El jueves 15 de marzo
pasado, un grupo de expertos internacionales en derechos humanos han pedido,
ante la Organización de las Naciones Unidas, la apertura de los archivos de la
Comisión de la Verdad, instancia integrada por personalidades internacionales
que investiaron los crímenes de la guerra civil salvadoreña, que abarcó desde
1980 a 1992, con el propósito de agregarlos a los procesos penales contra la
cúpula militar de la época que se han reabierto recientemente.
Para el caso, la Oficina Regional para América Central del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la
Fundación para el Debido Proceso han convocado en la capital salvadoreña a
estos expertos con el fin de conmemorar el 25 aniversario de la publicación del
informe de la referida comisión.
Kate Doyle, analista de la organización National Security
Archive, ha destacado que los miembros de la Comisión de la Verdad recogieron
diversos testimonios para elaborar su informe, y luego pidieron a la ONU
guardar los archivos con el objetivo de mantener en el anonimato la identidad
de los denunciantes o quienes aportaron testimonios por razones de seguridad.
Sin embargo, ante los
nuevos imperativos en El Salvador para que pueda avanzar la justicia y el
estado de derecho, Doyle ha asegurado que es imprescindible abrir los archivos,
aunque siempre ocultando los nombres de los informantes.
De esa manera la Comisión pudiera hacer otra contribución muy
grande a la justicia transicional en El Salvador, abriendo los archivos que se
encuentran en las Naciones Unidas, al menos para los procesos que se están
iniciando, según ha recalcado.
El informe de la Comisión de la Verdad se basó en más de
22,000 denuncias sobre graves hechos cometidos principalmente por el ejército
salvadoreño, y también por la guerrilla,
de las cuales 7,000 fueron recibidas directamente por los comisionados y el
resto les fueron remitidas por instituciones gubernamentales y privadas.
Por su lado, durante la conferencia de prensa, el exasesor de
esa comisión, Douglass Cassel, también se mostró favorable a que estos
archivos, actualmente almacenados en la sede de la ONU en Nueva York, se integren en un proceso de publicación,
siempre que se proteja la identidad de los testigos.
En cuanto a la manera de lograrlo, la representante y
portavoz de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Margarita Uprimny, citó a los
medios que un camino con el que la ONU podría acceder a esta petición es que
los exmiembros de la comisión, quienes solicitaron mantenerlos sellados a
perpetuidad en 1993, acuerden solicitar su apertura, o que la petición provenga
de un funcionario del estado salvadoreño.
La Comisión de la Verdad estaba integrada por el expresidente
de Colombia Belisario Betancur, el excanciller venezolano Reinaldo Figueredo, y
por el experto en derechos humanos estadounidense Thomas Burgenthal.
En la actualidad la justicia salvadoreña ha reabierto las
causas penales por la masacre de unos 1,000 campesinos en El Mozote en 1981, y
el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980, debido a
la anulación en julio de 2016 de la ley de amnistía, que fue emitida por la
asamblea legislativa de la época, a pocos días de la publicación del referido
informe que hoy se invoca.
Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde
El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.
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Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El
Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.
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Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó desde El
Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.
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Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en
Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.
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