jueves, 22 de febrero de 2018

REPORTE DESDE EL SALVADOR PARA RADIO HABANA CUBA DE 23 DE FEBRERO DE 2018


A inicios de esta semana un nuevo acontecimiento político ha marcado la pauta informativa y mediática, sobre todo a través de las redes sociales y sitios digitales que no forman parte de los llamados grandes medios ligados a sectores conservadores y de derecha, quienes casualmente han soslayado.

Luego que el Secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, ha revelado una nutrida lista de donantes de los partidos políticos del país desde 2006 a la fecha; esta información ya difundida es el resultado de repetida insistencia por obtenerla de fuentes del Ministerio de Hacienda; donde se había negado hacerlo asumiendo  una medida cautelar propia para no abrir esa parte del secreto fiscal al conocer los financistas públicamente; solo ha sido logrado hasta que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia revocara dicha medida.

Lo que revela la información es que los partidos políticos han recibido donaciones que superan los 69 millones de dólares, siendo la derechista Arena quien más dinero ha recibido en este período de 11 años, representando la mayoría de su financiamiento proveniente de reconocidas empresas. 

Esto no resulta una sorpresa en sí, lo interesante consiste al conocer las cantidades aportadas del sector a quien siempre se le ha atribuido ser el verdadero dueño de dicho partido, y por lo tanto a quién realmente sirve.

Las listas detallan los donantes como personas naturales y como personas jurídicas, entre estas últimas se incluyen empresas de todos los tamaños, gremiales, asociaciones, sociedades, fundaciones, universidades, entre otras, y que en total les han aportado a los partidos los más de 69 millones de dólares durante el período establecido.

Según se describe, el Fmln habría recibido el 18 por ciento de todas las donaciones, siendo los aportes de ciudadanos los mayoritarios y que alcanzan el 90 por ciento de dichos recursos. Para el caso del partido Arena, ha recibido la mayor parte de sus fondos de donaciones provenientes de personas jurídicas en un 91,9 por ciento, seguido del PCN y el PDC, también de derecha, con 74,8 por ciento y 60,9 por ciento, respectivamente.

Marcos Rodríguez ha destacado que la importancia de este informe radica en que la ciudadanía pueda contrastar esta información con los beneficios que algunos donantes pueden recibir eventualmente por parte de estado, explícitamente sobre dónde y cuándo se producirían los conflicto de intereses.

Dentro de las donaciones de empresas se encuentran bancos, aseguradoras, aerolíneas, droguerías, farmacias, empresas de telefonía, agencias de publicidad, canales de televisión, hoteles, periódicos, supermercados, universidades, oenegés, entre otros.

Destacan y  llaman la atención las donaciones del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Porth, entidad que le aportó al partido Arena más de 12 millones de dólares entre los años 2011 y 2014; en tanto enfrenta en la actualidad la acusación de presunto lavado de dinero de las millonarias donaciones que hiciera Taiwán al país, y por las que fue procesado en vida el expresidente Francisco Flores Pérez por supuestos actos de corrupción. El juicio de este caso continua por la vía civil, pero aún no se han concretado sus resultados.

De esta manera, con los más de 12 millones de dólares que el centro Rodríguez Porth le aportó a Arena se cubre el 17,4 por ciento de los 69 millones que todos los partidos políticos recibieron en conceptos de donaciones a la fecha.

Lo también notable es que la Fiscalía General de la República ha recibido tres denuncias y solicitudes de investigación contra el partido ARENA por haber recibido tanto las donaciones de Taiwán en 2001 de manera ilícita, así como fondos provenientes de la partida secreta de la presidencia de la República en el período de gobierno del expresidente Elías Antonio Saca; procesado mientras guarda prisión por delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tampoco en este caso se ha iniciado la acusación fiscal ni el proceso ante un juez.

El conocer estos detalles de los diferentes donantes, que cualquiera puede encontrar en línea a través de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, comprueba lo que siempre se ha sospechado respecto a quienes sirven ciertos partidos políticos, y con ello aumentar la conciencia política de los ciudadanos salvadoreños.


Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.


Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


ESPAÑA: Libertad de expresión en la picota

La condena a Valtonyc por sus letras reabre el temor a que se esté haciendo una interpretación regresiva de lo que es o no delito

Miriam Ruiz Castro
EL PERIÓDICO  -  Madrid - Miércoles, 21/02/2018 | Actualizado el 22/02/2018 a las 16:26 CET

Una imagen de la feria Arco, donde se ha vetado una obra en una exposición. / JOSE LUIS ROCA

Los límites de la libertad de expresión son como las fronteras. No existen hasta que las ponemos ahí. Invisibles y tan estrechas que permiten colocar un pie a cada lado y desafiar al universo estando en dos sitios a la vez. A veces, caer hacia uno u otro no parece más que una cuestión de suerte.

Condenados por enaltecimiento del terrorismo tuiteros que poco o nada tenían que ver con ETA. Un rapero enviado a prisión por calumniar a la Corona con las letras de un estilo que nació con vocación de denuncia antisistema. Una obra retirada de la feria de arte más transgresora y vanguardista por crear excesiva polémica. Si el 2017 terminó con el diagnóstico de ser, en palabras de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, un "mal año para la libertad de expresión", el inicio del 2018 no parece revertir la tendencia.

Las miradas están puestas en los llamados delitos de odio o de enaltecimiento del terrorismo; todos los que dejan en manos de la interpretación de los jueces en qué lado de la línea cae la moneda. Y para el rapero mallorquín Valtonyc, cayó del lado menos favorable: sus letras le han supuesto una condena de más de tres años de cárcel.

Las reacciones políticas

La sentencia se colaba este miércoles en los pasillos del Congreso. Desde Podemos, Pablo Iglesias la consideraba "una vergüenza", porque "el derecho penal se aplica para perseguir al disidente y sin embargo los corruptos se van de rositas". La portavoz del PSOE, Margarita Robles, denunciaba que, "con carácter general, en estos tiempos de Gobierno del PP" se está produciendo "un retroceso en materia de derechos y libertades" , aunque al mismo tiempo pedía respeto al trabajo de los tribunales, que son quienes tienen "todos los elementos de juicio".

Al otro lado del arco parlamentario, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, aseguró que Valtonyc no le interesa "lo más mínimo" y se limitó a expresar su respeto a las decisiones judiciales, mientras que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se negaba a valorar la sentencia pero defendía que "los delitos de odio deben perseguirse".

El contenido

El debate ya está en el Parlamento y en las calles, pero también ha alcanzado al ámbito jurídico. Para el abogado penalista José María De Pablo, la campaña en apoyo de Valtonyc que insiste en que "el rap no es delito" es "pura demagogia". "Claro que rapear no es delito, pero si un rap contiene amenazas de muerte contra una persona concreta, o si incita a la comisión de atentados, sí lo es", indica. De hecho, De Pablo insiste en que en las letras del rapero hay "incitaciones graves a la violencia", como señalar al presidente del Círculo Balear.

Pero en ello discrepa el catedrático en Derecho Constitucional Xavier Arbós: "La letra me parece deleznable, ni le doy valor artístico. Pero de ahí a una reacción penal…". Coincide con él el exletrado del Tribunal Constitucional (TC) Joaquín Urías, que cree que la sentencia está "poco motivada". "Recoge expresiones de canciones pero no individualiza qué causa cada delito y eso provoca indefensión", señala. Urías cree que "el Tribunal Supremo no ha entendido qué es la libertad de expresión". "El mero hecho de decir que te alegras de un atentado no puede ser delito, solo lo sería si se quiere dañar a una víctima, y el Supremo no ha hecho esa distinción. Eso es perseguir las ideas", indica.

Valtonyc ha sido condenado, entre otros delitos, por calumnias graves a la Corona. En este punto, Arbós considera que, "con el Rey, hay una asimetría que no se justifica". Urías, además, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a España por conceder una protección adicional al jefe del Estado. "Es el espíritu de la libertad de expresión. El delito de injurias a la Corona no debería insistir", afirma. De Pablo discrepa: lo que la jurisprudencia del TEDH cuestiona, considera, es que se imponga una mayor pena por las injurias y calumnias contra la Corona que por las que se producen contra un particular, y la que se le ha impuesto al rapero "no es superior".

