Voluntarios organizan actividades en
los centros para evitar que los cierre la policía. Los Mossos se limitan a
levantar acta y evitan desalojar a los presentes
EL PERIÓDICO
- Rafa Julve / Guillem Sànchez /
Barcelona
Viernes, 29/09/2017 | Actualizado el 30/09/2017 a las
09:25 CEST
Las personas
que han pasado la noche en la escuela Tabor, de Barcelona, desayunando. /DANNY CAMINAL
Apuntaba
maneras la semana como para pensar que el 1-O empezaría realmente dos días
antes, con prematuro “alboroto” (que diría Mariano Rajoy) en centros
elegidos como punto de votación. Una orden inicial de la fiscalía que instaba a
los Mossos a precintar los colegios electorales desde este mismo
viernes activó de nuevo el ingenio del independentismo para resistir ante cualquier
desalojo con todo tipo de iniciativas lúdicas como excusa. Más tarde, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) evitó poner fecha y hora al
cierre con tal que se produjera antes del referéndum, pero muchos
voluntarios decidieron quedarse en los recintos por si acaso. Resultado:
agentes de la policía autonómica se personaron este viernes en más de
2.200 locales, casi la totalidad del número de puntos de votación previstos
(2.315). En algunos comentaron a los asistentes que no debería quedar nadie el
domingo por la mañana y que no debían organizar nada relacionado con el
plebiscito, en otros solo levantaron acta, y en ningún caso se expulsó a los
presentes. Calma chicha.
Fiestas de
pijamas, talleres musicales, observación de estrellas, bailes, partidos de
fútbol, ‘caramelles’, cursillos de dibujo, carreras de sacos, ‘cassolades’,
sesiones de ganchillo, cenas de ‘germanor’... Centros educativos de toda
Catalunya tiraron de imaginación para mantener ocupados los colegios todo el
fin de semana.
Aunque la
‘consellera’ de Ensenyament, Clara Ponsatí, asumió esta semana la
dirección de los centros de enseñanza en un intento de reducir riesgos
judiciales para los directores, decenas de ellos se implicaron en algunos
casos; en otros estos rehusaron la responsabilidad y fue un grupo de profesores
el que la asumió. También los hubo que contaron con el apoyo de las
asociaciones de madres y padres. Fueron esas personas las que recibieron (y
despidieron) a los agentes al acabar las clases. Ambiente festivo y plena
cordialidad por por parte de la policía.
Contemporización
El ‘major’
de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ya había evidenciado en una orden
interna a todo el cuerpo la política de contemporización a seguir. La
instrucción empieza remarcando que “el uso de la fuerza, ante conductas de
desobediencia pasiva, no podrá ir más allá del acompañamiento de personas hasta
el exterior del centro o de permitir que se abra un pasillo que deje acceder a
la policía a fin de hacer las comprobaciones y las acciones ordenadas en el
auto judicial (del TSJC). En ningún caso deberá usarse la defensa policial (la
porra, traducido del argot), extensible, u otros elementos de naturaleza
similar para llevar a cabo estas acciones”.
Permitido el
uso de la violencia solo para autodefensa de los propios agentes o para
socorrer a otras personas, Trapero indica en el documento que si los agentes
visitan un centro y comprueban que se están llevando a cabo tareas de
preparación del referéndum, deberán identificar a las personas implicadas y
confiscar todo el material relacionado con el plebiscito. Nada de eso ocurrió
en los diferentes colegios e institutos visitados por este diario.
La
instrucción del ‘major’ también hace referencia a las horas calientes previas a
la apertura prevista de los puntos de votación, pero guarda cierta ambigüedad.
A las seis de la mañana, indica, los agentes deben “comunicar” a los presentes
que tienen que abandonar el local de acuerdo con lo que dictan los jueces tras
la suspensión del 1-O dictada por el Tribunal Constitucional. No aclara
cuál debería ser la actuación de los policías en el caso de que haya personas
que opongan resistencia. Solo subraya que si una concentración en el interior o
exterior de un recinto impide el acceso de los policías al recinto o que lleven
a cabo tareas de identificación y confiscación, la sala de mando optará por
activar agentes de la policía local o recursos de apoyo "contemplados en
el auto judicial". Con esto último se refiere a las unidades del Cuerpo
Nacional de Policía o de la Guardia Civil. Es decir, si la
concentración ciudadana impide la labor de los Mossos, estos terminarán
pidiendo ayuda a los otros cuerpos.
