miércoles, 31 de julio de 2019

BLOQUEO NAVAL A CUBA ¿TRUMP SABE ADONDE VA?


Jorge Gómez Barata

El bloqueo naval es la medida más extrema que puede ser adoptada contra una isla. Hasta ahora se conocían tres maneras de hacerlo: (1) ocupar con naves militares los accesos marítimos, (2) decretar una zona exclusión naval, y (3) minar los puertos, como hizo Estados Unidos en Vietnam. Aconsejado por John Bolton y Marcos Rubio, Donald Trump aplica una cuarta manera que es mediante sanciones a los buques y los armadores de terceros países.

A principios del mes de abril de 2019, Estados Unidos sancionó a 34 buques y dos compañías por transportar petróleo a Cuba. Desde entonces la lista ha crecido, agregando embarcaciones, armadores, países con cuyas banderas navegan los barcos, firmas comerciales, y aseguradoras.

Se trata de un hallazgo demoníaco, que sin utilizar efectivos militares, puede establecer un cerco total.

Quizás haga falta recordar que Cuba es una isla de economía abierta, dependiente en grado sumo del comercio exterior, que se realiza exclusivamente por vía marítima. Por añadidura, desde hace 60 años soporta un bloqueo económico, comercial, y financiero impuesto por Estados Unidos con ramificaciones mundiales.

En los primeros treinta años de vigencia del bloqueo, la economía de la isleña operó amparada en la asistencia de la Unión Soviética y las relaciones económicas y comerciales con los países socialistas de Europa Oriental, que disponían de grandes flotas de travesía, a lo cual se sumaba una marina mercante propia, que en los años ochenta llegó a disponer de 127 buques con más de un millón y medio de toneladas a flote.

En los últimos treinta años, desde que sucumbieron los regímenes socialistas de Europa Oriental y colapsó la Unión Soviética, privada de cualquier asistencia y de acceso a las organizaciones financieras y de inversión extranjera, Cuba ha sobrevivido básicamente con sus propios recursos, entre ellos la exportación de servicios técnicos, principalmente médicos, a países como Venezuela, Brasil, Sudáfrica y otros, desarrollando el turismo, exportación de medicamentos y otras producciones en pequeña escala, con lo cual obtiene básicamente petróleo, alimentos, y algunas materias primas.

  Esa supervivencia, ciertamente precaria, se ha logrado a pesar de los obstáculos que representa el bloqueo de los Estados Unidos recientemente acrecentado con la aplicación del Capitulo Tres de la ley Helms-Burton. Ir más allá e impedir el comercio marítimo, puede representar el límite de lo admisible.

En 1962, durante la Crisis de los Misiles, el presidente John F. Kennedy desoyó las presiones de los halcones de su gabinete para que bombardeara la Isla y las instalaciones nucleares soviéticas mediante bombardeos masivos, y ordenó un bloqueo total a la Isla para impedir que ingresaran nuevos armamentos. De ese modo se estableció una barrera ante la cual las naves soviéticas serian inspeccionadas, deteniendo a los que transportaban armas, y dejando pasar los demás.

Kennedy trataba de preservar la seguridad de su país, no matar de hambre a los cubanos.

Ignoro si Donald Trump se ha percatado de que un bloqueo naval a Cuba, que impida por vía de sanciones a terceros el arribo de embarcaciones, puede conducir a tensiones políticas bilaterales al límite, radicalizar a las autoridades cubanas, y empujarlas a decisiones extremas, así como desatar una crisis humanitaria.

A la altura del siglo XXI, la búsqueda de soluciones políticas con métodos barbaros, no solo son erróneas e injustas, sino que desmienten la condición humana. Allá nos vemos.

La Habana, 31/07/2019


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El presente artículo fue publicado por el diario ¡Por Esto!

