Ollantay Itzamná
Agente de ENERGUATE DETENIENDO a don Mauro para luego detenerlo.
Foto O. I.
En todos los tiempos, los
estados democráticos fueron organizados con la finalidad de
garantizar/satisfacer los derechos y las libertades para sus ciudadanos. Pero,
el casi bicentenario Estado de Guatemala fue organizado y funciona para
garantizar los privilegios de unos pocos y reprimir toda defensa de derechos y
de oportunidades para las grandes mayorías.
El pasado 26 de junio, fueron
secuestrados, por varias horas, tres defensores de derechos humanos del Comité
de Desarrollo Campesino (CODECA), Mauro Vay, Blanca Ajtún y Mariano García, en
la comunidad de Capellanía, Municipio de Chiantla, Departamento de Huehuetenango,
a casi 300 Km al noroeste de la ciudad de Guatemala, por personas que decían
ser autoridades comunitarias y pro intereses de la empresa de ENERGUATE.
Gracias a la inmediata
intervención de dirigentes nacionales de CODECA, y de entidades como la Procuraduría
de Derechos Humanos (PDH), fueron “liberados” por agentes de la Policía
Nacional Civil (PNC), quienes trasladaron a dichos defensores a la sub estación
policial del lugar. Allí ya se encontraba el representante legal de la empresa
distribuidora de ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS) quién,
sin que mediara orden judicial, pidió el encierro de los tres trasladados. La
PNC obedeció en el momento la “petición” de la empresa.
Ya transcurren dos semanas de
aquel acto criminal, pero los secuestradores andan sueltos, y los tres
defensores de derechos siguen encarcelados ilegalmente, a petición del
Ministerio Público (MP) y ENERGUATE, porque el movimiento social CODECA no
tiene los tres millones de quetzales (375 mil dólares) para pagar como fianza
por la libertad condicional de sus defensores, como exige ENERGUATE y MP.
¿Quiénes son estos defensores de derechos secuestrados y
encarcelados?
Don Mauro Vay Gonon. Indígena
quiché de 60 años de edad. Luchador ejemplar e incansable por la dignidad, la
soberanía y los derechos del pueblo de Guatemala. Padre de 9 hijos (la mayoría
de ellos también defensores de derechos). Conoció y sobre vivió a las
violencias y humillaciones más inhumanas de la guerra interna. Jamás aceptó
huir del país para salvar su pellejo, pero tampoco se dejó capturar por el
Ejército que le tenía sentenciado a muerte.
Hombre sabio y coherente, que
vive como piensa. Él jamás buscó, ni busca, premio o reconocimiento alguno.
Jamás buscó ascenso social o económico. Vive con su familia unida en una casita
sencilla y campesina, protegido por los árboles del cacao y algunos frutales
que sobreviven en la zona a la prisión verde de los monocultivos que rodean el
lugar.
Cuando le oigo hablar,
siempre pienso que él tendría que haber sido uno de mis profesores en las
clases del doctorado, o en algún curso de pregrado. Pero, él, como muchos, no
tuvo derecho, ni oportunidad para terminar ni la primaria.
Mauro Vay gastó y gasta cada
instante de su vida en la defensa de la dignidad y la soberanía del pueblo de
Guatemala. Un defensor de derechos que jamás ejerció, ni promovió la violencia
para hacerse escuchar.
Junto a otros 16
campesinos/as indígenas de la Costa Sur de Guatemala, en 1992, fundó el
movimiento social CODECA, en plena guerra interna, con la finalidad de
organizar a campesinos indígenas sobrevivientes de la guerra para defender los
derechos, la dignidad y la soberanía de Guatemala. Un movimiento social que
ahora se constituye en el almácigo donde germina la conciencia y el sueño por
una Guatemala digna y soberana. Mauro es fundador y coordinador nacional de
CODECA.
Doña Blanca en reunión con campesinos. Foto O. I.
Doña Blanca Julia Ajtún Mejía.
