jueves, 30 de marzo de 2017

REPORTE DESDE EL SALVADOR PARA RADIO HABANA CUBA DE 31 DE MARZO DE 2017


Pese a que en algunos círculos políticos y sociales de la derecha salvadoreña se sostiene insistentemente que se invoque a la comunidad internacional para crear en el país una instancia parecida a la CICIG de Guatemala, en los primeros días de la semana, y en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, no se ha materializado ninguna recomendación que acompañe esa cruzada mediática que ha intentado imponer esa opción a la sociedad.

Las razones para insistir en tal propósito por dichos sectores aúnan diversas intenciones, entre ellas, y en el contexto actual tan complejo, poner en entredicho la situación del país en manos de la actual administración bajo la responsabilidad del FMLN, e insinuando la idea de la corrupción incrustada en el gobierno de este país centroamericano.

Con ello, además, crear un clima de urgencia y necesidad por avanzar en la lucha anticorrupción, que por cierto ya tiene algún rumbo, pero como si tal propósito dependiera solo del poder ejecutivo, a quién se quiere responsabilizar de un supuesto desinterés por la lucha contra la impunidad y la corrupción.

En el marco legal y jurídico del país está establecido que la investigación de los delitos está totalmente a cargo de la Fiscalía General de la República, una instancia independiente al gobierno y con sus propios planes y perfiles a desarrollar; y que tan solo depende del presupuesto general de la república que diseña el ejecutivo y aprueba el legislativo. 

Además, cuenta como auxiliar en su persecución del delito a la Policía Nacional Civil, integrada al ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y cuyo papel es determinante en la actualidad, al desarrollar diversos planes y programas para el combate de la criminalidad y la delincuencia de diversos tipos que abaten al pueblo salvadoreño, precisamente con grandes avances en muchos de sus objetivos.

Por otro lado, el sistema judicial que es parte del otro poder del estado, y que también arrastra rezagos y retos por superar para estar a la altura de las circunstancias, pero totalmente independiente del gobierno nacional. 

Además de lo que en la práctica está resultando la lucha anticorrupción, que se invoca por los sectores que quisieran tener una CICIES funcionando en el país, ha sido el poder judicial a través de la Corte Suprema de Justicia que decide a quién hay que investigar o encauzar por enriquecimiento ilícito o actos de corrupción, ya que cuenta con las instancias respectivas, como la sección de Probidad; y es ella la que remite los casos a la Fiscalía General de la República para determinar si hay caso sustentado para su presentación ante el juez.

Muchos sectores de la sociedad civil salvadoreña han demandado a estas dos instancias para que apresure la ejecución de casos conocidos y denunciados que se mantienen en reserva o estancados, mientras pareciera que se seleccionan discriminadamente otros para ventilarlos mediáticamente y de acuerdo a intereses alejados a la justicia.

Sin embargo, la gran mayoría de los casos judicializados hasta el momento han implicado a personas que provienen de los mismos sectores que hoy demandan la intervención internacional para promover la lucha anticorrupción, ya que mayoritariamente pertenecen a los gobiernos de la derecha de las últimas décadas, y en los que la transparencia y la probidad nunca fueron exigencias ni valores prioritarios. Al menos, nunca fueron demandas de quienes hoy exigen la intervención internacional.

Para el caso, han sido dos expresidentes de dichos gobiernos quienes han enfrentado la justicia penal; el ya fallecido Francisco Flores Pérez, cuyo caso aún espera por concluirse y determinarse las responsabilidades de los beneficiarios del uso de fondos donados por Taiwán y que eran destinados a los damnificados de los terremotos de 2001; y Antonio Saca González, quien junto a varios de sus exfuncionarios y excolaboradores, aguardan en la cárcel de Mariona para enfrentar el juicio por los delitos por la supuesta apropiación de más de doscientos veinte millones de dólares.

Aunque en este proceso de persecución selectiva de actos de corrupción y enriquecimiento ilícito se ha visto involucrado el expresidente Mauricio Funes, del primer gobierno ganado por el FMLN, que aún está en vías de resolución en una Cámara de lo Civil, así como otros personajes pertenecientes a otros partidos de derecha y de menor cuantía; la búsqueda de la intervención extranjera pareciera que se basa en deseo de poder hurgar más respecto a funcionarios del actual gobierno para quizás emparejar la situación.

En todo caso, no depende del poder ejecutivo iniciar investigaciones y ejecutar procesos judiciales; pero algunos de sus representantes e integrantes del FMLN se niegan a someter al país a instancias internacionales por considerarlas innecesarias; para su interpretación las diferentes instituciones funcionan de manera adecuada; y será responsabilidad de ellas, en particular la fiscalía y el sistema judicial, el ser decisivas para la efectividad en el combate de los delitos.

Es en este contexto que, luego de presentarse el informe de evaluación que lleva a cabo el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos, que tal organismo internacional no recomendó al país crear una Comisión Internacional Contra la Corrupción similar a la de Guatemala, al tiempo que ha reconocido los avances que El Salvador ha tenido en la lucha contra los delitos de cuello blanco.

De esta manera, lo que corresponde al poder ejecutivo como parte del estado salvadoreño ha sido evaluado y valorado positivamente; y se deja a un lado la opción solicitada por los sectores interesados de la derecha que, en última instancia, se vislumbra como distracción ante la realidad actual, o como posible usufructo político también interesado.

Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.


Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.

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