Los militares sindicados de la masacre en
Totonicapán esperan en la carceleta de la Torre de Tribunales a ser escuchados
por un juez.
El Ministerio Público (MP) sindicó ayer a un
coronel y ocho soldados por la muerte de seis campesinos y la desaparición de
otro poblador durante el enfrentamiento ocurrido el jueves último en el km 170
de la ruta Interamericana, en donde además resultaron heridas otras 30
personas.
La fiscal general Claudia Paz y Paz explicó
en conferencia de prensa que los efectivos castrenses son sindicados de
ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa y
lesiones, por la muerte de pobladores de varios cantones de Totonicapán.
“Es la primera vez que se le imputan cargos a
militares por reaccionar y participar en manifestaciones populares, desde la
firma de la paz”, dijo la fiscal luego de haber señalado al coronel Juan Chiroy
Sal como el principal responsable de la masacre.
Chiroy estaba a cargo de la tropa integrada
por más de 80 efectivos del Ejército entre —personal de seguridad ciudadana y
equipos antidisturbios—, que salieron esa mañana a las 9 horas de la capital,
con instrucciones de apoyar a las Fuerzas Especiales Policiales (FEP).
El coronel Chiroy habría respondido a una
orden del general Roel Clemente de León, comandante de la Guardia de Honor.
Los señalamientos se les imputan después de
que evidencias fotográficas y de video revelaran que Chiroy abandonó a su tropa,
minutos después de obviar instrucciones de las fuerzas civiles, que les
recomendaron no acercarse al área de concentración, ya que no era conveniente
involucrar a las fuerzas militares.
Kilómetros antes del lugar de la protesta se
habían instalado dos contingentes policiales de la Comisaría de Totonicapán y
de las FEP de la capital.
“Cuando identificó situación de riesgo, no se
comunicó con el mando policial, a quienes les hubiera podido pedir auxilio. Lo
más grave es que abandonó a su tropa y la dejó sin mando”, dijo Paz y Paz.
Organizaciones nacionales e internacionales
criticaron la participación del Ejército en los disturbios, entre ellos el
procurador de los Derechos Humanos, quien exigió al MP investigar la línea de
mando militar.
El Alto Comisionado de la ONU dijo que
“existen elementos relevantes para considerar que las muertes podrían
comprometer la responsabilidad del Estado de Guatemala bajo la figura de
ejecución extrajudicial o arbitraria”.
En tanto, Francisco Dall’Anese, de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sugirió al presidente
Otto Pérez Molina promover una reforma legal para prohibir la participación de
militares en tareas de seguridad pública.
Capturados
Los soldados detenidos fueron identificados
como Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique Cruz Pérez, Abraham
Gua Cojoc, Felipe Chuc Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edín Adolfo Agustín
Vásquez y Manuel Lima Vásquez.
Los dos últimos son sindicados por ejecución
extrajudicial consumada. Contra Lima Vásquez existen evidencias gráficas de que
en el lugar apuntó contra los pobladores.
En el caso de Agustín Vásquez, el informe
forense lo relaciona con el análisis de fragmentos balísticos que se encontraron
en el cuerpo de Santos Nicolás Hernández Menchú.
El resto fueron capturados por el mismo
delito pero en grado de tentativa, al no poderse determinar si las balas de sus
armas causaron la muerte de las víctimas.
El lugar del crimen fue investigado en un
kilómetro a la redonda, y se analizan un total de 108 casquillos, 89 restos de
bombas de gas lacrimógeno, 11 muestras de sangre, 18 prendas de vestir, 12
fusiles galil y 69 informes periciales del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (Inacif). Se estudian más de 50 imágenes y videos, así como 150
declaraciones.
Paz y Paz explicó que ocho armas fueron
accionadas, pero no se ha podido establecer cuáles de ellas están relacionadas
con las víctimas, pero especificó que las investigaciones continúan.
Además, se analizarán las lesiones de las
víctimas sobrevivientes, para establecer si los fragmentos en las heridas son
de perdigones u otros tipo de material.
También se tomará en cuenta la supuesta
participación de un guardia de seguridad privada, quien pudo haber iniciado el
ataque.
Los fusiles de los involucrados fueron
verificados por el Inacif, luego de que el Ministerio de la Defensa indicara a
quién pertenecía cada una de las armas.
Fuentes castrenses informaron que Chiroy
tenía 25 años de alta en la institución. Desde hace cuatro años fue ascendido
al grado de coronel, era el subcomandante del escuadrón de seguridad ciudadana
y tenía bajo su mando a unos 500 hombres.
Los sindicados fueron detenidos en el cuartel
de la Guardia de Honor, en donde permanecían desde el día de la masacre, y
luego trasladados a la Torre de Tribunales. Luego fueron enviados a la cárcel
militar Mariscal Zabala.
Para hoy a las 9 horas está programada la
audiencia de primera declaración en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo.
Postura
Reclaman a autores intelectuales
Según la presidenta de la Junta
Directiva de la Asociación de 48 Cantones, Juana del Carmen
Tacam, esperan que las capturas “no sean una cortina de humo
para desviar la atención de la población para esclarecer los hechos del 4 de
octubre”.
Además, solicitó investigar a los autores intelectuales de la masacre en
Totonicapán, ya que “los soldados que dispararon a los manifestantes recibieron
órdenes superiores”.
“Hay que seguir todo el proceso de investigación, que solo está empezando.
Este debe continuar para tener
resultados contundentes”, expresó el vicepresidente de
la Junta Directiva, Eusebio Hernández.
Respecto del informe preliminar del Ministerio Público (MP) y la captura
del coronel Juan Chiroy y ocho soldados por la muerte de seis
personas, Tacam afirmó que estarán conformes cuando se tenga una sentencia
condenatoria contra los culpables y el trabajo del MP sea imparcial.
Hernández indicó que las capturas confirman la versión de los
comunitarios sobre un ataque directo de los soldados a los manifestantes.
Señaló a los ministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y
de Defensa, Ulises Anzueto, de ser “los responsables directos de estas
acciones. Las autoridades deben asumir las responsabilidades”.
Se solicitó la destitución de los ministros a cargo de las fuerzas de seguridad
que intervinieron en la acción. “Y no solo nosotros, sino otras
organizaciones”, afirmó Hernández.
Hoy se prevé que una delegación de los directivos de los cantones y
su comité jurídico lleguen a la primera audiencia por el caso, a la Torre de
Tribunales. La asociación dice que busca más pruebas para sustentar el
caso.
Reporte
35 personas heridas por enfrentamiento
registra la PDH.
Informe
Pérez se declara satisfecho
El presidente Otto Pérez Molina dijo que se
siente alegre por la prontitud con que actuó la justicia y afirmó que no va a
adelantar criterios respecto de la posibilidad de que más mandos del Ejército
estén involucrados en el caso. También aceptó que en los disturbios hubo
violación a los derechos humanos.
“No hay ni la menor duda de que allí hubo una violación al derecho más
sagrado”, expresó Pérez Molina, en la Casa Presidencial.
Defensa
No darán de baja a soldados
El ministro de la Defensa, Ulises Anzueto,
dijo durante su comparecencia ayer en la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso que no darán de baja a quienes son investigados, hasta completar
los procesos de ley.
“Los soldados no pueden ni tienen por qué preguntar por cada una de las
acciones que van a cometer, porque las circunstancias son las que lo
determinan, para eso fueron entrenados (...) y se les asigna un arma”, indicó
Anzueto.
