jueves, 28 de septiembre de 2017

REPORTE DESDE EL SALVADOR PARA RADIO HABANA CUBA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017


El acontecimiento que más ha atraído la atención mediática esta semana tuvo su conclusión la madrugada de este jueves, cuando la Asamblea Legislativa salvadoreña ha aprobado las reformas a la ley de ahorro para pensiones.

Luego de muchos meses de tediosas e insufribles jornadas de disputas y desacuerdos entre partidos políticos, empresas previsionales y las dirigencias de sindicatos, por remediar en parte los efectos de la privatización de las pensiones de finales de los noventa del siglo pasado, y que con el transcurrir del tiempo han colocado las finanzas públicas en un abismo al que se ha estado a punto de sucumbir reiteradamente.

Aunque solo son enmiendas que no resuelven el problema de manera definitiva, resultan un alivio principalmente para el gobierno salvadoreño, que debía cumplir con sus responsabilidades impuestas por el plan de privatización neoliberal, aún a costa de no contar con los fondos para ello, y teniendo que recurrir a préstamos y otras formas de financiamiento para sobrellevarlo.

En los últimos años esta situación se había tornado insostenible, tanto por lo abultado que resultaban las erogaciones que debían cumplirse, como por el procedimiento que para ello existe; pues al no tener fuentes de ingreso del mismo sistema previsional ni de otras propias, para optar por el financiamiento es necesario contar con la aprobación de la mayoría calificada en el parlamento, y con ello con votos de todas las bancadas irremediablemente.

La fracción legislativa de Arena, quien antes de las dos administraciones abanderadas por el FMLN, gobernó el país por 20 años hasta el 2009; siendo en el mandato de Armando Calderón Sol, de 1994 a 1999, cuando se impuso la privatización del sistema de pensiones en la Asamblea Legislativa dominada por dicho partido, ha negado muchas veces sus votos; alegando que el gobierno actual estaba endeudando más el país y que la crisis era por su mala administración.

Así se ha vivido esta realidad los últimos años durante una administración distinta al partido de extrema derecha que originó la causa, y quien en lugar de acompañar y favorecer una solución definitiva al problema, por evidentes intereses políticos electoreros y el apoyo incondicional a los sectores económicos involucrados en el negocio de las pensiones, ha forzado pasar por situaciones nunca vistas en el país, como la insolvencia de las finanzas públicas de inicios de este año por un gobierno que no cuenta con la correlación suficiente para evitarlo.

Esta vez, ante el precipicio financiero de nuevo para inicios de octubre, con muchos con la soga al cuello y repercusiones por las elecciones para alcaldes y diputados del próximo marzo, las enmiendas han sido aprobadas por 74 de los 84 diputados que integran el congreso, durante la sesión plenaria que inició el miércoles 27 de septiembre extendiéndose hasta la madrugada de este jueves.

Lo que se resolvió pudo hacerse antes y en condiciones diferentes; pero al fin, y luego de la formación de una comisión Ad Hoc integrada por los mismos partidos y los mismos políticos, ha resultado el dictamen favorable necesario para luego ser sometido a la votación por el pleno legislativo.

Según esa Comisión Ad Hoc las enmiendas a la normativa estarían orientadas a armonizar la legislación vigente con la evolución del sistema previsional, maximizando los derechos, sus beneficiarios, y mejorar la cobertura de longevidad a los trabajadores, pretendiendo garantizar pensiones vitalicias y estables, según se relata en el acuerdo.

Todo ello estará por verse en los próximos años, y quizás esperar por parte de los trabajadores otras mejores circunstancias y coyunturas políticas para que, al igual que en otras partes del planeta, sea abolida la preminencia de las empresas previsionales privadas que han sido y son las grandes ganadoras de este negocio.

Por su lado, la misma madrugada, y mientras aún no había concluido la sesión plenaria de la asamblea legislativa, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ha sancionado el decreto de la reforma lograda por la Asamblea.

