martes, 11 de julio de 2017

REVOLUCIÓN E INSTITUCIONALIDAD EN CUBA

Jorge Gómez Barata 

Cuando en 1975, dieciséis años después del triunfo de 1959, la dirección cubana declaró la intención de cesar la provisionalidad revolucionaria vigente en el plano estatal, e “institucionalizar el país”, procediendo a adoptar una Constitución Socialista, una ley electoral, efectuar comicios a todos los niveles, formar parlamentos en municipios, provincias, y en la nación, y constituir el poder judicial, ello no significó cambios trascendentales.

Los legisladores de entonces no promovieron grandes reformas porque la Revolución las había realizado, sino que implantaron un modelo que codificó las decisiones políticas y económicas adoptadas al amparo del precepto de que “la revolución es fuente de derecho”, principalmente la opción socialista, así como la situación, entonces vigente, caracterizada por profundas transformaciones económicas y sociales.

En 1976, en el contexto histórico, de cara a la realidad y con la cultura política de entonces, el 97,7 por ciento de los electores cubanos convocados a referendo aprobaron el texto.

Cesar la provisionalidad significó además la implantación de un Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, que aproximó los métodos y procedimientos para la conducción de la economía cubana a las normas vigentes en los países socialistas, y allanó el camino para la plena integración de la isla al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), mecanismo de colaboración de las economías socialistas al que Cuba había ingresado en 1972.

En conjunto la innovación consistió en la adopción del esquema institucional vigente en Europa Oriental que, al conferir al partido, una entidad que funciona a partir de sus propios códigos, el papel de rector de toda la sociedad, incluido el estado, aumentó las atribuciones del liderazgo revolucionario. El asunto no tuvo mayor relevancia debido a que Fidel y Raúl Castro, con la vanguardia revolucionaria que encabezaban, continuaron al frente del proceso.

El ordenamiento institucional adoptado tuvo la virtud de crear fenómenos enteramente nuevos como fueron los órganos del Poder Popular, y un mecanismo electoral que prescindió de los partidos, y elevó el protagonismo del pueblo y de las organizaciones sociales.

No obstante, aunque no se reconocen, a mi juicio hubo defectos, que si bien entonces no eran visibles, han dificultado el desarrollo institucional. Tal fue el caso del establecimiento de una centralización excesivamente rígida, que limitó la autonomía de las provincias y municipios, obvió la separación de los poderes, no esclareció las competencias, y estableció elecciones indirectas, incluso para las autoridades locales.

No obstante, en los ambientes políticos de la época, cuando las prioridades eran otras, y el consenso social construido sobre la base del liderazgo y las metas compartidas eran significativon, las repercusiones reales de aquellos procesos fueron imperceptibles.

El significado de tales decisiones se revela hoy, cuando cuarenta años después está a punto de producirse un relevo generacional que catapultará al poder a figuras menos conocidas y carentes de los avales que tuvieron Fidel y Raúl Castro, en quienes el pueblo depositó una confianza prácticamente ilimitada, y no sujeta a mecanismos de control social ni institucional, cosa que obviamente no será extensiva a todos los que de ahora en adelante gobiernen al país y conduzcan al partido.

A meses de que Raúl Castro deje la presidencia, no existe una idea clara de quién lo sucederá, pues no se trata de un relevo por sustitución reglamentaria, sino de resultados electorales, para los cuales no existen candidatos identificados de antemano. Probablemente ocurra lo mismo en el partido, donde el proceso, aunque puede diferirse unos meses, se presentará cuando el actual Primer Secretario deje el cargo. 

 Ello hace necesario una reforma de la constitución que signifique la redefinición de procedimientos electorales y los mecanismos de toma de decisiones, esclarezca y delimite las competencias del parlamento, el gobierno, y los entes judiciales, y que sea explicita, entre otros asuntos, en el manejo de los fondos públicos, las facultades en materia de defensa, la política exterior, así como la entronización de nuevos métodos y estilos de gobernar.

Debido a que las elecciones son inminentes y el relevo pudiera producirse en cuestión de meses, es probable que los ajustes constitucionales necesarios tengan que ser diferidos. En una coyuntura económica, política y social excepcionalmente compleja, las nuevas autoridades, menos experimentadas y sin la capacidad de convocatoria de que disfrutaron sus antecesores, estarán obligadas a dedicar tiempo y esfuerzo para resolver problemas institucionales que afectarán su propia gestión, y cuyo alcance, una vez puestos a debate, son difíciles de prever.

La naturaleza de la Revolución y la ejecutoria de los líderes que se despiden, excluyen las fórmulas paliativas, los tecnicismos, y las decisiones burocráticas, lo cual sugiere que, en los ajustes por venir, la participación del pueblo será protagónica y decisiva. No existe otra manera. Allá nos vemos.

La Habana, 10 de julio de 2017

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*Este artículo fue escrito para el diario mexicano ¡Por Esto! Al reproducirlo o citarlo, indicar esa fuente   


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