Una larga lista

El debate sobre los límites de la libertad de expresión va más allá de Valtonyc. Su condena es la última de una lista que puede parecer larga. La propia Audiencia Nacional aseguraba en su memoria que los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas habían superado ya en número en el 2016 a los condenados por el resto de materias competencia del tribunal. Y los recogidos en el artículo 578 del Código Penal se habían "multiplicado".

Para Arbós, "se están produciendo bastantes casos de una especie de interpretación regresiva de la libertad de expresión con respecto a los años 80". "Entonces el clima social era claramente a favor de las libertades; ahora parece que hay que recordar que las libertades no solo las tienen los que se parecen a nosotros, sino también los que no", indica. "No todo lo que nos molesta es necesariamente un delito, y el derecho penal debería intervenir lo mínimo". Arbós explica la proliferación de este tipo de delitos en que los grupos y profesionales del Derecho "hoy saben que pueden intentar utilizar el Código Penal como represalia para quienes les han ofendido".

Sin embargo, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial-, Celso Rodríguez, no cree que se esté dando un uso determinado a esta figura. "Por parte de los tribunales, de ninguna manera. Aplican el Derecho a unos casos concretos que determina el Código Penal. Y tampoco creo que se le esté dando un uso espurio por parte de la sociedad civil", señala, partidario de que "siempre se valoren las circunstancias concretas y objetivas de cada caso" en lugar de tratar de sacar conclusiones generales. Que se castiguen penalmente conductas que atentan contra la dignidad de las personas "no es aberrante ni ilógico", porque, señala, "la libertad de expresión no lo permite absolutamente todo".

Un derecho "individual"

Para Urías, el problema está claro: "Hemos aceptado todos, la izquierda sociológica también, que existan delitos de incitación al odio, y ello supone que podemos castigar ideologías que nos parecen indefendibles o reprobables, como el machismo o la homofobia". Poder juzgar qué es odio y que no "es permitir que los jueces entren en el contenido de la libertad de expresión", asegura. En la misma línea se expresa Arbós, que cree que el derecho a no ser ofendido tiene más que ver con un "derecho individual", como son las injurias, defender el honor de uno mismo ante algo que nos ofende. Pero los tipos penales son bastante más reducidos. "Y esto vale para el rap y para los autobuses de Hazte Oír, ojo", insiste.

Rodríguez insiste en que la APM es partidaria de que existan estos delitos del discurso del odio, aunque creen que el debate siempre es saludable. Eso sí, añade, "han de aplicarse con suma prudencia, porque no cualquier expresión o juicio de valor puede serlo".

Intromisión de EE.UU. en elecciones de América Latina

EE.UU., a través de ONG, financia programas intervencionistas en América Latina.

Telesur  -  21 FEBRERO 2018

Los investigadores Adalberto Santana y Amauri Chamorro explican a teleSUR cómo los EE.UU. desestabilizan los procesos electorales de América Latina.

La intromisión de EE.UU. en elecciones de América Latina se ejecuta a través de financiamiento de partidos políticos proclives a su política, entre otras acciones. La más reciente estrategia cuando la derecha no gana elecciones, es la judicialización y mediatización en contra del progresismo.

El analista internacional Adalberto Santana explica que la injerencia que en materia electoral realiza Washington en el mundo data desde 1947, cuando creó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la época de la guerra fría y que sus intervenciones en otros países ya no solo las realiza con las fuerzas armadas sino penetrando en distintos órganos y financiando a partidos políticos favorables a sus intereses.

La CIA y otros organismos de seguridad estadounidenses se dedican a hacer campaña en favor de sus intereses, financiando a partidos o movimientos empresariales de esos países, para ello creó en 1983 la Fundación Nacional para la Democracia, (en inglés: National Endowment for Democracy, más conocida por sus siglas en inglés NED).