Por supuesto, en el ejecutivo estaban muy atentos de los acontecimientos que no podían garantizar por sus propias gestiones e influencias, y porque se aprobaran los nuevos mecanismos en el sistema previsional que le evitasen a su administración tener que conseguir antes de inicio de octubre más de noventa millones de dólares con los que debía contar para garantizar el pago a los pensionados.

Se trata pues, de un nuevo respiro para muchos, pero queda aún por esperar lo que en la práctica resulte para los empleados y trabajadores adscritos a las consabidas “aefepés” (AFP´s), que por de pronto subsisten gloriosamente de las penas y preocupaciones de muchos.

Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.


Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.

Motivos de Donald Trump para calificar a Venezuela y Cuba como regímenes represivos

Por Arthur González *

Martianos  -  Septiembre 27, 2017


El mundo escuchó con atención el primer discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU, y al final la decepción fue total.

Su intervención fue irracional y belicista, sin explicar sus motivos para calificar a Venezuela y Cuba como “regímenes represivos”, bajo la “dictadura” socialista inaceptable del presidente venezolano Nicolás Maduro, y al cubano como “corrupto y desestabilizador”.

La realidad es que Estados Unidos no soporta países con sistemas diferente al de ellos, a pesar de que afirman que: “los ciudadanos deben tener la libertad de participar en los procesos políticos, gozar de democracia y derechos humanos”.

¿Por qué razones Cuba y Venezuela no puede escoger un camino socialista para sus pueblos, bajo el principio de libertad y democracia?

Sencillamente porque que puedan exhibirle al resto de los pueblos, especialmente de Latinoamérica, por considerarlo un mal ejemplo que afectaría el poder imperial.

Así lo expusieron especialistas del Council on Foreign Relations, al afirmar en 1999:

“La oposición de EE.UU. a la Revolución cubana y el apoyo a la democracia y al desarrollo en este hemisferio, lograron frustrar las ambiciones cubanas de expandir su modelo económico e influencia política”.

El interés por crear matrices de opinión negativas a todo lo que huela a socialismo, está basada en las insuficiencias del sistema capitalista que posee Estados Unidos, algo puesto de manifiesto ante la crisis de los ciudadanos que lo han perdido todo por el azote del huracán Irma, muy diferente a los cubanos que, si tienen total apoyo del gobierno, ese que Trump califica como una dictadura.

Mientras en Miami, un numeroso grupo de personas, entre ellos adultos de la tercera edad con graves enfermedades y niños que no fueron evacuados previamente a la llegada del huracán, debido a la ausencia de un sistema que se preocupe ante todo por el ser humano, se ven obligados a dormir en automóviles y en la calle sin apoyo gubernamental, en Cuba la defensa civil evacuó oportunamente a un millón 738 mil personas hacia lugares seguros.

El régimen cubano, ese que acusa Trump de dictadura corrupta, ofrece alimentación y atención médica gratuita, además de organizar brigadas artísticas para atenuar el estrés postraumático de adultos y niños que lo han perdido todo.

Esa preocupación jamás la podrá llevar a cabo un sistema capitalista, pues el dinero es lo principal y los seres humanos no cuentan.

Prueba de ello es lo sucedido a los residentes en las Civic Towers de Miami, que se han visto obligados a soportar en las calles el fuerte sol y la lluvia, solo con la escasa ropa que pudieron a sacar de sus apartamentos, sin atención médica ni preocupación de las autoridades.

El alcalde de Miami, Tomás Regalado, ni la comisionada de Miami-Dade, Audrey M. Edmonson, han resuelto el futuro de esos y otros tantos desamparados, porque el sistema capitalista no tiene mecanismos para ello.

El socialismo es lo opuesto, en Cuba los secretarios del Partido y los presidentes del Poder Popular en cada provincia afectada por el huracán, no descansan buscándole soluciones a los problemas, levantar casas temporales, repartir ayuda, priorizar la reparación de escuelas, hospitales, policlínicas, comunicaciones, electricidad y alimentación, a fin de devolver lo antes posible la normalidad de pueblos y ciudades.