Mujer maya, madre de 4 hijos (una menor de 8 años). No llega a los 40 años de
edad, pero, en su corta trayectoria como defensora de derechos en CODECA,
aprendió que la “vida es lucha, y se lucha siempre”.
Cuando le tocó hacer de padre
y madre para sus hijos, convirtió la noche en día para trabajar, y así pudo
sacar a flote a su hogar. Itinerante incansable en las comunidades para
organizar y capacitar a mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos.
Actualmente es Vice Presidenta de CODECA a nivel nacional.
El sistema estatal racista y
patriarcal truncó su proceso de estudios. Pero, como Ella indica: “La
organización fue mi mejor escuela”. En las comunidades donde Ella acompaña la
llaman Licenciada Blanca. Y no es para menos. Su lucidez y su capacidad para
comprender y explicar la realidad coyuntural y estructural del país la
posicionan por encima de muchos titulados universitarios.
Don Mariano García Carrillo.
Es un líder comunitario maya del Municipio de Chiantla, afiliado a CODECA. Fue
secuestrado junto a Don Mauro y Dña. Blanca, y, al igual que ellos corrió la
misma suerte: secuestro, seguido de detención ilegal, para luego ser encarcelado
sin que exista argumento jurídico sostenible.
Ni Blanca, ni Mauro, ni
Mariano, ni ningún otro defensor de derechos en CODECA recibe salario. Lo que
les mueve es abrir el sendero para el añorado amanecer que traerá días mejores
para sus hijos/as y nietos/as. La esperanza del nuevo amanecer que está por
clarear es lo que mueve a estos y otros defensores de derechos.
¿Por qué secuestraron y encarcelaron a estos defensores de
CODECA?
Desde hace más de 10 años
atrás, en sectores rurales del país, existe una molestia social creciente por
los altos y abusivos cobros de los servicios de la energía eléctrica. Se
facturan por alumbrado público en lugares donde no existe dicho servicio.
Existen casos en los que campesinos e indígenas pagan entre el 30 y 50% de sus
ingresos mensuales por las facturas de luz. Es decir, este servicio, luego de
la privatización (1996), lejos de mejor las condiciones de vida, pauperizó aún
más a los sectores excluidos.
CODECA, en sus inicios, se
constituyó como un espacio social para la defensa y el ejercicio de derechos
laborales de campesinos “jornaleros”, y para el acceso a la tierra de
campesinos/as expulsados.
Pero, las comunidades
afiliadas en el interior del país, obligaron a la dirigencia nacional a que
también agende la defensa del derecho a la energía eléctrica sostenible como
una de sus prioridades (amparada en la Resolución n°. 151/65 de la ONU, 2010).
Así fue cómo la organización, desde el 2008, asumió el reto de: “La energía
eléctrica es un derecho, no una mercancía. Nacionalizarla es nuestro deber. No
más abusos. ENERGUATE afuera”.
Las comunidades, amparadas en
el ejercicio del derecho a la resistencia (establecido en el Art. 45° de la
Constitución Política) emprendieron su lucha frente a la única empresa
distribuidora (ENERGUATE) que les provee la electricidad en sus lugares, porque
sentía y sienten que les menguan sus derechos con las facturaciones
arbitrarias. Así fue cómo la gente dejó de pagar la electricidad “hasta que se
nacionalice la distribución de dicho servicio” porque ENERGUATE sólo
comercializa lo que INDE (Instituto Nacional de Electricidad) le provee.
Frente a esta inédita
resistencia social generalizada, el MP no pudo individualizar las acusaciones,
en contra de los usuarios, por hurto de fluido (establecido en el Código Penal
con penas mínimas). Por ello, el Gobierno de Otto Pérez Molina pidió al
Congreso Nacional que modificase el Código Penal para frenar la resistencia,
pero no se hizo la modificación. Lo que sí hizo el Presidente actual fue
“impulsar” la creación de una Fiscalía Especial para perseguir los casos de
hurto de electricidad.
Hasta ahora no existe una
sola acusación hecha por el MP por el delito de hurto de fluido eléctrico. A
los tres defensores de derechos de CODECA, por ejemplo, los acusa por estafa y
por instigación a delinquir, en ningún momento se menciona el delito de hurto
de electricidad.