La NED -define Santana- es un mecanismo de intervención que financia y orienta a partidos políticos de derecha para desacreditar a determinados gobiernos progresistas como en los casos de Venezuela, contra Nicolás Maduro; en Bolivia contra Evo Morales y en Nicaragua contra Daniel Ortega.

En América Latina se ha hecho mucho más evidente en esta década el apoyo del Pentágono a la judicialización y mediatización en contra del progresismo, en vista de la incapacidad de partidos de derecha para vencer en elecciones, apunta el experto en comunicación política Amauri Chamorro.

"La última estrategia usada por Estados Unidos para interferir en procesos electorales de América Latina ha sido financiar a medios de comunicación para confundir a las poblaciones y promover una jugada en el sistema judicial de estos países, para que en fiscalías se pueda afectar jurídicamente a candidatos de izquierda", analiza Chamorro.

Explica además que como en muchos años hablar mal de la izquierda en los medios no sirvió porque seguían ganando elecciones en la región, se recurrió a la estrategia de judicialización de estos liderazgos porque con elementos concretos se podía sembrar la duda sobre sus capacidades.

"Es la única manera que ha encontrado la derecha para vencer en procesos electorales, con golpes jurídicos y mediáticos. Importante destacar que no son victorias políticas, sino electorales", resaltó.

La fórmula de intromisión estadounidense es el proceso judicial contra el líder falsificando pruebas más la difusión en medios hegemónicos de comunicación que representa los intereses de la derecha.

Los investigadores Adalberto Santana y Amauri Chamorro mencionan los casos de intromisión electoral de los Estados Unidos en la región:

- La actual embestida legal contra Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplos no aislados de una nueva táctica.

- La gira del secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, por América Latina se hizo para aglutinar a partidos políticos con intereses favorables a EE.UU. para descalificar al gobierno venezolano, ahí nació el Grupo de Lima. La izquierda en Venezuela viene de ganar el año pasado tres elecciones legítimas y democráticas y celebrará presidenciales en abril próximo.

- En Honduras, donde hubo fraude electoral, rápidamente los Estados Unidos reconoció al gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández, que los medios de comunicación legitimaron.

- En México, se vio el ataque mediático a fuerzas progresistas unidas en bloque por los partidos del Trabajo (PT), Morena, y Encuentro Social (PES) que tienen como candidato a Andrés López Obrador, que aún lidera los sondeos. En su contra se difundió una supuesta injerencia de Rusia en elecciones mexicanas como si fuera un hecho consumado. Esto es parte de una corriente de opinión a la que se prestan los medios afines a los intereses de Estados Unidos. En México es la primera vez que un candidato de izquierda vuelve a liderar las encuestas después de 30 años, pero es ampliamente cuestionado diariamente por los medios del país.

"Los medios de comunicación no son imparciales y eso lo debe entender la ciudadanía, estos actúan a partir de la voluntad del dueño del medio, que es socio de empresas cuyo interés necesita que la presidencia esté en manos de la derecha y por eso construye una percepción negativa de líderes progresistas"., acota en este caso el analista Chamarro.

- En Ecuador hubo recientemente un cerco mediático en contra de la difusión de la campaña del "No" la Consulta Popular, así como en contra del expresidente Rafael Correa y su militancia.

Más de mil 200 medios de comunicación invisibilizaron a Rafael Correa, quien siendo fundador de su partido Alianza PAIS, el CNE entregó el registro a Lenin Moreno, actual presidente de Ecuador. Correa fue despojado de su organización política. El mismo CNE retrasó la entrega de los recursos para la campaña del No y permitió que los medios de comunicación no difundieran la propaganda electoral que promovía Correa.

- El excandidato presidencial en Chile, Marco Enríquez Ominami, que estaba en los sondeos con 20 puntos por encima de Sebastián Piñera (presidente electo), fue mediáticamente atacado con base en elementos acusatorios de la justicia, investigado por presuntamente haber recibido aportes ilegales para financiar su campaña presidencial previa.