Las barbaridades del bárbaro


Por Eric Nepomuceno - Desde Río de Janeiro
Página 12  -  30 de julio de 2019

Bolsonaro ocupa desde enero el sillón presidencial de Brasil.  (Imagen: AFP)

Un buen amigo mío suele decir que hay límites para todo, incluido para sacar dinero en cajeros automáticos.

El presidente Jair Bolsonaro lo desmiente. Cada día de hartas y pruebas de su capacidad de disparar estupideces y aberraciones carece de cualquier límite.

A lo largo de sus casi treinta años como diputado nacional, ese primado ultraderechista que desde enero ocupa la presidencia brasileña mera atención gracias a esa capacidad. Esa es la razón exclusiva: en todos esos años exclusivamente, solo dos proyectos de ley, ambos rechazados por sus pares.

Las perlas disparadas son del tipo "el período militar" (él nunca se refirió a la dictadura que duró de 1964 a 1985 como dictadura) cometió algunos errores. Torturar fue un equívoco: haber tenido fusilado a lo menos unos treinta mil, empezando por Fernando Henrique Cardoso '.

O cuando se solicite una diputada, diciendo "'no te estupro porque no lo mereces", o confesar que utilizaba el auxilio vivienda a que todo diputado tiene derecho' para comer gente ', en referencia a pagar prostitutas. O cuando dijo que prefería un hijo muerto a un hijo gay. La lista de ejemplos sigue y es casi infinita.

Pese a esa conducta olímpicamente absurda ya su desequilibrio incontestable emocional (bueno: emocional, en el mejor de los casos ...), fue electo para presidir el país más extenso, más poblado y de economía más fuerte de nuestro continente.

Lo mínimo que se podría esperar entonces de similar esperpento es que trata de contener sus ímpetu de producir una aberración tras otra. O que alguien lo contuviese.

Qué va: ni se contuvo ni nadie lo contiene.

En todos esos días no hizo más que dejar en evidencia lo que los mínimamente informados sabían: Jair Bolsonaro es un descerebrado que no tiene absoluta idea no solo de lo que es presidir una nación, como tampoco las reglas que determinan la liturgia del cargo que ocupa. Tampoco tiene la menor idea de lo que es la convivencia social, e ignora cualquiera de las bases más elementales de educación. Por si fuera poco, sus relaciones con la realidad son inexistentes.

A lo largo de los últimos diez días propició otra formidable secuencia de falsedades, perjuicios y, claro, sarcasmo.

Pero nada comparable a la secuencia disparada ayer, cuando su metralleta de barbaridades actuó con precisión absoluta.

Por la mañana, dijo que el periodista norteamericano Glenn Greenwald cometió delito al publicar en su revista digital 'The Intercept' audios y textos filtrados de los celulares tanto del entonces juez (actual ministro de Justicia) Sergio Moro y de los fiscales. Ese material deja absolutamente claro que Moro era el verdadero coordinador de la 'Operación Lava Jato' que condenó a Lula sin pruebas y lo mandó a la cárcel, abriendo espacio para la elección de una sociedad.

Greenwald fue el responsable de divulgar los papeles del 'caso Snowden', lo que le valió el premio Pulitzer, auge del reconocimiento periodístico. Vive en Brasil desde hace quince años, y está casado con David Miranda, diputado nacional por el izquierdista Partido Socialista y Libertad (PSOL).

El pasado viernes Bolsonaro ya había afirmado que 'a lo mejor' Greenwald podría ser detenido. Ayer reforzó la presión.

Alrededor del mediodía avanzó contra Felipe Santa Cruz, presidente nacional de la OAB (Orden de los Abogados de Brasil). En un surto de agresividad, recordó que se trata del hijo de Fernando Santa Cruz, militante de la resistencia de izquierda a la dictadura desaparecida luego de haber sido detenido en 1974, auge de la dictadura. 'Si él quiere, el cuento lo que tendría con el padre. Cuento la verdad sobre su padre. Él no querrá oír, pero cuento '.

