viernes, 19 de enero de 2018

PODER Y DINERO. ALIANZA FATAL

Jorge Gómez Barata

Aunque no constituyen recetas infalibles, están lejos de la perfección y su aplicación es desigual, en materia de organización social, la cultura humana ha creado ideales y encontrado soluciones óptimas. Se trata de fórmulas en las cuales la eficacia se alcanza por vía de la aplicación de los preceptos creados más que por la invención de otros. Un hombre un voto es magnífico, nada es más eficaz que una elección secreta y no hay sustitutos para la democracia.

Quienes asumen como válida la organización de la convivencia social sobre la base de la fórmula clásica del estado de derecho legitimado por vía electoral, democrático, fuerte, comprometido con el bien común y en el cual se ejercite la dirección colegiada y la separación de poderes, no aluden solo a los sectores legislativo, ejecutivo y judicial, sino también a separar la religión del estado, apartar a los militares de la política y alejar al gobierno y a los funcionarios públicos del dinero.

Aunque no se ha logrado la perfección, esa concepción procura que ninguna institución, persona o grupo de ellas acumule un poder excesivo del que pueda abusar. En esa lógica, el dinero allegado por el país, ya sea por la actividad del sector público de la economía, la recaudación de impuestos, regalías y otras contribuciones de los individuos, empresas y negocios, así como las reservas nacionales, no pertenecen a los gobiernos, sino a la nación y a sus ciudadanos.

Parte importante de la actividad del estado son los esfuerzos por lograr probidad y eficiencia en el manejo de los fondos públicos y la regulación del sector financiero, la actividad bancaria y el régimen monetario en los cuales la actividad administrativa y el ejercicio del poder se conecta con el dinero, creando situaciones en las cuales las posibilidades de actuación dolosa y los riesgos de la corrupción son considerables.

En este orden de cosas es importante la actividad de los parlamentos, usualmente facultados para aprobar los presupuestos y asignar al gobierno y las instituciones públicas los respectivos prepuestos para gastos operacionales, inversiones y otras partidas, así como fiscalizar su empleo, no solo honesto, sino también eficiente.

La emisión de moneda debe ser estrictamente controlada y no puede ser una prerrogativa discrecional de los gobiernos, tampoco de los bancos centrales. Ningún gasto público debiera realizarse sin leyes o decisiones institucionales que los respalden y toda gran inversión debiera someterse a eficaces licitaciones. Del mismo modo debe regularse la facultad de realizar gastos extraordinarios, adquirir deudas en nombre de los países u ofrecer préstamos o dadivas a cuenta de los fondos públicos.

En la organización del sector financiero es importante la regulación de la actividad de la banca central y las casas de moneda, constitucionalmente facultadas, no solo de imprimir y acuñar, sino a veces de crear dinero, emitir instrumentos de crédito y medios de pago y custodiar las reservas financieras del país.  

El perfeccionamiento de la democracia pasa por la búsqueda de la eficiencia de las instituciones públicas, en especial del estado, entidad encargada de arbitrar entre los diferentes actores sociales, dictar las leyes y establecer las normas que hacen posible la convivencia y la búsqueda del bien común.

La consigna neoliberal de que con menos gobierno y más desregulación la sociedad funciona mejor, no ha soportado la prueba del tiempo. Tampoco son aconsejables las alianzas peligrosas, especialmente la que suele establecerse entre el poder y el dinero !Vade retro! Allá nos vemos.

La Habana, 19 de enero de 2018

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El presente artículo fue redactado para el diario ¡Por Esto! Al citarlo mencionar la fuente.


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