viernes, 24 de febrero de 2017

EL PODER Y LA PRENSA

Jorge Gómez Barata

De haber podido, Richard Nixon hubiera silenciado al Washington Post, y el escándalo Watergate no hubiera ocurrido.

Es recurrente la reclamación gubernamental de atribuciones legales para controlar y censurar a la prensa, impugnándola por cometer indiscreciones, divulgar informaciones inexactas, incurrir en manipulaciones, incluso mentir.

Aunque, circunstancialmente, ciertos órganos incurren en estas y otras faltas, tal vez sea más arriesgado ceder a demandas de gobiernos, que no reconocen los daños que ellos causan con sus engaños, manipulaciones, y arbitrariedades, para lo cual, muchas veces, se valen de órganos de prensa complacientes.

Uno de los problemas radica en que el derecho a la censura reclamado por los gobiernos precede a la publicación, y concede prerrogativas para prejuzgar la inconveniencia de alguna información antes de que sus efectos sean percibidos. Obviamente se trata de reflexionar acerca de qué es preferible: ¿ocultar Watergate y preservar al estado, o publicarlo, servir al público, y lograr que se haga justicia?

Históricamente, la prensa ha tratado de resolver el problema estructural y el conflicto de intereses que significa ser, a la vez, una empresa privada y un servicio público masivo, por añadidura de naturaleza cultural, política, e ideológica, que además debe ser popular, y es barato.

La prensa, cuyos periodistas, directivos, dueños y accionistas, constantemente expuestos al escrutinio de la opinión pública, tal vez el más severo de los jueces; se esfuerzan para hacer compatibles sus juicios políticos, credos religiosos, e intereses económicos con la objetividad y la honestidad que supone trabajar para la comunidad, informar y opinar con probidad, confrontar el poder, y servir al público integrado por comunidades diversas y plurales, con intereses diferentes.

Es conocido que, históricamente, algunos periódicos, revistas, emisoras de radio, canales de televisión y últimamente blocks, resuelven mejor que otros esos dilemas. Un diario de izquierda, lo mismo que uno de derecha, sirve a una parte de la comunidad, como mismo hace el órgano de un partido, o una publicación especializada en religión o moda. El verdadero problema es servir, a la vez a toda la sociedad.

El pueblo suele premiar los esfuerzos de periodistas y directivos expresando su preferencia, no solo cuando compran diarios y revistas, sintonizan emisoras o canales de televisión, sino cuando confieren a periodistas, reporteros y directivos de los medios una gran consideración social.

Antes de proceder contra un medio de difusión, las autoridades debieran observar sus índices de ventas y rating de audiencia. Esos indicadores son un referéndum que nadie convoca, pero se realiza cada día.     

Aunque es cuestión de criterios, a veces de dogmas y de actitudes sectarias, históricamente la mejor solución proviene del status liberal que, actuando en márgenes legales razonables, favorece el enfoque democrático y plural, procura objetividad, subraya el compromiso social que, aunque imperfecto es la mejor opción y, cuando menos, ofrece paliativos ante las complejidades estructurales mencionadas, y otras que trascienden los objetivos de esta nota.

Controlar la prensa, silenciarla y censurarla no hace más eficaz la gestión social ni mejor a los gobiernos. Todo lo contrario. Allá nos vemos.

La Habana, 23 de febrero de 2017

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 *Este artículo fue escrito para el diario mexicano ¡Por Esto! Al reproducirlo o citarlo, indicar esa fuente   


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