*Adalberto Santana, analista internacional mexicano e investigador de la UNAM
*Amauri Chamorro, periodista ecuatoriano, consultor experto en comunicación política y estratégica

ESPAÑA: Los jubilados, en pie de guerra por las pensiones

Los jubilados se manifiestan contra la subida del 0,25% de las pensiones

Sindicatos y la Marea de Pensionistas protagonizan movilizaciones en más de 70 puntos alrededor de toda España. La multitudinaria concentración a las puertas del Congreso en Madrid ha provocado que la policía acordone la zona

Gabriel Ubieto
EL PERIÓDICO  -  Barcelona - Jueves, 22/02/2018 | Actualizado a las 13:36 CET

Entre 3.000 y 4.000 pensionistas se han concentrado en las puertas del Congreso, bloqueando la entrada principal, a escasos tres metros de la puerta. / ATLAS VÍDEO

Miles de pensionistas han llenado durante el jueves 22 de febrero las principales plazas de más de una setentena de puntos alrededor de España en manifestaciones para protestar contra la subida del 0,25% de las pensiones por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy. La protesta la convoca la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y la secundan diferentes colectivos, como los principales sindicatos (CCOO y UGT).

En torno a un millar de jubilados han ocupado este jueves al mediodía la Plaza de las Cortes de Madrid frente al Congreso de los Diputados, cortando el tráfico en la Carrera de San Jerónimo, para reclamar "pensiones dignas" con subidas al ritmo de la inflación y derogando el actual índice de revalorización.

Choque con la Policía en la manifestación de Madrid

A gritos de "¡Ladrones, ladrones!" y con las manos en alto, los manifestantes han bajado por la calle hasta llegar a las puertas del Congreso, cortando el tráfico en la Carrera de San Jerónimo. Los jubilados han respondido los intentos de la Policía por contener su avance con gritos de "Somos pensionistas, no terroristas".


El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de diciembre de 2017 la revalorización de las pensiones en un 0,25% para el 2018, el mínimo legal previsto. Algo que los diferentes colectivos que secundan las protestas consideran insuficiente. "Es una vergüenza una subida tan insignificante mientras el gobierno del PP no duda en inyectar miles de millones de euros del erario público en rescatar autopistas privadas o para casos como el Castor", declara Laura Pelay, portavoz de UGT Catalunya.

La portavoz de UGT en Catalunya ha afirmado también que desde el sindicato están preparando una recogida de las cartas que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha enviado a los pensionistas notificándoles de las subidas medias mensuales de 1,64 euros en el caso de viudas y viudos y de 2,4 euros para el resto de pensionistas. El fin de la recogida es llevarle dichas cartas en persona al delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y devolverlas en señal de protesta.


Desde CCOO reclaman unas pensiones "dignas" y reivindican reabrir la negociación colectiva que supuso el Pacto de Toledo, para vincular la subida de las pensiones a la evolución del IPC. Así lo manifiesta Jaume Gabarró, responsable de organización de la federación de pensionistas y jubilados del sindicato, que ha reivindicado la titularidad y prestación pública del modelo.

Actualmente el 60% de pensionistas perciben una cantidad por debajo de los 1.000 euros al mes, de acuerdo a la estadística más reciente publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dentro de ese numeroso grupo, un 15% de los jubilados cobran un máximo de 500 euros.

Campaña de movilizaciones

Esta protesta se enmarca en un ciclo de movilizaciones en defensa de una mayor subida de las pensiones, que ya ha originado protestas en los días previos y que, en Catalunya, prepara dos movilizaciones unitarias más los próximos 6 y 15 de marzo. Dichas protestas están convocadas por la Plataforma Unitaria de la Gent Gran de Catalunya, que engloba sindicatos, asociaciones del tercer sector y plataformas vecinales.