Al no poder desinflar la
resistencia social creciente que demanda la nacionalización de la energía
eléctrica, la empresa afectada (ENERGUATE) procedió a cooptar líderes comunales
y religiosos, funcionarios y autoridades estatales, para intimidar y frenar la
resistencia.
Don Mauro Vay en una movilización nacional exigiendo la nacionalización
de la energía eléctrica. Foto de O. I.
¿Cómo operan los intereses económicos contrarios a la demanda de
la nacionalización de la energía eléctrica?
Lo más grave, según denuncias
de las comunidades en resistencia, la empresa recurrió al uso de fuerzas para
estatales (caso de la comunidad de Cayuga, Municipio Morales, y el caso de la
comunidad Capellanía, Municipio de Chiantla), para perseguir y secuestrar a sus
dirigentes. En ambos casos de estas comunidades, sus dirigentes fueron
secuestrados violentamente, luego entregados a la PNC, encarcelados por varios
meses. En la mayoría de los casos salieron libres, pero tuvieron que pagar
excesivos montos económicos como fianza.
Quienes capturaron a Don
Mauro y a Dña. Blanca confesaron expresamente que estaban a favor de ENERGAUTE
y en contra de la organización CODECA. Lo dice incluso el actuado policial
documentado.
Cuando se revisa el
expediente legal, no existe ningún acta o documento circunstanciado y firmado
que indique lo ocurrido o el delito cometido por los tres defensores. Es decir,
no había delito flagrante.
Es más, el documento que abre
el expediente judicial del caso es el actuado policial (de fecha 26 de junio)
que indica que los acusados fueron aprehendidos por autoridades comunitarios
“porque ellos estaban en total desacuerdo de lo que les exponían”. ¿Acaso no se
puede exponer ideas o propuestas en la Guatemala democrática?
Según testimonios de Dña.
Blanca Ajtún, uno de sus captores se comunicó, durante el secuestro, delante de
Ella, por teléfono celular, en los siguientes términos: “Yo ya hice mi parte.
Aquí los tengo. Ahora, Uds. tienen que hacer su parte”.
El mismo día del secuestro,
por la noche, cuando la PNC estuvo por liberar a los defensores de derechos ya
custodiados, apareció el representante legal de ENERGUATE pidiendo la detención
de los secuestrados en las celdas de las sub estación policial de Chiantla. Y
así fue. Desde entonces, no hay Ley, ni recurso constitucional que pueda sacar
de la cárcel a estos defensores encarcelados.
¿Por qué no se aplica el recurso constitucional de Habeas Corpus
para dejar en libertad a los detenidos fuera de la Ley?
Este recurso procede cuando
una persona es arbitrariamente detenida, en contra de su voluntad, por
autoridades o terceras personas sin que medie orden judicial o flagrancia. El
recurso lo puede y debe solicitar cualquier persona (no necesariamente abogado,
ni necesariamente por escrito). Las constituciones políticas lo disponen para
preservar y proteger la libre locomoción.
En el caso de los tres
defensores secuestrados, luego detenidos y encarcelados (ya por cerca de dos
semanas) jurídicamente procede este recurso. Pero, ni los abogados, ni la PDH
prefirieron este recurso antes.
Es más, el abogado Gelser
Román Mayorga, defensa de los tres defensores encarcelados, indica en la
entrevista: “La misma noche del 26 de junio, cuando me apersoné ante el Juez de
Paz de Chiantla, le pedí que dejara en libertad a mis defendidos por falta de
mérito, de lo contrario presentaría el recurso de exhibición personal (habeas
corpus), pero el juez me respondió, ‘Yo no me voy a echar esta maleta pesada
encima. Si presentas el recurso se declarará improcedente’”.
El profesional siguió
manifestando: “En este caso hay intereses demasiado grandes. Hay rumores que me
llegan indicando que tenga cuidado que la empresa tiene mucho dinero (…)
Incluso, el mismo Gobernador Departamental, a quién jamás lo había conocido en
persona, con su asesor jurídico, vino por la noche a mi casa para que hablemos
del caso (…). Él no quiere que este caso tenga impacto negativo en su gestión”.
