viernes, 10 de febrero de 2017

La justicia tumba el veto migratorio de Trump a siete países

El presidente responde airado con un mensaje en Twitter: "¡Nos vemos en los tribunales, la seguridad de nuestra nación está en juego!"

De forma unánime, los tres jueces de la Corte de Apelaciones han rechazado el recurso del Gobierno.

EL PERIÓDICO  -  IDOYA NOAIN / NUEVA YORK
VIERNES, 10 DE FEBRERO DEL 2017 - 09:10 CET

La Justicia ha vuelto a frenar los impulsos de Donald Trump. Los tres magistrados de un tribunal de apelaciones de San Francisco han decidido por unanimidad este jueves mantener suspendido el polémico veto a refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana que el presidente estadounidense impuso el 27 de enero y que un juez de Seattle ya suspendió el pasado viernes. La decisión es un duro revés para Trump, cuya reacción no se ha hecho esperar. En un mensaje en Twitter, redactado en mayúsculas y que anticipa la continuación del litigio en tribunales federales o incluso en el Tribunal Supremo, ha escrito: “¡Nos vemos en los tribunales, la seguridad de nuestra nación está en juego!” Luego, en unas declaraciones improvisadas en el ala oeste, ha insistido en la acusación que ha realizado en los últimos días de que la justicia está “politizada” y ha denunciado que se trata de una “decisión política”.

Este varapalo, no obstante, le ha llegado de dos jueces nombrados por presidentes demócratas pero también de uno nombrado por un mandatario republicano. Y es duro, porque aunque lo que estaba en juego era solo la cuestión de si el veto decidido con una orden ejecutiva debía permanecer bloqueado mientras la justicia considera su legalidad, en las 29 páginas de su sentencia los magistrados han dado una lección al presidente y a su Administración sobre la separación de poderes.

SIN PRUEBAS

En la vista oral que se celebró el martes sobre el caso, el abogado del gobierno llegó a sugerir que algunas decisiones del presidente no se podían revisar. Pero los magistrados han desarticulado esa argumentación, recordando que “va en contra de la estructura fundamental de nuestra democracia constitucional”. “Aunque los tribunales deben considerable deferencia a las determinaciones del presidente con respecto a inmigración y a seguridad nacional -han escrito-, está más allá de toda duda de que el poder judicial federal retiene la autoridad de adjudicar retos constitucionales a la acción ejecutiva”.

Los tres jueces también desmontan otro argumento que Trump esgrimió para dictar su decreto: el de que con él buscaba proteger al país de la posible entrada de terroristas. “El gobierno no ha señalado pruebas de que ningún ciudadano de los países nombrados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en EEUU”, han escrito. El veto de Trump congelaba el programa de refugiados durante cuatro meses e indefinidamente para los refugiados de Siria y también impedía la entrada durante 90 días a cualquier ciudadano de Siria, Irak, Irán, Libia, Yemen, Somalia y Sudán incluso aunque hubieran obtenido sus visados antes de que se dictara la orden.

¿VETO A MUSULMANES?

Los magistrados no dictaminan si la orden ejecutiva de Trump, que durante la semana que estuvo en vigor afectó a 60.000 personas, según cifras del Departamento de Estado, es efectivamente un veto a los musulmanes, algo que prometió cuando era un candidato y que Rudy Giuliani, uno de sus asesores, ha asegurado que el presidente le pidió. Pero admiten que Washington y Minnesota, los dos estados que iniciaron el caso en Seattle y lograron la suspensión del viernes pasado del juez James Robart (nombrado por George W. Bush), han logrado plantear serias acusaciones y presentan preguntas “significativas” sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva.

Los jueces también critican que el veto no parece respetar los derechos de ciudadanos extranjeros, a los que no garantiza el “proceso debido” al que obliga la Constitución estadounidense. Y niega también otro argumento de la Administración, que aseguraba que estados como Washington y Minnesota no tenían derecho a demandar al gobierno federal. Según los tres magistrados, tienen causa para hacerlo.


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