sábado, 21 de octubre de 2017

Rajoy quiere cesar al Govern, limitar al Parlament y convocar elecciones en Catalunya

Los ministerios dirigirán las 'conselleries' y el Ejecutivo central dará cuenta ante el Senado de su labor cada dos meses. El líder del PP podrá reclamar dentro de seis meses que se renueve por más tiempo la intervención de Catalunya

Pilar Santos / Rosa María Sánchez / Gemma Robles
EL PERIÓDICO  -  Madrid - Sábado, 21/10/2017 a las 16:39 CEST

Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar cómo se aplicará el artículo 155 de la Constitución, este sábado. / EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Mariano Rajoy ha presentado las medidas fundamentales que, ateniéndose al despliegue del artículo 155 de la Constitución, ha aprobado un Consejo de Ministros extraordinario: de entrada y si el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) da su visto bueno a estas demandas, se cesará al presidente de Catalunya, Carles Puigdemont; a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a sus 'consellers', jefes de gabinete de todos ellos y colaboradores de confianza. Serán sustituidos en sus funciones por aquellos cargos que decida el Ejecutivo central, aunque las competencias fundamentales de las 'conselleries' serán controladas desde los ministerios.

Además, la Administración catalana seguirá rigiéndose por la Constitución y el Estatut, que seguirá vigente, se tomarán las riendas de los Mossos y se pondrá límites a la capacidad legisladora del Parlament, que no podrá proponer candidato a la jefatura del Govern ni convocar investiduras. Tampoco podrá adoptar iniciativas contrarias a la Carta Magna o al texto estatutario, dado que el Consejo de Ministros tendrá derecho de veto de 30 días para pararlas. Habrá asimismo cierta intervención en los medios públicos catalanes, que serán dirigidos por nuevos gestores. Y, para Rajoy lo más relevante: se buscarán elecciones en plazo máximo de seis meses.

"La primera medida que va a adoptar el Gobierno está íntimamente relacionado con la celebración de elecciones: la facultad para convocarlas pasa al presidente del Gobierno si el Senado así lo decide. Y tendrá un plazo máximo de seis meses para hacerlo. Pero mi voluntad es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional y para ello sería importante que todos nos apicaráramos", ha subrayado.

Si dentro de esos seis meses que ahora se fija como tope, el Gobierno considera que no se dan las circunstancias para que los comicios discurran con normalidad, podrá pedir al Senado que la intervención de la Generalitat continúe. Para ello necesitará presentar a la Cámara alta otro acuerdo del Consejo de Ministros con una exposición de motivos.

Posibles represalias por desobedecer

En lo que atañe a la economía, se habilita al Ejecutivo central a ejercer las competencias necesarias "en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria", así como a garantizar que ningún fondo que el Estado inyecte a la comunidad autónoma, ni ningún ingreso que llegue por vía de recaudación termina utilizándose para sufragar los gastos "de actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista".

La puesta en marcha del 155 que se propone es dura. Y de complicada resolución en el día a día. Se advierte de hecho que cuando toque desarrollar cada medida de forma concreta, se podrán aprobar resoluciones, protocolos o normas que ayuden a concretar el cómo ha de hacerse. Se controlará la publicación el boletines oficiales y las áreas de telecomunicaciones, como adelantó EL PERIÓDICO. Cada paso que se dé desde la Administración catalana ha de someterse a régimen de comunicación  o autorización si afecta a las iniciativas ligadas al 155 y si algún funcionario o personal vinculado al Govern incumple, además de tener que atenerse a las responsabilidades patrimoniales o contables que se le puedan requerir, tendrá encima de la mesa la amenaza penal, puesto que su comportamiento puede llegar a Fiscalía, se avisa.

En el caso concreto de dos puestos de una visibilidad especial, el del 'mayor' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y del director de TV-3, Vicent Sanchis, fuentes de la Moncloa aclaran que no serán destituidos de manera automática, sino que los ministros y los altos cargos de los departamentos que asuman su control (Interior y Presidencia del Gobierno) esperarán a ver si cumplen con la Constitución, el Estatut y las leyes. En el caso de Sanchis, y del resto de directivos de los directivos de medios públicos, el Ejecutivo central estará muy pendiente, además, de que cumplan con "una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también en el equilibrio territorial".  En idéntica situación se queda la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, según estas fuentes. 

