sábado, 24 de marzo de 2018

MÁS JUSTICIA Y MENOS IMPUNIDAD


Jorge Gómez Barata

En la América Latina de la última década, en materia de lucha contra la corrupción, existe más justicia y menos impunidad. No obstante, aunque robar utilizando los resortes del poder y ampararse en las altas jerarquías es hoy más peligroso, sigue ocurriendo. El hecho de que presidentes y expresidentes electos hayan tenido que responder ante los tribunales, que algunos resultaran destituidos, otros obligados a renunciar, y alrededor de media docena fueran a la cárcel, no detiene la noria de la corrupción.

Aunque en procesos recientes pueden haberse cometido errores y excesos, incluso prevaricaciones al utilizar la administración de justicia para venganzas políticas, el proceso en general es positivo, y se asocia al perfeccionamiento del sistema político basado en el estado de derecho y la separación de los poderes, que en varios países ha permitido al estamento judicial, que tampoco está libre de pecados, operar con mayor independencia para enjuiciar a los gobernantes.

Tales hechos parecen formar parte de procesos sociales, mediante los cuales tiene lugar la mutación política latinoamericana, que con avances y retrocesos, transita del predominio de las oligarquías a democracias de mejor desempeño, en las cuales unas áreas avanzan más que otras.

Los hechos dan cuenta de que en varios países la administración de justicia avanzó más que los instrumentos de control social del poder, dando lugar a un extraño fenómeno, según el cual los mecanismos del estado de derecho pueden juzgar a los gobernantes y exgobernantes por delitos que no pudieron prever ni impedir. Se trata de limitaciones de los procederes electorales que pueden asegurar la legitimidad del poder, pero no un ejercicio probo y eficaz del mismo.

El ahora expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, era corrupto antes de ser electo, y era cuando sobre una Biblia juró por Dios y por la Patria cumplir con probidad las funciones de su alta investidura. La mala noticia es que no es una excepción.

Aunque existen otros ejemplos en Brasil, los órganos judiciales y los aparatos de auditoria públicos y privados que obligaron a renunciar a Fernando Collor de Mello, destituyeron a Dilma Rousseff, e intentan enviar a la cárcel a Lula da Silva, fueron incompetentes para impedir la inocultable mega corrupción entronizada por las empresas de Odebrecht, Petrobras, y otras empresas. La tragedia es mayor porque otros diez gobiernos latinoamericanos, afectados por el mismo mal proveniente de idéntica fuente, tampoco pudieron evitar el derrame de porquería sobre sus estructuras empresariales y gubernamentales, y sobre sus propias casacas reales.

Donde quiera que Odebrecht obtuvo contratos en América Latina, excepto en Cuba, donde realizó una obra de unos mil millones de dólares, introdujo la corrupción, implicando a varios presidentes, que en lugar de velar por el bien común aceptaron coimas, o en el mejor de los casos miraron para otro lado. Si bien el que se les haya castigado es un signo positivo, el hecho de incurrir en tales delitos es un desastre.

En esos procesos en los que el sistema judicial actuó tardíamente, fallaron también los partidos políticos y la prensa, cuya independencia y probidad, lesionada por las practicas mercantiles y el tráfico de influencia, ha perdido su capacidad como instrumento de control social del poder.

La prensa independiente no puede solucionar los problemas, ni acabar con la corrupción, pero si denunciarla sistemáticamente. Los editoriales, las fotos, y los videos, son cohetes morales frente a los cuales no sirven las hojas de parra.       

Otra vez habría que reafirmar la idea de que más importante que sancionar al delincuente es suprimir las causas que engendran la delincuencia. El autoritarismo y las malas prácticas que permiten a los presidentes latinoamericanos actuar como virtuales “reyes sin corona” es parte del problema. Allá nos vemos.

La Habana, 24 de marzo de 2018

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