sábado, 16 de febrero de 2013
Lo que Televisión Española oculta sobre los viajes en Cuba
José
Manzaneda
La nueva Ley Migratoria de Cuba elimina trámites y
facilita la salida del país. Pero la ciudadanía cubana, en su inmensa mayoría,
sigue topándose con el mismo problema central a la hora de viajar: la
sistemática negativa de visado de entrada a los países de destino (1).
Hay, sin embargo, una pequeña minoría que no tiene este
problema: es la llamada “disidencia” cubana, que tiene asegurada su visa y
costeados sus gastos de viaje por los poderosos gobiernos que la sostienen.
Este pequeño colectivo es uno de los que más rápido se ha beneficiado, por
ejemplo, de la eliminación del permiso de salida del Gobierno cubano. Éste le
era denegado a apenas el 0,6 % de personas solicitantes, entre ellas
–ciertamente- a una buena parte de los llamados “disidentes” (2).
Esta situación ha cambiado claramente con la nueva ley:
personajes de la “disidencia” más mediática, como la bloguera Yoani Sánchez
(3), el informático Eliécer Ávila (4) o la portavoz de las Damas de Blanco
Berta Soler (5), ya han salido al exterior o están a punto de hacerlo.
Pero algunos grandes medios internacionales insisten en
que poco o nada ha cambiado. El portal argentino Infobae, por ejemplo, titulaba
“Pese a la reforma, Cuba no deja viajar a disidentes” (6). Pero estos
“disidentes” a quienes –supuestamente- no dejan viajar serían aquellos que
cumplen aún sanción penal en la Isla. En Cuba, como en cualquier país del
mundo, una persona con una pena pendiente de cumplir tiene limitado su derecho
a salir del país. Es el caso de Ángel Moya y José Daniel Ferrer, condenados en
2003 a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, por colaboración con el
Gobierno de EEUU (7).
Ambos salieron de prisión en 2011, tras un acuerdo del
Gobierno cubano con la Iglesia católica y el Gobierno español, y forman parte
del grupo de personas -de un total de 115 excarceladas- que decidieron quedarse
a vivir en Cuba. Pero la figura jurídica aplicada en su caso, una licencia
extrapenal del Gobierno cubano, no es ningún indulto, por lo que –aunque se
encuentran en libertad- sus delitos ni han prescrito ni han sido anulados (8).
La corresponsal del canal público Televisión Española
minimizaba este detalle, para culpabilizar –una vez más- al Gobierno cubano.
Mentía al afirmar que éste les está negando la salida por “razones de interés
público”, y no por la existencia de una sentencia judicial pendiente: “Ahora le
niegan salir. El Gobierno no le tramita el pasaporte por razones de interés
público. (…) La reforma migratoria suprimió el odiado permiso de salida, pero
el Gobierno mantiene algunas limitaciones para otorgar ahora el pasaporte:
puede denegarlo por razones de interés público o seguridad nacional, y muchos
ven ahí un nuevo filtro arbitrario” (9).
Por supuesto, todos estos medios silencian también el
porqué de sus penas de cárcel. Ángel Moya y José Daniel Ferrer fueron
condenados en Cuba en virtud de leyes similares a las existentes en otros
países del mundo, que sancionan duramente la colaboración con una potencia
extranjera (10), que impone –en este caso- a un país de escasos recursos un
bloqueo económico que es condenado cada año, por práctica unanimidad, en
Naciones Unidas (11). Estas penas –que son agravadas cuando existe, como es el
caso, recepción de dinero- son aún más severas que en Cuba en el Código Penal
de EEUU, Francia, Bélgica o Italia (12).
Cuba ha eliminado limitaciones burocráticas para salir al
exterior. Pero los medios internacionales necesitan seguir culpabilizando al
Gobierno cubano hasta de las limitantes jurídicas para obtener pasaporte que
existen en cualquier país del mundo. Así pueden seguir ocultando el verdadero
problema para viajar con libertad que padece la inmensa mayoría de cubanas y
cubanos: las cartas de invitación, los depósitos bancarios y –finalmente- las
visas de entrada de los países de recepción.
En sus informaciones, la corresponsal de Televisión
Española en La Habana oculta por sistema toda referencia a las severas
restricciones de entrada que impone su Gobierno –el de España- a miles de
cubanos y cubanas (13). Por eso, su crónica del pasado 31 de enero, en la que,
al fin, mencionaba el asunto de los visados, parece más bien un monumental
ejercicio de cinismo: “La reforma migratoria no ha provocado grandes avalanchas
de cubanos solicitando su pasaporte. Eliminó el odiado permiso de salida pero
ahora muchos descubrieron que necesitan un visado para entrar en la mayoría de
los países” (14).