Actualización en Senado y rendir cuentas cada dos meses 

Según explicó Rajoy en La Moncloa, en una sala de prensa abarrotada por todos sus ministros y colaboradores además de numerosos representantes de la prensa, los objetivos que persigue al desplegar dicho artículo es volver a la legalidad y respeto a la Constitución y Estatuto de autonomía, además de la recuperación de la convivencia en Catalunya. Trata también de impedir que la recuperación económica se frene en este territorio "que está en evidente peligro por las decisiones unilaterales y caprichosas de algunos" y, fundamentalmente, el poder celebrar elecciones en una situación de normalidad.

En esta línea, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en un 'briefing' con la prensa hizo hincapié en que este paquete de medidas propuesto (que no podrá hacerse efectivo en ningún caso hasta que no sea aprobado tras un largo trámite en el Senado) no supone "devolución de competencias al Estado". Tampoco, agrega, la derogación del autogobierno al dejar vivo el Estatut para su cumplimiento. Se aplicarán las iniciativas de forma "gradual", dado que la Cámara alta podrá ir actualizando su contenido si la situación fuera cambiando, y el Gobierno dará cuenta de su cumplimiento y del estado de la cuestión cada dos meses, con un límite de los seis propuestos como línea roja temporal para que se convoquen comicios en Catalunya, se disuelva el Parlament y haya un nuevo Govern no ya por sustitución, si no por elección. 

Buscar el 155 y la "magia" del diálogo

En una intervención tras la que aceptó pocas preguntas de los periodistas, el jefe del Gobierno ha afirmado que se ha llegado a esta situación límite tras un "proceso unilateral, contrario a la legalidad y que ha buscado el enfrentamiento", después de que se intentara "imponer" un referéndum de autodeterminación que, según ha incidido, no puede ser aceptado por el Estado español. Dicho esto, hizo un relato de los acontecimientos protagonizados por el independentismo hasta llegar al 1-O y a la jornada en que, con mucha ambigüedad, se habló de independencia en el Parlament y de su inmediata suspensión. "Después de todo esto tuve la oportunidad de haber actuado antes, he tenido oportunidades como una parte de la opinión pública pedía, pero hemos decidido actuar con prudencia, con responsabilidad y buscando una rectificación. Mandamos un requerimiento al que no respondieron porque no quisieron", ha apostillado.

"Yo tengo la sensación de que se pudiera pensar que algunos querían llegar a que se aplicara el 155. No lo voy a afirmar, pero tengo esa convicción, porque desde la Generalitat no se ha podido actuar peor", ha aseverado Rajoy, quien no ha perdido ocasión de cuestionar a los que tanto hablan de "diálogo" no ya como una "palabra hermosa", sino como término "mágico". "Tengo que decir que aquí nadie ha planteado [desde el Govern]  diálogo, sino imponer un referéndum. Eso es un contrato de adhesión", ha agregado.

En este contexto, ha recalcado que su Ejecutivo ha tenido que aplicar al 155 aunque no era ni su "deseo" ni su "intención". "No lo fue nunca. Es un artículo constitucional, sí, pero para ocasiones excepcionales [...]. Ningún Gobierno puede aceptar que se ignore la ley y que alguien imponga sus criterios", ha remachado.



Encuesta Catalunya: Los catalanes piden elecciones y rechazan la DUI

El 68% de los ciudadanos reclaman comicios para intentar resolver el conflicto. El 55% opina que el 1-O no legitima declarar el Estado catalán y el 40% cree que sí

EL PERIÓDICO  -  Barcelona - Viernes, 20/10/2017 | Actualizado el 21/10/2017 a las 00:21 CEST

Concentración en defensa de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el pasado martes en Barcelona /QUIQUE GARCIA (EFE)

Ni DUI, ni artículo 155. Ni el plan de Carles Puigdemont, ni el de Mariano Rajoy. En el momento de mayor voltaje político de las achacosas relaciones entre Catalunya y España, la mayoría de los catalanes opinan que la única solución que puede evitar males irreversibles sería la convocatoria de unas elecciones al Parlament. Lo piensan así dos de cada tres ciudadanos entrevistados por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO, y lo suscriben casi la mitad de los catalanes partidarios de la independencia, alejándose con ello de los postulados que ahora defienden el 'president' y la mayoría de su Govern. El trabajo de campo se ha efectuado esta misma semana, tras el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y mientras trascendían los detalles de cómo aplicará el Gobierno el 155.

