lunes, 1 de agosto de 2016

ESPAÑA: El TC suspende la resolución desafiante del Parlament

El pleno del Constitucional acepta el trámite de ejecución del Gobierno por unanimidad. Las partes tienen ahora 20 días para presentar alegaciones

El Tribunal Constitucional, en una foto de archivo. JOSE LUIS ROCA

EL PERIÓDICO / MADRID
LUNES, 1 DE AGOSTO DEL 2016

Si de los plenos del Tribunal Constitucional se acostumbran a esperar pocas sorpresas cuando abordan cuestiones relativas al proceso soberanista, en el de este lunes, que estudiaba el nuevo desafío del Parlament del pasado miércoles, aún menos. Y expectativas cumplidas. Así, el TC ha acordado suspender por unanimidad la ratificación en el Parlament de las constituyente. En un cónclave extraordinario y que ha durado apenas una hora, el TC ha admitido a trámite el incidente de ejecución de la sentencia presentada el pasado viernes por el Gobierno. Se dan ahora 20 días a las partes para que formulen las pertinentes alegaciones.

Es decir, el Alto Tribunal se esas casi tres semanas (podrían haber sido menos, es decir, han corrido, pero no esprintado) para que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa, expliquen el cumplimiento por su parte de la sentencia del 2 de diciembre de 2015 y el auto del pasado 19 de julio del TC..A la presidenta del Parlament, por tanto, se le respetan sus próximas vacaciones en Etiopia, a pesar de los gritos de horror proferidos desde algunas instancias que hacían pensar que en lugar de asueto, Forcadell se había ido hasta África para ocultarse cual Ronald Biggs, el asaltante del tren de Glasgow, en Brasil.

Según el Gobierno y el propio TC, la comisión del proceso constituyente (y sus conclusiones) derivan de la declaración de soberanía del 9 de noviembre del 2015, que fue suspendida, a su vez, ese 2 de diciembre. Y por eso se advirtió el 19 de julio de que, de votarse, se iba a cometer una ilegalidad. No será hasta que se reciban y analicen los informes de la Mesa (cabe recordar que el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra, cargó duramente la semana pasada contra la presidenta) que el TC no tomará, si procede, medidas coercitivas como la multa o la suspensión de las funciones e incluso abrir la vía penal, como solicitó el Gobierno en funciones contra Forcadell por el incumplimiento de las resoluciones.
El TC ha acordado notificar personalmente a Carme Forcadell y al ‘president’ Carles Puigdemont, junto al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán, su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran esa suspensión.

La ‘consellera’ de la Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado que el papel que está jugando el TC contra el proceso soberanista "no se entiende en ningún lugar del mundo".En declaraciones a la Cadena Ser, Munté ha considerado "del todo incomprensible" que el TC pueda tomar hoy medidas contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por haber permitido que la cámara votara. H recalcado que se trata de unas conclusiones "de carácter político", sin efectos jurídicos, por lo que a su juicio no tendría sentido que el TC las suspendiera. Para la portavoz, las conclusiones "no vulneran" la Constitución, sino que "lo que están haciendo el Govern y el Parlament es obedecer y tirar adelante el mandato democrático" de las elecciones catalanas del 27 de septiembre pasado. Porque ese es el argumento de los independentistas. Las concluiones no derivan de la declaración del 9 de noviembre, sino del 27-S, porque en los programas electorales –que no fueron recurridos entonces- se explicitaban los pasos a dar.

ERC y la CUP han señalado que no piensan acatar lo que diga el TC. El diputado en el Congreso de los republicanos Joan Tardà fue tajante: Nos mantendremos fieles al Parlament. Si hay que desacatar, desacataremos”. Mireia Vehí, de los anticapitalistas,ha aseverado que su fuerza “seguirá con el despliegue del proceso constituyente” y la también diputada Anna Gabriel ha advertido de que una eventual inhabilitación de la presidenta del PArlament supondría un “punto de no retorno” y daría pie “a una respuesta de país”.

En la trinchera anti-independentista,y en ese juego de intereses cruzados, el principal partido de la oposición, Ciutadans, ha insistido a PP y PSOE con que no “premien” a CDC/PDC con un grupo en el Congreso. Además, Espejo-Saavedra,a las órdenes de Forcadell en la Mesa, ha anunciado que presentará unas alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) en las que denunciará que la presidenta de la Cámara catalana "incumplió" su deber y permitió un "fraude de ley".

Para Espejo-Saavedra, "es normal" que el TC haya suspendido las conclusiones y se plantee acciones contra Forcadell, porque "cuando cualquier ciudadano se salta las leyes los tribunales actúan". "Los ciudadanos no entenderían que cuando los políticos se saltan las leyes los tribunales no actuasen", ha dicho.

La suspensión, como bien recuerda el escrito del Constitucional difundido a los medios, es una "consecuencia automática" de la admisión a trámite del recurso del Gobierno, que invocó el artículo 161.2 de la Constitución que prevé este mecanismo.

El alto tribunal, asimismo, ha acordado notificar la resolución tanto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, como al resto de miembros de la Mesa, al secretario de la Cámara, y al 'president' Carles Puigdemont y demás integrantes del Govern. En estas notificaciones, los magistrados advertirán a todas estas autoridades "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

Por último, el TC requiere a Forcadell, el resto de miembros de la Mesa y el secretario del Parlament que informen sobre el cumplimiento de la resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio "a efectos de la eventual adopción por el tribunal de las medidas previstas" en la ley orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.

MULTA DE 3.000 A 30.000 EUROS

Según la citada ley, si el Constitucional una vez reciba el informe de los requeridos aprecia que sus resoluciones se han incumplido total o parcialmente podrá adoptar diversas medidas que van desde la imposición de una multa de 3.000 a 30.000 euros, acordar la suspensión de sus funciones, requerir la colaboración del Gobierno para hacer cumplir sus sentencia o abordar la vía penal para depurar responsabilidades.

El Gobierno en funciones centra buena parte de las responsabilidades en la presidenta de la Cámara catalana por desobedecer al alto tribunal y permitir el debate y posterior aprobación de las conclusiones de la comisión del 'procés'.

En su recurso contra la resolución del Parlament aprobada con los votos de Junts pel Sí y la CUP, el Ejecutivo solicitó que esta fuera suspendida con carácter inmediato. También reclamó que Forcadell, así como el 'president' Carles Puigdemont y el resto de miembros del Govern, fueran apercibidos de que no pueden tomar medidas dirigidas a desarrollar la resolución, al entender que el alto tribunal ya anuló en una sentencia el pasado 2 de diciembre del 2015 la declaración soberanista aprobada el 9 de noviembre anterior.

Las medidas que propone el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy se basan en la aplicación del artículo 92 de la ley orgánica que regula el funcionamiento del Constitucional y que fue reformado el año pasado a iniciativa del PP. Según esta reforma, las autoridades e instituciones del Estado están obligados a cumplir los pronunciamientos del alto tribunal o de lo contrario se exponen a multas o incluso la suspensión de sus funciones.


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