Cuando Fernando fue detenido y luego desaparecido, su hijo tuvo dos años. Bolsonaro, de 19 años, estaba en la academia del Ejército.

Las reacciones a lo dicho por el presidente fueron inmediatas, y todas absolutamente negativas. Fue clasificado por el abogado Miguel Reale Junior, que puede ser señalado de cualquier cosa menos de izquierdista o incluso progresista, como un caso clarísimo de un insano mental.

Por la tarde, Bolsonaro suspendió un encuentro con el ministro francés de Relaciones Exteriores. Prefirió aparecer vía redes sociales con su peluquero cortándole el pelo en el despacho presidencial.

Y contó, entonces, lo que pasó con el padre de Felipe Santa Cruz: 'vino a Río sin avisar a su organización. Cuando lo vieron en Río, sus compañeros desconfiaron que habían pasado por el lado nuestro (en referencia a la dictadura). Y lo mataron. Lo supe de militares que sabían '.

Felipe Santa Cruz avisó que presentó acciones a la Corte Suprema para que el presidente revele dónde están los restos mortales de su padre.

¿Quién contactará al servicio de emergencia psiquiátrica?

Bolsonaro es un tipo sin límites en su barbaridad.

martes, 30 de julio de 2019

Se intensifica movimiento en Brasil a favor de la destitución de Bolsonaro


Radio Rebelde  -  2019-07-30 12:53:33 / web@radiorebelde.icrt.cu


El discurso fascista del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, generó una reacción negativa generalizada en los medios jurídicos y políticos, así como en la sociedad del país, al punto de convertir en orden del día un juicio parlamentario o impeachment para apartarlo del cargo.

El pedido de juzgar a Bolsonaro en el Congreso con vistas a destituirlo sigue a la ofensa que hizo al presidente de la Organización de Abogados, Felipe Santa Cruz, a quien ofreció decirle cómo su padre desapareció en tiempos de la dictadura militar. Bolsonaro era entonces miembro de las fuerzas armadas, y a lo largo de su trayectoria política posterior ha minimizado en múltiples ocasiones los crímenes de la dictadura, que él no considera como tal, y ha elogiado a conocidos torturadores. Según Bolsonaro, Fernando Santa Cruz fue miembro del grupo más sanguinario y violento de la guerrilla de Pernambuco, aseguró que el joven murió en un ajuste de cuentas interno de la izquierda, y recriminó que se culpara a los militares de entonces por todo lo que ocurrió.

Sin embargo, un documento secreto de la fuerza aérea desmiente esa versión de Bolsonaro, al atestiguar que Santa Cruz fue detenido por la dictadura el 22 de febrero de 1974 en Río de Janeiro. De acuerdo con otro informe en poder de la Comisión Nacional de la Verdad, Santa Cruz estaba bajo custodia del Estado cuando fue asesinado, y su cuerpo fue incinerado en un central azucarero en la localidad de Campos.

En respuesta a lo que considera una agresión gratuita en su contra, la memoria de su padre y la democracia en el país, el presidente de la Asociación de Abogados de Brasil, Felipe Santa Cruz, demandó al Tribunal Supremo de Justicia que ordene a Bolsonaro contar todo lo que sabe sobre la desaparición del entonces estudiante de 26 años.

La Convención de Ginebra establece el derecho de las familias de conocer el destino de sus miembros, al término de un conflicto, bien como obligación de las partes envueltas en esas hostilidades a localizar las víctimas, o de sus restos si su paradero se desconoce. Dado que crímenes de esa naturaleza no prescriben en el tiempo, el mismo Bolsonaro, sin quererlo, dejó la puerta abierta para reabrir la investigación sobre la ejecución de Fernando Santa Cruz.

