jueves, 5 de noviembre de 2015

El Tribunal Constitucional permite al Parlamento catalán debatir la moción de independencia

España: el Tribunal Constitucional tramitará el recurso contra los acuerdos del Parlamento catalán. RT

RT  -   5 nov 2015 17:52 GMT

El pleno del Tribunal Constitucional rechazará por unanimidad o amplia mayoría la suspensión cautelar de la tramitación de la moción independentista de Juntos por el Sí y la CUP en el Parlamento de Cataluña.

Fuentes del Tribunal Constitucional han informado que los magistrados están de acuerdo en el rechazo por unanimidad o amplia mayoría a la suspensión cautelar de la tramitación de la moción de independencia de Juntos por el Sí y la CUP en el Parlamento catalán, tal y como solicitaba el recurso de amparo que el Partido Popular y Ciudadanos han planteado este martes a la institución, informa EFE.

En la mañana de este jueves el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por 11 magistrados, ha decidido asumir la competencia para tramitar los recursos de amparo que han presentado el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos contra los acuerdos adoptados por la Mesa del Parlamento de Cataluña.

Los recursos pedían que se suspendieran cautelarmente los actos de la Mesa que hacen viable la celebración del pleno independentista previsto para el lunes.

Este martes arrancó la Junta de Portavoces que convocó la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell. El objetivo de esta reunión era acelerar el proceso independentista mediante la aprobación de una propuesta de nueve puntos, que persigue que en el próximo pleno se realice una declaración solemne para iniciar el proceso constituyente de un Estado independiente catalán, bajo la forma de una república.

Este documento indica que sería un acto constituyente "de carácter ciudadano, activo, participativo e integrador" e insta al próximo Gobierno regional a hacer todo lo posible para ejecutar el proceso de desconexión de España. Además, el acuerdo determina que todas las decisiones de los futuros dirigentes estén supeditadas al Gobierno de Cataluña y no al Estado español ni sus instituciones.


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