jueves, 9 de agosto de 2018

REPORTE DESDE EL SALVADOR PARA RADIO HABANA CUBA DE 10 DE AGOSTO DE 2018



El martes de esta semana que concluye, en el tribunal segundo de sentencia de San Salvador, ha iniciado el juicio por presuntos actos de corrupción contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca – del período 2004 a 2009 -; junto a tres de sus exsecretarios presidenciales, Julio Rank, César Funes y Élmer Charlaix, así como otros tres exempleados de casa presidencial. La duración del proceso se preveía en unos dos meses.

La fiscalía les acusa de cometer los delitos de lavado de dinero y peculado en la administración de más de 300 millones de dólares provenientes de la partida de gastos reservados.

Luego de repetidas postergaciones por diversas razones argüidas por las partes para supuestamente completar las pruebas de cargo y descargo, ha iniciado la audiencia con una sorprendente novedad dada a conocer, tanto por la fiscalía como los abogados defensores, quienes han confirmado que Saca y los 3 exfuncionarios mencionados, negociaron un procedimiento abreviado del juicio que incluye la aceptación de su culpabilidad a cambio de la disminución en sus condenas.

Ante este nuevo escenario no se sabe cómo será el nuevo calendario o qué procedimiento judicial seguirá, luego que los implicados habrían rendido previamente su confesión extrajudicial y la ratificarían ante el juez del tribunal.

Según se cita en los diferentes medios y a partir del acuerdo de la fiscalía y los acusados, la pena de cárcel sería de 10 años para dos de ellos, es decir Saca y Charlaix, consistentes a 5 años por cada cargo; mientras que tan solo 5 años para Rank y Funes.

Según el código procesal penal salvadoreño, el procedimiento abreviado implica que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este procedimiento, implicando una reducción a la mitad del mínimo de la pena correspondiente.

Este mismo camino se encuentra pendiente de aprobación por parte del fiscal general para los otros tres exempleados, quienes también solicitaron el procedimiento abreviado.

En este país es inusualmente utilizado esta opción de aceptar la culpabilidad voluntariamente, pues la mayoría de casos se fundamentan en el principio de que se es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Por lo tanto esta maniobra utilizada en el acuerdo entre la fiscalía y la defensa para abreviar el juicio contra un expresidente no ha dejado más que causar suspicacias, indignación y rechazo de la población.

A esto se agrega, el conocerse que uno de los coordinadores de fiscales de la unidad de investigación financiera de la institución hubiera asegurado, al cierre del primer día del juicio en la etapa de alegatos iniciales, que se había demostrado que 7,650,000 dólares fueron desviados al instituto político que llevó al poder al exmandatario, es decir el partido Arena.

La afirmación está respaldada por documentos de soporte de las operaciones financieras que se realizaron en las cuentas del partido de derecha, que en la actualidad pretende recuperar el poder ejecutivo, y cuyo grupo parlamentario es el más numeroso de los que integran la asamblea legislativa.

La indignación de los salvadoreños ha brotado de voz en voz, y visiblemente en las redes sociales, tras conocerse el acuerdo legal alcanzado entre la fiscalía general de la república y los abogados defensores de los implicados del nominado caso destape a la corrupción, que implican al expresidente Elías Antonio Saca y a sus excolaboradores más cercanos.

Las razones que provocaron las críticas por parte de los salvadoreños fueron la significativa reducción de las penas carcelarias y de responsabilidad civil que se aplicarían a Saca y sus tres colaboradores más cercanos durante su gobierno. Según destacan diferentes medios, de más de 300 millones que fueron malversados, Saca González y sus compinches estarían obligados a responder solo por 25 a 30 millones de dólares.

Diversas cuentas de redes sociales, entre ellas de personalidades políticas y líderes de opinión, han criticado el acuerdo de la fiscalía, destacando que Saca ahora es un criminal confeso. Tal descontento también se refiere al desempeño de la fiscalía que cuenta con suficientes pruebas para enjuiciar al partido Arena y no lo ha hecho.

Una conocida abogada, que destacó por su papel como acusadora particular en el juicio contra el también confeso expresidente Francisco Flores Pérez, ha publicado un mensaje que afirma que si el sistema de justicia funcionara en este país, el partido Arena debería estar cancelado o en proceso de cancelación; por haber recibido fondos provenientes de hechos delictivos en dos periodos presidenciales, haciendo referencia a los casos  Flores y Saca.

En El Salvador se dará una situación inédita y nada de honrosa, pues por primera vez en la historia se condenará a un expresidente de la república luego de haber confesado los delitos cometidos; pero seguirá coexistiendo con la realidad que denunciaba monseñor Oscar Arnulfo Romero, próximo a la canonización, cuando dijo que la justicia salvadoreña es como la culebra, que solo muerde a los descalzos.

Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.


Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


¿Sueño o espejismo americano?


En el informe para el Consejo de Derecho Humanos de las Naciones Unidas, publicado el 1ro. de junio de este año, se comienza cuantificando que en Estados Unidos hay, en estos momentos, más de 40 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 18,5 millones viven bajo el umbral de la pobreza extrema

GRANMA  -   Daina Caballero | internet@granma.cu
7 de agosto de 2018

En EE.UU. 40 millones de personas viven en situación de pobreza. Foto: Archivo

Ressy Finley, de 41 años, estaba ocupada esterilizando el balde blanco que usa para bañarse en su tienda en la que ha vivido durante más de una década.

Ella mantiene su sala de estar, una masa de colchones y mantas gastadas y algunas posesiones variopintas, lo más limpio que puede en una batalla perdida contra ratas y cucarachas. Ella también soporta olas de chinches, y tiene grandes verdugones en su hombro para probarlo.