*Coordinador de Cubainformación.
La nueva Ley Migratoria de Cuba elimina trámites y
facilita la salida del país. Pero la ciudadanía cubana, en su inmensa mayoría,
sigue topándose con el mismo problema central a la hora de viajar: la
sistemática negativa de visado de entrada a los países de destino (1).
Hay, sin embargo, una pequeña minoría que no tiene este
problema: es la llamada “disidencia” cubana, que tiene asegurada su visa y
costeados sus gastos de viaje por los poderosos gobiernos que la sostienen.
Este pequeño colectivo es uno de los que más rápido se ha beneficiado, por
ejemplo, de la eliminación del permiso de salida del Gobierno cubano. Éste le
era denegado a apenas el 0,6 % de personas solicitantes, entre ellas
–ciertamente- a una buena parte de los llamados “disidentes” (2).
Esta situación ha cambiado claramente con la nueva ley:
personajes de la “disidencia” más mediática, como la bloguera Yoani Sánchez
(3), el informático Eliécer Ávila (4) o la portavoz de las Damas de Blanco
Berta Soler (5), ya han salido al exterior o están a punto de hacerlo.
Pero algunos grandes medios internacionales insisten en
que poco o nada ha cambiado. El portal argentino Infobae, por ejemplo, titulaba
“Pese a la reforma, Cuba no deja viajar a disidentes” (6). Pero estos
“disidentes” a quienes –supuestamente- no dejan viajar serían aquellos que
cumplen aún sanción penal en la Isla. En Cuba, como en cualquier país del
mundo, una persona con una pena pendiente de cumplir tiene limitado su derecho
a salir del país. Es el caso de Ángel Moya y José Daniel Ferrer, condenados en
2003 a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, por colaboración con el
Gobierno de EEUU (7).
Ambos salieron de prisión en 2011, tras un acuerdo del
Gobierno cubano con la Iglesia católica y el Gobierno español, y forman parte
del grupo de personas -de un total de 115 excarceladas- que decidieron quedarse
a vivir en Cuba. Pero la figura jurídica aplicada en su caso, una licencia
extrapenal del Gobierno cubano, no es ningún indulto, por lo que –aunque se
encuentran en libertad- sus delitos ni han prescrito ni han sido anulados (8).
La corresponsal del canal público Televisión Española
minimizaba este detalle, para culpabilizar –una vez más- al Gobierno cubano.
Mentía al afirmar que éste les está negando la salida por “razones de interés
público”, y no por la existencia de una sentencia judicial pendiente: “Ahora le
niegan salir. El Gobierno no le tramita el pasaporte por razones de interés
público. (…) La reforma migratoria suprimió el odiado permiso de salida, pero
el Gobierno mantiene algunas limitaciones para otorgar ahora el pasaporte:
puede denegarlo por razones de interés público o seguridad nacional, y muchos
ven ahí un nuevo filtro arbitrario” (9).
Por supuesto, todos estos medios silencian también el
porqué de sus penas de cárcel. Ángel Moya y José Daniel Ferrer fueron
condenados en Cuba en virtud de leyes similares a las existentes en otros
países del mundo, que sancionan duramente la colaboración con una potencia
extranjera (10), que impone –en este caso- a un país de escasos recursos un
bloqueo económico que es condenado cada año, por práctica unanimidad, en
Naciones Unidas (11). Estas penas –que son agravadas cuando existe, como es el
caso, recepción de dinero- son aún más severas que en Cuba en el Código Penal
de EEUU, Francia, Bélgica o Italia (12).
Cuba ha eliminado limitaciones burocráticas para salir al
exterior. Pero los medios internacionales necesitan seguir culpabilizando al
Gobierno cubano hasta de las limitantes jurídicas para obtener pasaporte que
existen en cualquier país del mundo. Así pueden seguir ocultando el verdadero
problema para viajar con libertad que padece la inmensa mayoría de cubanas y
cubanos: las cartas de invitación, los depósitos bancarios y –finalmente- las
visas de entrada de los países de recepción.
En sus informaciones, la corresponsal de Televisión
Española en La Habana oculta por sistema toda referencia a las severas
restricciones de entrada que impone su Gobierno –el de España- a miles de
cubanos y cubanas (13). Por eso, su crónica del pasado 31 de enero, en la que,
al fin, mencionaba el asunto de los visados, parece más bien un monumental
ejercicio de cinismo: “La reforma migratoria no ha provocado grandes avalanchas
de cubanos solicitando su pasaporte. Eliminó el odiado permiso de salida pero
ahora muchos descubrieron que necesitan un visado para entrar en la mayoría de
los países” (14).
*Coordinador de Cubainformación.
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