Entre tanto, líderes de varios partidos políticos, desde la izquierda hasta la centroderecha, medios judiciales, e incluso parlamentarios afines a Bolsonaro, repudiaron al mandatario por decir que sabe cómo asesinaron a Santa Cruz, defender prácticamente su ejecución, hacer apología de un crimen cometido por el Estado y ofender la memoria de todos los desaparecidos políticos durante la dictadura militar.

Para la ex presidenta depuesta, Dilma Rousseff, hubo una deliberada falta de respeto a los límites institucionales y morales por parte de Bolsonaro, con sus declaraciones vergonzosas, inhumanas y cómplices.

Ante el discurso de odio y brutalidad de Bolsonaro, la periodista Helena Chagas llamó a defender la democracia y los valores duramente conquistados en Brasil, con años de mucho sufrimiento y muchas vidas cegadas, para derrocar a la dictadura.

La filósofa Marcia Titubir advirtió que el volumen de ataques verbales en el límite de la locura vertidos por Bolsonaro, están en su nivel más alto desde que ascendió a la presidencia, y lo describió como un retrasado mental sin frenos que conduce a una nación gigante hacia el abismo.

El cofundador del portal digital The Intercept, Glenn Greenwald, denunció al mundo que el país sudamericano está comandado por un sociópata, y destacó la existencia en Brasil de un frente amplio de partidos y de juristas que quiere liberar al país de la amenaza fascista, apartando de la presidencia a Bolsonaro.

Para el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta, Bolsonaro demuestra que no tiene ningún aprecio por la democracia, y debe ser destituido, en tanto que criminal que adora a genocidas, torturadores y dictadores.

(Noticiero Nacional de Radio)

WASHINGTON SE CONFIRMA TERRORISTA


Por Manuel E. Yepe

Poco después de que el gobierno venezolano denunció que los enormes apagones ocurridos en marzo fueran causados por ataques cibernéticos y electromagnéticos, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que allanaba el camino para que se investigaran y defendieran las infraestructuras críticas de su país ante ofensivas extranjeras por pulso electromagnético.

La iniciativa tomó por sorpresa a muchos, ya que las armas de pulso electromagnético (EMP, por sus siglas en inglés) parecen cosa de películas y no amenazas reales.

Desde el año 2001, el Congreso de EEUU ha venido evaluando los posibles riesgos de un ataque con EMP contra EEUU mediante una Comisión integrada por científicos, ingenieros y operadores corporativos íntimamente ligados a la estructura del Departamento de Defensa y contratistas privados vinculados con el complejo industrial-militar.

Los informes producidos por la Comisión estudian un ataque EMP de gran altitud (la llamada Bomba de Arco Iris), capaz de producir un apagón con poder similar a la descarga de un rayo (50 mil voltios por metro) y a la explosión de una bomba atómica a unos 700 kilómetros de altura sobre el objetivo.

También se mencionan armas EMP en pequeña escala, con capacidad de dañar áreas específicas como el sistema eléctrico, las telecomunicaciones, la banca y las finanzas, la industria del petróleo y el gas, las infraestructuras de transporte, alimentos y agua, y los servicios de seguridad y emergencia, así como los de gobierno de cualquier país.

El primer informe ejecutivo de la Comisión fue publicado en 2004 con consideraciones bastante generales sobre las posibles consecuencias de la Bomba de Arco Iris sobre EEUU, en el que se califica al ataque EMP de “actividad terrorista” que usa una pequeña cantidad de armamento nuclear para producir un impacto catastrófico en la sociedad.

Los escenarios de colapso electrónico y eléctrico están descritos con prolijidad, y relacionados con algunos desastres naturales y provocados por el hombre que han ocasionado efectos similares en la historia reciente de Norteamérica.

Con la misma vehemencia con que EEUU se preocupa por los ataques electromagnéticos, que analiza como inminentes, el gobierno venezolano denuncia la posibilidad de un ataque con EMP contra el sistema de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri.