Ese gobierno socialista “corrupto y desestabilizador”, movilizó de inmediato al Ministerio de la Construcción con 20 mil 400 constructores y 855 máquinas ingenieras, más cientos de camiones, para ejecutar labores de resarcimiento constructivo, limpieza urbana y de carreteras, reparación de viales, puentes y alcantarillas, más la reparación de viviendas o construcciones temporales donde los pobladores puedan tener condiciones para vivir humanamente.

Lo mismo hizo con las empresas eléctrica y de telecomunicaciones.

Muy distinta es la situación de los miamenses, pues el Alcalde Tomás Regalado, declaró públicamente que no tiene disponibilidad de albergar a los que se han quedado sin sus apartamentos en las Civic Towers, y su homólogo, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, no aparece para darle frente a la grave situación de sus electores.

Mientras Miami tiene que enfrentarse a esa cruda realidad brindada por el sistema capitalista, la noticia de principales diarios reflejaba que cinco abogados corruptos del sur de la Florida y cinco de sus cómplices, fueron arrestados por estar complotados para estafar a sus víctimas, por lo que ganaron más de medio millón de dólares.

El sistema de Estados Unidos no puede compararse con el de Cuba y el de Venezuela, donde sus programas sociales de salud, educación, cultura y atención al ser humano gratuitamente es lo más importante, por eso la reacción de Trump de que hay que hacer lo indecible por derrocarlos.

Sin embargo, para espiar al mundo si les sobra el dinero, porque el imperialismo yanqui tiene que saber lo que dicen, piensa y actúan los demás.

Documentos recientemente conocidos, revelan que Estados Unidos espía a 193 países y varias organizaciones, incluida la ONU, el Mercosur y el Vaticano.

De esa intromisión violadora de todos los principios que Estados Unidos no habla, no se escapan la Unión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Liga Árabe, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el Mercosur, entre otras organizaciones internacionales.

EE.UU. espía a la alianza petrolera entre Venezuela y varios países de América Central y del Caribe, Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Coordinadora Continental Bolivariana y los Hermanos Musulmanes de Egipto, más otras organizaciones políticas nacionales.

Al final el desestabilizador, corrupto y represivo es el gobierno de Estados Unidos, quien siembra terror y muerte, sin ocuparse de sus desamparados.

Ante situaciones semejantes afirmó José Martí:

“No se ha de ofender a aquellos a quienes no puede vencerse”.

* Cubano, especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano.


CATALUNYA: El TSJC asume el operativo contra el 1-O y ordena el cierre de los colegios electorales

En los edificios donde existan servicios públicos solo se precintarán las dependencias de votación. La decisión se produce después de que el 'major' Trapero pusiera reparos al precinto de los centros

28/09/2017 a las 09:49 CEST

JULIO CARBO

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha asumido este miércoles la dirección del operativo policial para impedir el referéndum unilateral del 1-O y ha ordenado a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que cierre los colegios electorales previstos para la votación. En el caso de que los puntos de votación se encuentren en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento, se precintarán solo las dependencias que se utilicen para la consulta. Con esta decisión, la fiscalía deja a partir de ahora de tener el control directo de las acciones contra la consulta y la policía autonómica pierde la exclusividad de clausurar locales electorales, entre los que hay escuelas, geriátricos, centros de salud, centros religiosos y hasta medios de comunicación.

La decisión ha sido acordada por la jueza Mercedes Armas, que instruye también la querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Govern por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos a raíz de la convocatoria del 1-O. Y no solo ordena que se impida la apertura de locales, sino que se requise el material sobre la consulta que se encontraran en los mismos, incluyendo ordenadores. También insta a los cuerpos de seguridad del Estado que impidan la apertura de dependencias públicas que se usen como infraestructura logística, como centros de procesamiento o de recuento de votos.

La magistrada subraya que se ha evidenciado “una clara inobservancia” por parte del Ejecutivo catalán de la suspensión del referéndum y de las resoluciones dictadas por ella misma, como el bloqueo de webs que informan de dónde tenían que ir a votar. “Dichas medidas cautelares han sido burladas” mediante la creación de otros dominios, detalla. Y ve previsible que esta “actitud renuente” se materialice en una jornada del 1-O en la que el Govern “facilite todos los medios a su alcance” para la consulta, por lo que es necesario tomar medidas para evitar la consulta. No recoge nada sobre la orden de la fiscalía para que se impida la votación en un radio de 100 metros de los colegios electorales, incluso en la calle.

