jueves, 9 de agosto de 2018

REPORTE DESDE EL SALVADOR PARA RADIO HABANA CUBA DE 10 DE AGOSTO DE 2018



El martes de esta semana que concluye, en el tribunal segundo de sentencia de San Salvador, ha iniciado el juicio por presuntos actos de corrupción contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca – del período 2004 a 2009 -; junto a tres de sus exsecretarios presidenciales, Julio Rank, César Funes y Élmer Charlaix, así como otros tres exempleados de casa presidencial. La duración del proceso se preveía en unos dos meses.

La fiscalía les acusa de cometer los delitos de lavado de dinero y peculado en la administración de más de 300 millones de dólares provenientes de la partida de gastos reservados.

Luego de repetidas postergaciones por diversas razones argüidas por las partes para supuestamente completar las pruebas de cargo y descargo, ha iniciado la audiencia con una sorprendente novedad dada a conocer, tanto por la fiscalía como los abogados defensores, quienes han confirmado que Saca y los 3 exfuncionarios mencionados, negociaron un procedimiento abreviado del juicio que incluye la aceptación de su culpabilidad a cambio de la disminución en sus condenas.

Ante este nuevo escenario no se sabe cómo será el nuevo calendario o qué procedimiento judicial seguirá, luego que los implicados habrían rendido previamente su confesión extrajudicial y la ratificarían ante el juez del tribunal.

Según se cita en los diferentes medios y a partir del acuerdo de la fiscalía y los acusados, la pena de cárcel sería de 10 años para dos de ellos, es decir Saca y Charlaix, consistentes a 5 años por cada cargo; mientras que tan solo 5 años para Rank y Funes.

Según el código procesal penal salvadoreño, el procedimiento abreviado implica que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este procedimiento, implicando una reducción a la mitad del mínimo de la pena correspondiente.

Este mismo camino se encuentra pendiente de aprobación por parte del fiscal general para los otros tres exempleados, quienes también solicitaron el procedimiento abreviado.

En este país es inusualmente utilizado esta opción de aceptar la culpabilidad voluntariamente, pues la mayoría de casos se fundamentan en el principio de que se es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Por lo tanto esta maniobra utilizada en el acuerdo entre la fiscalía y la defensa para abreviar el juicio contra un expresidente no ha dejado más que causar suspicacias, indignación y rechazo de la población.

A esto se agrega, el conocerse que uno de los coordinadores de fiscales de la unidad de investigación financiera de la institución hubiera asegurado, al cierre del primer día del juicio en la etapa de alegatos iniciales, que se había demostrado que 7,650,000 dólares fueron desviados al instituto político que llevó al poder al exmandatario, es decir el partido Arena.

La afirmación está respaldada por documentos de soporte de las operaciones financieras que se realizaron en las cuentas del partido de derecha, que en la actualidad pretende recuperar el poder ejecutivo, y cuyo grupo parlamentario es el más numeroso de los que integran la asamblea legislativa.

La indignación de los salvadoreños ha brotado de voz en voz, y visiblemente en las redes sociales, tras conocerse el acuerdo legal alcanzado entre la fiscalía general de la república y los abogados defensores de los implicados del nominado caso destape a la corrupción, que implican al expresidente Elías Antonio Saca y a sus excolaboradores más cercanos.

Las razones que provocaron las críticas por parte de los salvadoreños fueron la significativa reducción de las penas carcelarias y de responsabilidad civil que se aplicarían a Saca y sus tres colaboradores más cercanos durante su gobierno. Según destacan diferentes medios, de más de 300 millones que fueron malversados, Saca González y sus compinches estarían obligados a responder solo por 25 a 30 millones de dólares.

Diversas cuentas de redes sociales, entre ellas de personalidades políticas y líderes de opinión, han criticado el acuerdo de la fiscalía, destacando que Saca ahora es un criminal confeso. Tal descontento también se refiere al desempeño de la fiscalía que cuenta con suficientes pruebas para enjuiciar al partido Arena y no lo ha hecho.

Una conocida abogada, que destacó por su papel como acusadora particular en el juicio contra el también confeso expresidente Francisco Flores Pérez, ha publicado un mensaje que afirma que si el sistema de justicia funcionara en este país, el partido Arena debería estar cancelado o en proceso de cancelación; por haber recibido fondos provenientes de hechos delictivos en dos periodos presidenciales, haciendo referencia a los casos  Flores y Saca.

En El Salvador se dará una situación inédita y nada de honrosa, pues por primera vez en la historia se condenará a un expresidente de la república luego de haber confesado los delitos cometidos; pero seguirá coexistiendo con la realidad que denunciaba monseñor Oscar Arnulfo Romero, próximo a la canonización, cuando dijo que la justicia salvadoreña es como la culebra, que solo muerde a los descalzos.

Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.


Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


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