Reclaman congresistas estadounidenses normalización de su Embajada en La Habana


Reclaman congresistas estadounidenses normalización de su Embajada en La Habana

«Es absolutamente esencial que regrese todo el personal a las embajadas y cuanto antes mejor», dijo  el senador demócrata Patrick Leahy, quien encabezó el grupo de congresistas estadounidenses que llegó a Cuba el 17 de febrero para sostener conversaciones con la parte cubana

21 de febrero de 2018 21:02:48

Los principales servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana permanecen paralizados desde septiembre pasado. Foto: Archivo

Una delegación bicameral del Congreso estadounidense abogó este miércoles por la normalización del funcionamiento de la Embajada de su país en La Habana, afectada por medidas unilaterales del Departamento de Estado que incluyeron la salida de 17 funcionarios cubanos de la misión diplomática en Washington.

«Es absolutamente esencial que regrese todo el personal a las embajadas y cuanto antes mejor», dijo a la prensa el líder del grupo, el senador demócrata por Vermont Patrick Leahy, quien lamentó que se hayan detenido o puesto en pausa algunos programas de cooperación entre los dos países.

Desde septiembre del 2017, la Embajada de Estados Unidos en Cuba limitó su funcionamiento y prácticamente paralizó los servicios consulares producto de la salida de la mayoría de su personal diplomático.

La decisión de Washington se intentó justificar con la supuesta ocurrencia de «ataques acústicos» contra sus funcionarios. Sin embargo, tras meses de investigaciones cubanas y estadounidenses no se ha logrado encontrar una sola evidencia sobre dichos acontecimientos ni tampoco pistas sobre las causas o el origen de las afecciones de salud alegadas.

El impacto de las medidas del Departamento de Estado era uno de los temas a tratar por la delegación, compuesta también por los senadores demócratas Ron Wyden, de Oregón, y Gary Peters, de Michigan, así como los representantes del partido azul James McGovern, de Massachusetts, y Susan Davis, de California.

El senador Wyden señaló que la delegación sostuvo largas sesiones de trabajo con las contrapartes cubanas que han investigado los supuestos incidentes.  Añadió al respecto que el mejor camino es que ambas partes colaboren para resolver el asunto.

Cuba «está dispuesta a dar la cooperación que queramos para descubrir qué pasó», añadió Leahy.

Desde que fueran notificadas, las autoridades cubanas mostraron su disposición a colaborar e incluso permitió el ingreso del FBI para conducir pruebas en el terreno.

El representante McGovern mostró preocupación por el tiempo que podría demorar llegar a conclusiones. «Demasiada gente está sufriendo tanto en Cuba como en Estados Unidos».  

«Fue un error el recorte de personal estadounidense en Cuba y la decisión de exigir la salida de diplomáticos cubanos de Washington», añadió.

En ese sentido, también criticó las alertas de viajes emitidas por el Departamento de Estado con el argumento de que los viajeros estadounidenses podrían resultar dañados, cuando Cuba es uno de los países más seguros para el turismo en el mundo.

«Ayer nos encontramos con estudiantes estadounidenses de la Universidad de La Habana. Ellos se sienten seguros. He hablado con el personal de negocios, se sienten seguros, y americanos trabajando en la sede diplomática aquí. Ellos se sienten seguros», dijo McGovern.

El senador Leahy recordó que ha ido a zonas peligrosas en el mundo entero e incluso a guerras, pero que siempre en esos casos lo hizo solo. A Cuba, en esta oportunidad, viajó con su esposa y su nieta de 13 años. «Nunca las pondría en riesgo».

Los legisladores estadounidenses sostuvieron un encuentro de trabajo con Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, según una nota oficial del Minrex.

«Con respecto a los síntomas de salud reportados por diplomáticos estadounidenses en La Habana, Cossío enfatizó que, como se ha dicho categóricamente, Cuba no atacó ni ha permitido  ataque contra diplomático de país alguno, incluido Estados Unidos», refiere.

Cossío explicó que la Mayor de las Antillas entiende la obligación de todo Estado de proteger a sus diplomáticos en el cumplimiento de sus funciones, pero afirmó que Cuba es «un país seguro, estable y saludable, para cubanos y para extranjeros, incluidos los diplomáticos; que el país cuenta con las medidas, con los recursos y con la voluntad de seguir protegiendo la seguridad ciudadana y la de los extranjeros radicados en el país, especialmente la comunidad diplomática».