Los cuerpos policiales deberán actuar “conjuntamente”, señala la jueza, y se contará con la colaboración de las policías locales. En este sentido, la fiscalía ha dictado nuevas instrucciones en las que ordena a las policías locales que no dejen salir las urnas propiedad del Estado confinadas en los ayuntamientos -que son las que se emplean en las convocatorias electorales-, a la vez que les requiere para que colaboren con los Mossos en el precintado de los colegios de votación, la incautación de material y el bloqueo de la constitución de las mesas electorales.

Los centros de salud

La Conselleria de Salut ha ofrecido 70 centros de asistencia primaria (CAP) como colegios electorales, de los que 67 no funcionarán ese día como servicio sanitario. Estarían cerrados. Los otros tres, son CAP de grandes dimensiones que tendrán dos puertas de acceso: una para pacientes y otra para votantes del 1-O. No todos estos centros han recibido notificación escrita sobre la obligación de sus directores de entregar las llaves del local el viernes.

El ‘conseller’ de Salut, Antoni Comín, ha asumido la presidencia de los 27 consorcios o empresas públicas vinculadas al departamento, una situación transitoria que quedará en suspenso después del 1-O. El motivo de esta acción, explica Salut, es que sea Comín quien firme el domingo las circulares que autorizarán que el personal sanitario adscrito a esos consorcios disponga de cuatro horas libres para votar.

Las trabas de los Mossos

La resolución del TSJC se ha producido pocas horas después de que el 'major' de los  Mossos, Josep Lluís Trapero, comunicara por escrito a la fiscalía de las dificultades que comporta el precintado de los colegios electorales y la necesidad de que sea un juez quien ordene la clausura. Esta advertencia la ha realizado el mando policial en la reunión celebrada en la sede de la fiscalía catalana con todos cuerpos de seguridad del Estado en Catalunya.

El documento sostiene que el cierre de estos locales supondría “impedir el desarrollo de las actividades que ordinariamente” se realizan en ellos, con la “posible afectación de derechos fundamentales”.  El 'major' indica que los Mossos actuaran bajo los  “principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia”.



La alcaldesa de Badalona anuncia que abrirá los colegios y pondrá urnas

En un acto de la ANC, Dolors Sabater llama a "tumbar el régimen del 78" a través del referéndum. "La legitimidad fuerza la legalidad y esta vez también", defiende la edil

EL PERIÓDICO  -  Europa Press
Badalona - Miércoles, 27/09/2017 | Actualizado el 28/09/2017 a las 14:36 CEST


Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona. / RICARD FADRIQUE

La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha garantizado que en su ciudad se podrá votar en el referéndum del 1 de octubre pese "a la suspensión del Tribunal Constitucional, pese al fiscal Maza, pese a las amenazas y persecuciones y pese a los agravios democráticos".

"Badalona abrirá los colegios, pondrá las urnas y dirá a todos y cada uno de sus vecinos que podrán votar con normalidad", ha proclamado en un mitin de campaña organizado por la ANC, Òmnium y Universitats per la República en la plaza Universitat de Barcelona ante unas mil personas.

Sabater, que ha reivindicado que su ciudad es la tercera en población de Catalunya, ha asegurado que este referéndum servirá para tumbar "el régimen del 78 y permitirá la revolución de todos los pueblos del Estado español".

Alusión a la "no violencia"

"La legitimidad fuerza la legalidad y esta vez también", ha defendido Sabater, que ha asegurado que muchas de las conquistas sociales históricas no tenían cobertura legal, y fueron las movilizaciones ciudadanas las que permitieron que se legislara sobre ellas.

Ha recordado que el día 2 de octubre, tras el referéndum, es el día mundial de la no violencia por el nacimiento de Mahatma Gandhi, y ha acabado su intervención citando al líder indio: "La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderoso concebido por el hombre".