobernó de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983. 

La política de "tierra arrasada" tenía la intención de eliminar a la población civil que potencialmente podía apoyar la acción de las guerrillas izquierdistas o sumarse a sus filas; otra de las políticas de Ríos Montt consistió en implementar "polos de desarrollo" que eran comunidades vigiladas militarmente en las que los campesinos eran obligados a asentarse. 

Principalmente se le acusa de ser el autor intelectual de los planes militares conocidos como "Victoria 82" y "Firmeza 83", de exterminio de civiles, agresiones sexuales a mujeres del grupo étnico Ixil, y destrucción de fetos. 

Mérida opinó que la decisión del juez se debe a la reciente aprobación del congreso guatemalteco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Fue aprobado por el legislativo el 22 de febrero. 

Durante la audiencia Gálvez dijo que la petición de amnistía en base al decreto promulgado a combatientes del conflicto interno armado en 1986, por el también golpista general Oscar Mejía Víctores, viola los acuerdos internacionales de derechos humanos anteriormente firmados por Guatemala. 

"A raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en 1949 se crea un convenio internacional en contra del genocidio el cual Guatemala ratifica. En 1973 Guatemala acopla su legislación, incluyendo el delito contra los deberes de humanidad. 

Por lo que no se puede dictar una amnistía", resolvió Gálvez. El juez también mencionó la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, la cual puso fin al conflicto armado interno y decretó una amnistía general a toda persona responsable o sindicada de haber cometido delitos políticos como coacciones y amenazas, daños contra la seguridad colectiva, delitos contra la seguridad del estado, entre otros. 

Vestido de traje y corbata y erguido, Ríos Montt salió inmediatamente de la sala y no respondió a las preguntas de la prensa. Muchos indígenas, que habían viajado de la provincia de Quiché a la audiencia, corrieron detrás del ex dictador pero fueron bloqueados por militares y guardaespaldas. En Quiché se produjeron la mayoría de las masacres, según las autoridades. 

El abogado de las víctimas, Edgar Pérez, expresó satisfacción con el fallo favorable del juez. "Esto significa que se esta llevando un proceso justo porque son delitos de transcendencia internacional", afirmó. 

El abogado defensor Francisco Palomo dijo que apelará el fallo. "Esto no es un proceso que se puede resolver en primera instancia. Es un largo proceso y es la Corte de Constitucionalidad la que decidirá". 

Esta es la primera audiencia de Gálvez como juez a cargo del proceso de genocidio tras la salida de la jueza Carol Patricia Flores, recusada por la defensa de uno de los procesados a mediados de febrero. Flores abrió el proceso a Ríos Montt por genocidio y crímenes contra de la humanidad en enero. El general retirado quedó bajo arresto domiciliario. 

El conflicto armado terminó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas pero durante los 36 años que duró dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe de una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas tras el fin del conflicto. La Nobel de la Paz de 1992 Rigoberta Menchú también acusó a Ríos Montt de genocidio ante la justicia española. 


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