viernes, 11 de agosto de 2017

VENEZUELA. TODO EL PODER PARA LA CONSTITUYENTE

Jorge Gómez Barata

En el primer momento pareció que la convocatoria a la Asamblea Constituyente en Venezuela, en un plazo relativamente breve, pondría fin al caos institucional y a la violencia, luego pareció un esfuerzo para ajustar las estructuras y las relaciones de poder a nuevas realidades y ahora parece tratarse de la creación de “un estado dentro del estado” que da lugar a una dualidad de funciones que recorta las prerrogativas de los demás poderes, incluido los del presidente de la República.

Se trata de un proceso legítimo en tanto invoca el argumento de que la revolución es fuente de derecho, y se apoya en una figura jurídica preexistente en la Constitución vigente que autoriza la convocatoria del “poder original” que delega la soberanía popular en un nuevo cuerpo.

No se trata de una novedad, sino de un esfuerzo recurrente de todas las revoluciones por suprimir las estructuras estatales vigentes y crear y su propia institucionalidad. Primero fue en Inglaterra cuando en 1649, al rodar la cabeza de Carlos I, el último de los Estuardo se estableció la soberanía parlamentaria. Más de cien años después, la Revolución de las 13 Colonias de Norteamérica (1776), dio lugar a la primera república presidencialista, modelo adoptado en toda Iberoamérica.

Por orden de aparición siguió la Revolución Francesa, la primera en convocar al “estado llano”, es decir al pueblo y que generó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, creó la República, introdujo la Convención, y aunque el proyecto original se torció por la restauración y el surgimiento del Imperio Napoleónico, ciertas esencias perduraron.

Estos tres grandes procesos adoptaron diseños para los sistemas políticos occidentales, todavía vigentes basados en la soberanía popular, el estado de derecho, la separación de los poderes y la elegibilidad de los gobernantes y la majestad de la Constitución.

A diferencia de las anteriores porque no se originó de procesos internos, ni condujo a un cambio de régimen, no puede omitirse la Comuna de París, el primer intento por “cambiar las reglas” y desconocer a los poderes facticos para establecer algo parecido a una democracia directa. El gran cronista de aquel evento fue Carlos Marx y su mejor memoria, la Guerra Civil en Francia y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuya lectura recomiendo.                

El siglo XX, un cambio de época, trajo a la Revolución Mexicana de 1910, que en un país atormentado por imperios, dictaduras, una guerra con Estados Unidos (1846-1848), y el más brutal desmembramiento territorial de la historia; intentó completar la obra de la independencia y entronizar la democracia mediante la Constitución de 1917, segunda en el Nuevo Mundo con 100 años de vigencia.

Poco después, en 1917 triunfó la Revolución Bolchevique en cuyo programa se inscribieron las metas de liquidar al capitalismo como régimen social, formación histórica y modo de producción, y poner fin a la democracia liberal, implantando la dictadura del proletariado. A pesar de su enorme significado político, en materia constitucional y jurídica los aportes de aquel evento no fueron sustantivos.

En 1959 triunfó la Revolución en Cuba, la cual, durante casi dos décadas, evadió el encasillamiento en un texto constitucional que, al institucionalizar al estado, lo obliga a observar ciertos cánones. Después de 17 años de provisionalidad revolucionaria, en Cuba se introdujo la primera Constitución Socialista en el hemisferio, hoy sometida a examen, y pendiente de ser reformada.

La Asamblea Nacional Constituyente venezolana, que da sus primeros pasos, presenta varias novedades, entre ellas el elevado número de más de quinientos constituyentes, la desmesura de sus atribuciones que la habilitan, no solo para redactar el texto constitucional, sino para gobernar con poderes prácticamente omnímodos en todos los ámbitos y por tiempo indeterminado. No obstante, sus resultados han de ser sometidos a un plebiscito, que puede ratificar o anular su obra.

En cualquier caso, se trata de un esfuerzo válido, aunque inédito de promover, con arreglo a derecho, un cambio en las estructuras estatales y en las relaciones de poder nunca antes visto. Ojalá un proceso de semejante calado, en medio de una convulsa situación pueda ser administrado en paz, y genere, no tanto aportes doctrinarios como soluciones prácticas. 

Además de apasionante, el tema es extraordinariamente vasto, está sometido a los vaivenes de la coyuntura y a enormes tensiones. Quedo en deuda. Allá nos vemos.

La Habana, 10 de agosto de 2017

*Este artículo fue escrito para el diario “Por Esto”. Al reproducirlo o citarlo, indicar la fuente.

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