El 68,6% de los catalanes abogan por ir a las urnas para intentar resolver el enconado conflicto, frente al 27,4% que rechaza esta idea. Pero entre los secesionistas hay una fuerte división de opiniones: el 48% apoya los comicios y el 47,2% rehúsa esta opción. Obviamente, la fractura se plasma asimismo entre los votantes del PDECat, ERC e incluso, aunque en menor medida, la CUP. El 55% de quienes tienen previsto votar a la antigua CDC quieren elecciones, mientras que el 40,8% se opone. El 51,4% de los votantes republicanos rechazan ir a las urnas, pero un nada desdeñable 43,5% respaldan la convocatoria. Piden comicios hasta uno de cada cuatro electores cupaires.



DIVISIONES A LADO Y LADO

La vía electoral, alentada sobre todo por los sectores moderados del PDECat, es la favorita de los catalanes también cuando al mismo tiempo se les plantean otras dos salidas: declarar de forma inmediata la independencia o renunciar a la DUI y negociar con el Estado. El 36,5% de los sondeados consideran que el president debería convocar elecciones a fin de evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución; el 29,3% declararían ya el Estado catalán; y el 24,8% piden a Puigdemont que deje de lado la DUI y acepte dialogar con el Gobierno central sin líneas rojas.

El panorama es distinto, aunque nada monolítico, entre los partidarios de romper con España. El 58,8% de los independentistas reclaman la DUI inmediata; el 16,3% aboga por elecciones; el 15,7% prefiere que se renuncie a la secesión en pos del diálogo. La DUI halla un amplio acomodo en el electorado de la CUP (79,2%), es bastante mayoritaria entre los votantes de ERC (61,6%) y gana por los pelos en el caladero posconvergente (52,1%). Aun así, uno de cada cuatro votantes del PDECat se decantan por las elecciones como salida.

Los no independentistas también están algo divididos, aunque en este caso entre el camino de las urnas y el de la negociación. El 54,6% exige comicios, mientras que el 33,1% se inclina por el diálogo. Significativo resulta que entre los votantes del PPC sean más quienes piden que se negocie (47,4%) que aquellos que desean elecciones (36,8%), cuando Rajoy parece que utilizará el artículo 155, entre otras medidas, para forzar la convocatoria electoral en Catalunya. ¿Y los comuns? Pues el 47,3% de sus electores reclaman comicios y el 38,2%, que se aborte la DUI y se negocie. Solo el 7,3% de los votantes de Catalunya en Comú eligen declarar ya la independencia.

DUI ILEGÍTIMA

Por más que los catalanes condenen la represión policial del 1-O, más de la mitad de los entrevistados (55,6%) sostienen que los resultados del referéndum unilateral no legitiman la DUI, visión que comparten uno de cada cinco secesionistas. En cambio, cuatro de cada 10 encuestados sí ven legítima una declaración que para el 48% no se produjo el pasado 10 de octubre, con la ambigua frase de Puigdemont. El 37,5% sí cree que el president proclamó la secesión. Entre los independentistas, el 52% considera que sí, pero el 39% opina lo contrario.

La división social aún se nota en otras preguntas del sondeo. Casi la mitad de los catalanes, el 46,1%, querrían que el conflicto terminase con un pacto que dotase de mayor autogobierno a Catalunya, mientras que el 36,1% preferirían la independencia. La fractura es todavía mayor entre los secesionistas a la hora de vaticinar el final del túnel: el 40,1% confía en ver un Estado catalán, pero el 42,8% no tiene la misma esperanza. Cuando en septiembre del 2015, antes de las últimas elecciones, los independentistas tuvieron que contestar a una pregunta similar, solo el 21,8% confiaba en que la secesión se haría realidad, mientras el 61,8% no tenía la misma percepción.

Ficha técnica
-Empresa responsable: GESOP.
-Técnica de investigación: entrevistas telefónicas asistidas por ordenador.
-Universo: población de 18 años y más en Catalunya.
-Número de entrevistas: 800.
-Muestreo: Estratificado por dimensión de municipio con selección aleatoria de hogares y cuotas cruzadas de sexo y edad para la selección de las personas.
-Error de la muestra: +/- 3,5% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
-Trabajo de campo: del 16 al 19 de octubre.


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