El fallo
condena al extesorero a 33 años de cárcel, al cabecilla de la trama, a 51 años
y 11 meses y al partido como partícipe lucrativo. La sentencia destaca el
ascendente de Bárcenas y otros excargos del partido para amañar adjudicaciones
Ángeles Vázquez
EL PERIÓDICO
- Madrid - Jueves, 24/05/2018
| Actualizado a las 15:05 CEST
La Audiencia
Nacional ha dictado este jueves la peor sentencia que podía esperar el PP
por el 'caso Gürtel'. El fallo por las prácticas
corruptas cometidas entre 1999 y 2005, en Madrid, Castilla-León
y la localidad malagueña de Estepona, condena a su extesorero Luis
Bárcenas a 33 años y 4 meses de cárcel y a Francisco Correa
a 51 años y 11 meses de cárcel, pero también deja negro sobre blanco
que el Grupo Correa y el Partido Popular tejieron "un auténtico y eficaz
sistema de corrupción institucional" a través de la "manipulación de
la contratación pública central, autonómica y local".
El PP,
además, ha sido declarado partícipe de la trama a título lucrativo, porque se
benefició de los delitos, aunque ignoraba que se cometían, situación en la que
también se encuentra la exministra de Sanidad Ana Mato y Gema
Matamoros, esposa del exalcalde de la localidad madrileña de Majadahonda.
El partido tendrá que pagar 133.864 euros por la campaña que sufragó Correa en
ese municipio, para que fuera alcalde Guillermo Ortega (condenado a
38 años y 3 meses de prisión), y 111.864, al de Pozuelo, el exmarido de
Mato Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses). En este punto es donde el
ponente de la resolución, Ángel Hurtado, ha emitido un voto particular
discrepante por no compartir la condena del partido de Mariano Rajoy.
La
sentencia, que ha absuelto a ocho de los acusados, entre ellos a Álvaro
Pérez, conocido como 'El Bigotes', también ha condenado a la mano derecha de
Correa, Pablo Crespo, a 37 años y medio de prisión y a la mujer de
Bárcenas, Rosalía Iglesias, a 15 años y un mes. El ex consejero de
Deportes madrileño Alberto López Viejo, lo ha sido a 31 años y 9
meses de prisión, mientras que la exmujer de Correa Carmen Rodríguez
Quijano, a 14 años y 8 meses. El contable de la trama corrupta, José
Luis Izquierdo, cumplirá 17 años y 7 meses. La fiscalía Anticorrupción ya ha
solicitado la celebración de una vistilla para determinar si 16
de los condenados deben ingresar ya en prisión o se les impone otra medida
cautelar mientras la sentencia adquiere firmeza.
Colaboración estrecha y estable
Pero más
allá de las condenas, la sentencia es muy dura al describir que en los años
juzgados entre el Grupo Correa y el PP se tejió una estructura de
colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios
relativos a viajes, organización de eventos, dentro de lo que sería
la normal actividad de un partido político. Se creó, afirma, “en paralelo
un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de
mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y
local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de
dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los
procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados
entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través
de terceras personas”.
Por ello las
empresas de Correa o empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos
públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación
pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones
públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de
importantes beneficios a costa del erario público, “o bien comisiones cuando la
adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo
Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que
recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios
o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos,
viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se
beneficiaron también sus familiares”.
Parte de esas comisiones fueron a parar como donaciones
finalistas a la caja B del partido, afirma la resolución, que
aunque no debía juzgarlo dice al respecto que se trata de “en una
estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos
desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en
simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en
las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos
cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".
El abanico
de la corrupción
El tribunal,
que ha citado a todos los acusados entre este viernes y el lunes para
recibir en persona la sentencia, considera que la trama cometió todo el
abanico de delitos relacionados con la corrupción: asociación ilícita, fraude a
la administración pública, cohecho, falsedad documento mercantil, malversación
de caudales públicos, prevaricación, blanqueo, contra la hacienda pública,
tráfico de influencias, apropiación indebida y exacciones ilegales o intento de
estafa procesal.
Según la
sentencia, la actuación prevaricadora de los condenados se manifestó “de
cuantas maneras son imaginables para violentar los procedimientos de
contratación, de los que los fraccionamientos o la contribución en la
elaboración de los pliegos de prescripciones, o la preselección de empresas,
son una muestra clara de torcimiento del derecho, característico de la
prevaricación, que, además, tiene por finalidad detraer de los caudales
públicos que tienen bajo su custodia los acusados, y de la que han de ser
garantes, cantidades que sustraen para beneficio propio con merma para las
arcas municipales”, lo que ocultaban con un mecanismo generalizado
para emitir facturas que no respondían a servicios reales o estaban
infladas.
Correa cobró
8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el
periodo 2000-2008, lo que generó un importante perjuicio a las entidades
públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado “era mayor que
el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de
Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las
adjudicaciones”. Además, ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones
por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.
Para el
tribunal, Bárcenas era una pieza fundamental del “auténtico sistema de
defraudación del erario público” creado, ya que desde dentro del
partido podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la
adjudicación correspondiente, pero también la del exdiputado del PP por Segovia Jesús
Merino (3 años y 7 meses) y otros responsables políticos, como Ricardo
Galeote (7 años y 7 meses) en la localidad malagueña de Estepona o el
exdirector general de inmigración madrileño Carlos Clemente (5 años y
9 meses). La sentencia explica que estos cargos públicos "ejercían su
capacidad de influencia o imponían mediante la presión que les permitía el
abuso de las funciones propias de su cargo, las directrices idóneas para orientar
la oferta y las condiciones de los contratos a las conveniencias de las
empresas del grupo".
