jueves, 26 de abril de 2018

REPORTE DESDE EL SALVADOR PARA RADIO HABANA CUBA DE 27 DE ABRIL DE 2018



Un nuevo fiasco judicial indigna a los salvadoreños luego que la tarde del viernes pasado el juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador, por falta de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República ha absuelto de responsabilidad civil a la familia del expresidente Francisco Flores Pérez por el delito de corrupción en la administración de 15 millones de dólares provenientes de donativos de Taiwán, originalmente destinados a los damnificados por los terremotos de 2001.

Según se había informado por autoridades judiciales, a los hijos del expresidente, por ser sus herederos, la ley les llama a ser responsables y les obliga a reparar el daño civil; sin embargo, en este caso no hubo suficiente prueba por parte de la fiscalía para que los juzgadores los declararan culpables civilmente.

Este nuevo y decepcionante fallo judicial acreditado a deficiencias de parte de la fiscalía salvadoreña, se suma a otros muy sonados y que, casualmente, han favorecido a personas ligadas al poder económico o sectores políticos ligados a él; luego del cual abundan las suspicacias ante tan repetido resultado que a muchos llega a pensar, además de incapacidad, en deliberada acción para no afectar a ciertos elegidos; contrastando con la figura del actual fiscal general, Douglas Meléndez, que se ha expuesto mediáticamente como hombre duro y perseguidor del crimen, pero que ante los hechos sigue quedando muy mal parado.

Por supuesto, el ente fiscal ha culpado al juzgador como responsable por no considerar adecuadamente las pruebas que supuestamente son irrefutables; por ello ya ha anunciado que apelará la decisión de tribunal que absolvió civilmente a la familia del expresidente Flores Pérez, quien falleció inesperadamente antes de ser juzgado y condenado por delitos confesos.

En el mismo sentido, el fiscal Meléndez no se responsabiliza de haber perdido el caso Taiwán aduciendo, además, que fue el anterior titular de la institución que dirige, Luis Martínez, quien fue el que presentó y sustentó las pruebas correspondientes. Como se sabe, Martínez aún se encuentra en prisión aguardando juicio por varios delitos relacionados con su desempeño como funcionario.

Han sido muchos los sectores sociales y personalidades los que se han manifestado reprochando por este nuevo fracaso de la fiscalía general de la República; entre ellos la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, con sus siglas que se leen FESPAD, quien ha calificado la situación como galopante impunidad que reina en el país, destacando los tres casos judiciales más recientes en los que acusados de enriquecimiento ilícito y lesiones culposas han quedado exonerados de todo cargo.

Cita en primer caso la situación del exsecretario de asuntos legislativos y jurídicos en la administración de Antonio Saca, Luis Mario Rodríguez, de quien la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia ha decidido que no se enviara a juicio civil por enriquecimiento ilícito a dicho exfuncionario, quien había sido señalado de no poder justificar incremento patrimonial, acusado por mismas instancias de la Corte.

Luis Mario Rodríguez es desde 2010 el director de estudios políticos de Fusades, el conocido tanque de pensamiento de la derecha; y su anterior jefe, Antonio Saca González espera, también en reclusión, juicio por malversación y corrupción durante su mandato en el período 2004 a 2009.

De igual manera cita Fespad el caso de la absolución a la familia del expresidente Francisco Flores; ya que después de cuatro años de inicio del proceso judicial, el tribunal quinto de sentencia absolvió a los familiares del expresidente, como se detalló al inicio.

Y el tercer caso se refiere a la absolución de tres exgerentes imputados en el llamado caso “Baterías Récord”, quienes eran acusados de lesiones culposas relacionadas a la contaminación en la zona donde estaban las instalaciones de la fábrica de dichas baterías o acumuladores.

Para ellos, el tribunal de sentencia de Santa Tecla únicamente les ha impuesto pagar una indemnización de apenas 195 dólares a cada una de las 52 víctimas de contaminación con plomo en la zona de Juan Opico, del central departamento de La Libertad.

Describen los representantes de Fespad que a estos tres casos les unen características comunes, y enumeran que los procesados son prominentes personajes del país; los procesos judiciales vienen ventilándose desde hace varios años;  además que las personas procesadas tienen o tuvieron vínculos formales o materiales con el partido derechista Arena. En todos hubo fallas en el proceso, ya sea administrativa o judicialmente; y por último, hubo absolución para todos.

Por último dicha organización académica ha mostrado preocupación por la forma en que se sigue impartiendo justicia en el país, ya que asegura que mientras en unos casos se tienen resultados como los ya señalados; en otros, principalmente donde los imputados provienen de sectores empobrecidos, excluidos y marginados, las instituciones de justicia se ensañan con las penas máximas, y utilizan la detención provisional como norma general.

Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.


Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


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