miércoles, 5 de abril de 2017

CRITICA Y RECTIFICACION

Jorge Gómez Barata

Ha sido afortunado el hecho de que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, honesta y oportunamente criticara las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que el presidente Maduro convocara al Consejo de Defensa Nacional y que este órgano, la primera entidad colegiada que en mucho tiempo tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de un asunto nodal de la política nacional, instara al órgano judicial a rectificar.

De ese modo, desde dentro del proceso y mediante la acción de protagonistas comprometidos, se desactivó un conflicto con potencial para introducir nuevas confusiones, proveer pretextos a sus adversarios y quizás justificar nuevas y más radicales acciones contra el país, que es precisamente lo que se intenta evitar.

Aunque hay quienes afirman que “el daño está hecho”, tal vez ocurra lo contrario y la coyuntura haya permitido identificar a protagonistas que, si bien formaban parte de la estructura estatal, estaban omitidos por un conflicto entre el ejecutivo y la Asamblea Nacional que ocupa todo el espacio político y en el cual el Tribunal Supremo de Justicia, virtualmente sin control, avanzó hasta rebasar sus competencias en un tema de alta sensibilidad. 

Por más que el propio tribunal, expertos y académicos asociados al gobierno, invocando artículos y preceptos constitucionales y citando precedentes de hechos análogos ocurridos en otros países trataron de legitimar la decisión, resultaba sumamente extraño e incluso paradójico que una instancia judicial, creada para mediar en litigios entre actores diversos, sorpresivamente, sin consultas ni debates y sin asumir a alguna contraparte, dictara una sentencia en la cual se adjudica a sí mismo una importante porción del poder del estado.

Tamaña anomalía explica la oportuna intervención de la Fiscal General, cargo que en muchos países conlleva la dualidad de que quien lo ejerce es, a la vez que funcionario del gobierno, garante del funcionamiento del sistema judicial. Esa circunstancia habilitó a la Ortega para pronunciarse, cosa que afortunadamente el presidente Maduro atendió de inmediato. De ese modo se evitó el clásico dilema de aquellos que pretenden ser jueces y partes.

En cualquier caso, el hecho ratifica la importancia de que, en períodos de estabilidad, y con más razón, en procesos en que mediante procedimientos revolucionarios se trata de construir una nueva institucionalidad, existan y actúen con la mayor plenitud posible, organismos colegiados, prensa independiente y se ejerciten desde dentro de las filas, la crítica y haya modos de ejercer el control social del poder.

De este modo, de una crisis ha surgido, si bien no una solución para la compleja y multifacética coyuntura venezolana, una perspectiva capaz de favorecer los diálogos y encuentros por los cuales inevitablemente pasarán los avances hacia la normalidad política.

En la política interna, en democracias abiertas y legalmente respaldadas, raras veces el dilema es: ¿Quién vence a quién? Sino quién es capaz de encontrar los argumentos y los caminos que conducen, sino a la concordia y a la funcionalidad del sistema político, y a un clima propicio para avanzar en esa dirección.

Por esta vez funcionó la institucionalidad. La crítica fue pertinente y la rectificación oportuna. Bienvenidas sean. Allá nos vemos.

La Habana, 03 de abril de 2017

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 *Este artículo fue escrito para el diario mexicano ¡Por Esto! Al reproducirlo o citarlo, indicar esa fuente   


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