El Señor Erick Villatoro,
representante departamental de la PDH, ante nuestra pregunta del por qué no se
solicitó inmediatamente el recurso de hábeas corpus, nos dijo: “Las autoridades
judiciales y policiales están sustancialmente disminuidos en su autoridad aquí.
El Juez de Paz de Chiantla y varios policías han sufrido vejámenes, por otros
casos, en manos de las comunidades organizadas. Yo mismo estuve secuestrado, en
el 2007, en Todo Santos, por 10 horas por las comunidades organizadas.”
Lo cierto es que en el caso
del secuestro, detención ilegal y encarcelamiento arbitrario de los tres
defensores, comunidades organizadas de diferentes municipios estuvieron y están
exigiendo la inmediata liberación de sus defensores. Entonces, ¿Quién es el que
está presionando o impidiendo que estos defensores recobren su libertad? ¿Por
qué ENERGUATE y MP exigen un millón de quetzales (125 mil dólares) como fianza
por la libertad condicional de cada uno de los defensores secuestrados y
encarcelados? El delito de hurto de fluido eléctrico se sanciona con una multa
de 200 a 3000 quetzales, según el Código Penal (Art. 249°).
Movilización nacional exigiendo la liberación de los detenidos. Foto O. I.
Finalmente, el 4 de julio se
interpuso el recurso de habeas corpus en la Sala de Apelaciones de la ciudad de
Huehuetenango, y 4 días después, dicha Sala resolvió IMPROCEDENTE el recurso,
argumentando que “los exhibidos no se encuentran detenidos o cohibidos en el
goce de su libertad individual ni existe amenaza de la pérdida de ella…”.
Alucinante, ¡en Guatemala los encarcelados no están privados de su libertad!
Los delitos que se les imputa
a estos tres defensores son: estafa especial y actividades contra la seguridad
interior de la nación. Estas acusaciones el MP deberá probarlos en juicio, pero
los defensores tienen que defenderse en libertad.
Llegó el Ministro de
Relaciones Exteriores del Reino Unido para América Latina a Guatemala, habló de
la defensa de los intereses de la inversión británica, y secuestran, capturan y
encarcelan a los defensores de derechos de CODECA
El Sr. Hugo Swire, Ministro
de Relaciones Exteriores del Reino Unido para América Latina visitó a Guatemala
entre los días 24 al 26 de junio.
En dicha visita, habló de
negocios y derechos humanos con el Gobierno de Otto Pérez Molina. Y, según las
publicaciones de los medios corporativos, lamentó que hubieran organizaciones
que estén afectando a los intereses económicos de las corporaciones británicas
(caso ENERGUATE), en los siguientes términos: ‘“Algunas organizaciones
efectivamente están robando la electricidad de la red y la están vendiendo a las
comunidades”, dijo Swire, quien afirmó “que hay mucho trabajo por hacer” en ese
aspecto en Guatemala’”.[1]
Y, por esas coincidencias
“fortuitas”, el mismo día que se marchaba del país el gran Ministro inglés,
sujetos que decían actuar en defensa de los intereses económicos de ENERGUATE,
secuestran, detienen y encarcelan a los dirigentes nacionales y defensores de
derechos de CODECA, violando no sólo el debido proceso y cometiendo varios
delitos de los que tendrán que responder, sino humillando aún más al
empobrecido y colonizado país de Guatemala. ¿Una simple coincidencia?
¿De dónde vino esa orden
desesperada para intentar descabezar a CODECA? ¿Acaso los embajadores de la
Unión Europea no dijeron, tan sólo semanas atrás, que sus principales aliados
en la defensa de los derechos humanos en Guatemala eran las y los defensores de
derechos humanos? ¿A qué “maleta pesada” se refería el Juez de Paz de Chiantla
cuando el abogado de CODECA planteó la libertad de los secuestrados-detenidos?
* Indígena quechua, abogado y antropólogo
