miércoles, 2 de abril de 2014

Militares venezolanos rechazan acusaciones derechistas sobre represión

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (Miércoles 02/04/2014)

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO-FANB), Vladimir Padrino, expresó el pasado domingo 30 de marzo vìa Twitter que el término "represión" es manipulado por la derecha venezolana.

"El término REPRESIÓN se manipula actualmente en Venezuela ¿Cómo puede llamarse represión a la acción del Estado que suprime la violencia y el terror?", escribió sobre los señalamientos de grupos de choque de oposición que han querido calificar como "represión" las acciones de cuerpos de seguridad para garantizar el orden público, tras la violencia generada desde sus filas.

Padrino afirmó que "el Estado garantiza los derechos del pueblo", y destacó que "la protesta pacífica y sin armas es constitucional".

Sin embargo, se preguntó: "¿Por qué la violencia se ha impuesto?", y afirmò que "el pueblo trabajador y espiritual de San Cristóbal y del Táchira retornará a la paz y a su verdadero gentilicio. Terminaremos con la violencia".

El suroccidental y andino estado Táchira ha sido uno de los más afectados por las acciones violentas de la derecha  que desde el pasado 12 de febrero ha generado la muerte de 39 venezolanos, entre ellos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La madrugada del pasado sábado 29 grupos fascistas atacaron la sede regional de Venezolana de Televisión (VTV) ubicada en San Cristóbal, capital de Táchira.

Para combatir la violencia, el Gobierno nacional instaló en la referida entidad la Conferencia Nacional de Paz, y el Tribunal Supremos de Justicia (TSJ), ordenó la captura del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien estará 12 meses privado de libertad por desacatar el amparo constitucional que lo obligaba a impedir guarimbas en su jurisdicción-

Además, fue separado de su cargo.

Ceballos se negó a garantizar el orden público y la paz a los habitantes de su municipio e incluso aupó públicamente las acciones de los grupos violentos que incluyen desde colocar alambradas para degollar motorizados hasta tiros de gracia a quienes intentan liberar vías bloqueadas.

La decisión, tomada por la Sala Constitucional, se aplica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece prisión entre seis y 15 meses a quien incumpla un amparo constitucional.



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