jueves, 22 de noviembre de 2018

PODER Y PRENSA. DIÁLOGO Y CONFRONTACIÓN


Jorge Gómez Barata

Tres nombres ilustran los momentos de tensión que a escala global atraviesan las relaciones entre el poder y la prensa. Se trata Jim Costa, Julian Assange, y Jamal Khashoggi. Casos que, aunque de naturaleza diferente, constituyen eventos políticos trascendentales, dos de ellos tragedias humanas.

El más reciente y menos dramático es el del periodista cubano-americano Jim Costa, que como parte del staff de la cadena CNN, ha protagonizado intercambios con el presidente Trump, que dos semanas atrás culminaron en una intensa confrontación de palabras y gestos que dieron lugar al arbitrario retiro de la credencial para acceder a la Casa Blanca.

En respuesta, la cadena de noticias y el periodista demandaron al presidente de los Estados Unidos ante una corte de Washington, protagonizando un suceso sin precedentes. Reprimir a un periodista por preguntas consideradas impertinentes, es algo que el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta, no puede hacer porque se lo impide la ley. Según se afirma el caso involucra dos preceptos de la Constitución de los Estados Unidos.

Se trata de la Primera Enmienda, la cual establece que: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa…”.

La norma constitucional es aplicable a todo aquel que, de cualquier manera, con cualquier pretexto, o usando cualesquiera poderes, trate de coartar la libertad de expresión y de prensa. Otra Enmienda aludida es la Quinta, referida a las garantías al “debido proceso”, que prescribe que para que cualquier persona sea sancionada o castigada, debe mediar una denuncia y proceso legal en regla.

En el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, exiliado en la embajada de Ecuador en Londres, y reclamado por la justicia estadounidense, estaría por ver si el sistema judicial de Estados Unidos considera aplicable la Primera Enmienda, pues el gobierno alega que su gestión no es estrictamente periodística. Al respecto, se han mencionado los términos espionaje y traición.

En cualquier caso, es difícil asumir que se trata de un espía, porque en Estados Unidos, al menos jurídicamente, la libertad de prensa incluye el amparo para procurar información y el derecho a divulgarla. De hecho, el periodismo de investigación figura entre los géneros más apreciados.

Por su parte, la acusación de traición no es aplicable debido a que no se trata de un súbdito ni de un empleado estadounidense, y ese delito está claramente descrito en la Constitución, según la cual: “El delito de traición contra los Estados Unidos consistirá solamente en tomar las armas contra ellos o en unirse a sus enemigos, dándoles ayuda y facilidades…”

En tanto el affaire de Jamal Khashoggi es uno de los más insólitos y repugnantes crímenes cometidos jamás por un estado en la persona de un periodista. Se trata de una macabra sucesión de hechos que comenzó semanas atrás, cuando el profesional saudí visitó la embajada de su país en Washington para tramites personales, y sospechosamente fue remitido al consulado en Estambul, donde del modo más cruel que pueda ser imaginado, fue asesinado por un comando enviado por el gobierno de Arabia Saudita.

En estos momentos la investigación parece haber alcanzado resultados definitivos, según los cuales la CIA afirma poseer pruebas que indican la culpabilidad del gobierno de Riad. En cualquier caso, el presidente Donald Trump, que ha confesado estar impactado por el suceso, ha anunciado que dará a conocer las conclusiones de la investigación.

Los gobiernos y la prensa son servidores públicos. El día llegará que coincidan y cooperen en lugar de denostarse mutuamente y estar en permanente ruta de colisión, lo cual supone alcanzar una constructiva y genuina independencia mutua. Allá nos vemos.

La Habana, 21 de noviembre de 2018

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