Ella no recibe ingresos formales, y lo que gana reciclando botellas y latas no es suficiente para pagar el alquiler promedio de 1 400 dólares al mes por una habitación pequeña. Un amigo le trae su comida cada dos días, el resto del tiempo depende de misiones cercanas.

Esta historia fue una de las que publicara el diario The Guardian, al participar en una gira por Estados Unidos junto al relator de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, quien evaluaba este fenómeno social en «la nación más rica del mundo».

En el informe para el Consejo de Derecho Humanos de las Naciones Unidas, publicado el 1ro. de junio de este año, Alston comienza cuantificando que en Estados Unidos hay, en estos momentos, más de 40 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 18,5 millones viven bajo el umbral de la pobreza extrema, víctimas de las condiciones de exclusión, inequidad y baja movilidad social que impera en ese país.

Las tasas de mortalidad infantil en EE. UU. siguen siendo las más altas en el mundo desarrollado. Las enfermedades tropicales desatendidas, incluyendo el Zika, son cada vez más comunes en esa nación. Se estima que unos 12 millones de norteamericanos viven con una infección parasítica desatendida.

En términos de acceso al agua potable y saneamiento, EE. UU. ocupa el puesto 36 en el mundo y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), está en el escalón 35 de 37, en términos de pobreza y desigualdad, según ese informe.

Las cifras son alarmantes, pero su sistema, ese del «sálvese quien pueda», no es capaz de generar mecanismos que promuevan una mayor equidad y justicia social.

«Los ricos son industriosos, emprendedores, patrióticos y los impulsores del éxito económico. Los pobres son derrochadores, perdedores y estafadores.

Como consecuencia, el dinero que se invierte en bienestar social es dinero tirado a la basura», dice Richard Canán en su artículo La pobreza en Estados Unidos.

Bajo esta línea de exclusión resaltan los más de 13 millones de niños que viven permanentemente en condiciones de pobreza o los más de 500 000 indigentes que viven en las calles, principalmente en New York, Los Ángeles y San Francisco.

«Un niño que nace en la pobreza no tiene casi ninguna posibilidad de salir de ella en los Estados Unidos de hoy», ha aseverado Alston.

Asimismo, se conoce que en el país más rico del mundo hay 553 000 personas sin hogar, según el último censo del Departamento de Vivienda, publicado a principios de diciembre por la OCDE.

En el problema de los sin techo, en concreto, Alston considera que las cifras oficiales son inferiores a las reales. El relator critica la criminalización de la pobreza debido a arrestos por delitos menores de personas que viven en la calle.

La pobreza extrema y la desigualdad de EE. UU.  son el resultado de las políticas acumuladas durante varios años, pero están a punto de empeorar bajo las propuestas respaldadas por la administración de Trump, para reformar los impuestos y recortar los programas de bienestar y asistencia médica.

Las políticas fiscales impulsadas por el nefasto presidente Trump, los recortes presupuestarios y la reforma del sistema sanitario, aumentarán enormemente los ya altos niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos entre el 1 % más rico y el 50 % más pobre de los norteamericanos.

El «sueño americano» parece hecho a la medida de quienes tienen y pueden, los que mandan. La noción de democracia y plenas libertades se tornan en una construcción mediática, una farsa muy bien montada para mantener engañados a sus ciudadanos y embaucar a los ilusos.

Los ingenuos no se percatan que allí, en el país más poderoso del mundo, también existe la atrofiada pirámide, en cuya cúspide hay solo unos pocos, mientras que en la base sobreviven millones de personas. Para ellos el sistema solo deja entrar a cuenta gotas.

¿Será que el sueño americano se está convirtiendo rápidamente en el espejismo americano? Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo y la «tierra de la oportunidad», se está convirtiendo en el campeón de la desigualdad.

LA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE LA POBREZA EN ESTADOS UNIDOS:

- Las familias afroestadounidenses que están en la pobreza (22 %) son el doble que las familias blancas.

- 19 % de las familias hispanas están en situación de pobreza.

- Las mujeres (14 %) tienen más probabilidades de estar en la pobreza que los hombres (11 %).

- Las tasas de pobreza van del 11 al 14 % en las grandes regiones del noreste, sudeste, centro-oeste y oeste del país.

- Muchos condados, principalmente en el sudeste y sudoeste, tienen tasas de pobreza de más del 25 %.


Puerto Rico: El saldo mortal del huracán María fue de 1.400 y no de 64


RT  -   9 agosto 2018 13:44 GMT

El saldo mortal del fenómeno climático ocurrido hace 11 meses ha sido foco de debates en el país caribeño.

Edificios dañados después del paso del huracán María cerca de Utuado, Puerto Rico. 10 de octubre de 2017. Lucas Jackson / Reuters

El huracán María se cobró la vida de más de 1.400 personas el año pasado y no 64, cómo se reportó anteriormente, ha reconocido el Gobierno de Puerto Rico.

La lúgubre estadística que dejó el fenómeno atmosférico que azotó la isla caribeña hace 11 meses fue incluida sin declaraciones altisonantes en un informe presentado por el Gobierno al Congreso esta semana y en el que detalló un plan de reconstrucción por 139.000 millones de dólares.

El silencioso reconocimiento fue reportado por primera vez por The New York Times el jueves pasado, indica AP.

Hasta el momento el Gobierno había admitido oficialmente la muerte de 64 personas. El saldo mortal del fenómeno climático que causó un apagón eléctrico y severas inundaciones ha sido foco de debates a los que el Gobierno quería poner fin con un estudio que debe ser publicado en las próximas semanas.