sábado, 1 de septiembre de 2012

Guatemala: Grupos activistas temen militarización

En esta imagen suministrada por la Marina de Estados Unidos el miércoles 29 de agosto de 2012, dos helicópteros militares de Estados Unidos se disponen a despegar de la base aérea guatemalteca en la localidad de Retalhuleu. Una reciente operación antidrogas entre la Marina estadounidense y el Ejército de Guatemala despertó los recuerdos de los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas locales en la guerra civil de Guatemala, dijeron activistas de derechos humanos el viernes 31 de agosto. (Foto AP/Marina de Estados Unidos)
GUATEMALA (AP) — Una reciente operación conjunta de la infantería de marina estadounidense y el Ejército guatemalteco contra las drogas podría evocar el fantasma de los abusos a los derechos humanos durante la larga guerra civil en Guatemala, advirtieron varios grupos de activistas grupos defensores de las garantías individuales.
Un contingente de 200 infantes de marina de Estados Unidos comenzó a patrullar esta semana la costa occidental de Guatemala como parte de un acuerdo bilateral para interceptar cargamentos de drogas.
"Las comunidades rurales en Guatemala están temerosas de que las fuerzas armadas sean utilizadas para combatir a los narcotraficantes porque las técnicas aplicadas son las mismas que fueron usadas en la guerra contra (que combatía a la insurgencia)", señaló el viernes la activista proderechos humanos Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack.
"La memoria histórica está presente y los guatemaltecos están temerosos de eso", añadió.
Kelsey Alford-Jones, directora de la Comisión de Derechos Humanos para Guatemala/USA, observó que las fuerzas armadas guatemaltecas, que fueron apoyadas por Estados Unidos durante la guerra civil, cometieron más del 93% de los hechos de violencia.
Fue hace 50 años cuando las fuerzas armadas de Estados Unidos enviaron por última vez una cantidad significativa de ayuda y equipo a Guatemala, y establecieron una base para apoyar las acciones de contrainsurgencia durante un levantamiento guerrillero que surgió luego de que el gobierno democrático de Jacobo Arbenz fue derrocado en 1954 en un golpe apoyado por la CIA.
El conflicto provocó una guerra civil de 36 años que terminó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y los guerrilleros izquierdistas.
La guerra civil causó más de 200.000 bajas, entre muertos y desaparecidos, y el 93% de esos casos fueron atribuidos a las fuerzas del Estado y a los grupos paramilitares, de acuerdo con las Naciones Unidas. Estados Unidos se retiró en 1978.
Sobre la operación conjunta, las autoridades de Guatemala aseguran que el 16 de julio firmaron un tratado que le permite a las fuerzas armadas de Estados Unidos realizar operaciones antidrogas en el país centroamericano. Menos de un mes después, un avión de transporte C-5 de la Fuerza Aérea llegó a la capital de Guatemala procedente de Carolina del Norte con los infantes de marina y cuatro helicópteros UH-1 "Huey".
Si los marines encuentran a embarcaciones sospechosas, se pondrán en contacto con su contraparte guatemalteca en una unidad de operaciones especiales de la marina de Guatemala, la cual intervendrá para la intercepción. Los marines no participarán en las misiones de arrestos, pero sí tienen derecho a defenderse en caso de que sean atacados, dijeron funcionarios estadounidenses.
"Los marines en Guatemala tienen un papel de apoyo y suministran respaldo aéreo, de comunicaciones y de logística a un socio regional que actualmente enfrenta duros desafíos con el tráfico ilícito en sus costas. Este no es un nuevo papel ni la primera vez que las fuerzas armadas estadounidenses apoyan a un socio en este ámbito", dijo el teniente coronel del Ejército Todd Breasseale, vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
"Aunque el despliegue de los infantes de marina es solamente temporal por naturaleza, está concentrado en una misma misión —apoyo a las autoridades estadounidenses y regionales que trabajan para detener el flujo del tráfico ilícito por el istmo centroamericano", añadió Breasseale en respuesta por correo electrónico a una pregunta de la AP.
William Ostick, portavoz de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, afirmó que el amplio apoyo del gobierno del presidente Otto Pérez Molina está "concentrado en mejorar la seguridad de los ciudadanos en América Latina".
Las fuerzas armadas de Guatemala, dijo Ostick, han "hecho avances significativos en asuntos clave y es sensible al considerable respecto internacional y nacional por su trabajo en mantener la paz internacional".
El Departamento de Estado indicó en un reporte reciente que en Guatemala existe una corrupción institucional generalizada, que la impunidad policial en actividades delincuenciales sigue siendo un "problema serio" y que el gobierno continúa utilizando a las fuerzas armadas para apoyar a la policía frente a la delincuencia que aumenta.
"Esto es lo que sucede cuando las operaciones sobre la seguridad pública son un medio de control social", advirtió Mack.
La operación de los marines es la más grande en Guatemala desde que la ayuda militar estadounidense fue cancelada en 1978, cuando mediaba la guerra civil. Al paso de los años, el Congreso de Estados Unidos limitó el financiamiento para el entrenamiento de un grupo militar guatemalteco en respuesta a desastres naturales.
"La restricción parcial del Congreso sobre el financiamiento para el ejército guatemalteco sigue vigente debido a que los militares no han cumplido ni con las metas mínimas de reforma. La 'guerra contra las drogas' de Estados Unidos ha sido una justificación para una rápida remilitarización en un momento en que Guatemala apenas se recupera del trauma del conflicto interno, y las fuerzas armadas guatemaltecas no han respondido por las atrocidades del pasado", señaló Alford-Jones.
De acuerdo con las leyes estadounidenses, Guatemala puede recuperar la ayuda una vez que el Departamento de Estado certifique que los militares están "respetando los derechos humanos internacionalmente reconocidos" y cooperando con las investigaciones judiciales sobre ex personal castrense y con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que tiene apoyo de Naciones Unidas.
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Los periodistas de The Associated Press Pauline Jalinek en Washington D.C., y Martha Mendoza en Santa Cruz, California, contribuyeron en la información.

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