En el informe se hace hincapié en el hecho de que la red eléctrica de EEUU está profundamente conectada a todas las actividades de la sociedad y la economía, como en muchos otros lugares del mundo (incluyendo Venezuela). En EEUU, la distribución de cargas se divide en tres, siendo el estado (petrolero)  de Texas el eje central de una red con 300 millones de usuarios que de ella dependen.

Ello significa que una modesta alteración al sistema eléctrico puede causar un colapso funcional, de consecuencias catastróficas.

Así como se denunció  con respecto al ataque contra la Central Hidroeléctrica Guri, Estados Unidos sostiene que la red eléctrica de su país pudiera ser  atacada “usando información de las operaciones en los sistemas de control”, es decir, debe haber mano interna que asista la operación terrorista.

Es tanta la capacidad de una pequeña arma EMP que, sin el uso de la Bomba de Arco Iris, pudiera tener lugar un ataque a un objetivo preciso en el sistema eléctrico de Estados Unidos que deje sin luz al 70% de su territorio en un abrir y cerrar de ojos.

De hecho, la Comisión admite que un ataque pequeño de EMP puede causar estragos eléctricos y electrónicos similares a los que dejó el Huracán Katrina (2005), que dejó a unas 4 millones de personas sin luz en unos 233 mil km² de EEUU, un área equivalente al del Reino Unido.

Los medios antichavistas han ridiculizado las denuncias de ataques cibernéticos y electromagnéticos en Venezuela, lo que demuestra, o ignorancia sobre las nuevas tendencias de la industria militar con estas tecnologías en el contexto de una nueva “guerra fría”, o que operan como blanqueadores de información y escenario ante unos consumidores de noticias sin ninguna lectura crítica de los hechos.

Ni la Comisión formada en 2001 ni la reciente Orden Ejecutiva de Trump se habían interesado por estas armas, ya sea por las vulnerabilidades propias o por sus prospectivas ofensivas en el futuro.

Pero la carrera armamentística y por el desarrollo tecnológico entre potencias hoy atraviesa por este esquema de armamentos que suena a películas de ciencia-ficción. Y esta industria armamentística forma parte de una dimensión mucho más actual que las mostradas por Hollywood.

La Habana, Julio 29 de 2019

Especial para el diario POR ESTO! de Mérida, México.

TODAS LAS OPCIONES, MENOS LA OPCIÓN CERO


Jorge Gómez Barata

A principios del mes de abril Estados Unidos sancionó a 34 buques y dos compañías por transportar petróleo a Cuba. Desde entonces la lista ha crecido, agregando embarcaciones, armadores, países bajo cuyas banderas navegan los barcos, firmas comerciales, y aseguradoras.

Tratándose de una isla y del petróleo, semejante cerco naval es letal.

Aunque de otra manera esta situación se enfrentó cuando a fines de la década de los ochenta del siglo XX sucumbieron los regímenes socialistas de Europa Oriental, con todos los cuales Cuba mantenía relaciones económicas, comercio fluido, y acuerdos de colaboración. En 1991 colapsó la Unión Soviética. Todos esos países no solo se apartaron de la Isla, sino que se convirtieron en sus críticos y adversarios, sumándose conscientemente al bloqueo de los Estados Unidos. Fidel Castro lo llamó “Doble bloqueo”.

Además del petróleo faltaron alimentos, entre ellos la leche imprescindible para bebes, niños, y ancianos, y los medicamentos de los cuales los enfermos no pueden prescindir. Entonces se detuvieron los envíos de materias primas, piezas de repuesto, y todo lo demás. La economía cubana entró en caída libre, y los apagones sumaban largas horas. Fidel Castro llamó a la resistencia y el pueblo respondió.

Como paliativos se previeron iniciativas como “ollas colectivas” traslados a pie o en bicicletas, desarrollo de la medicina verde, y otras medidas, tan heroicas como trágicas. Así se instauró el llamado “Período Especial”, una categoría de la nomenclatura militar, concebida para circunstancias de guerra, a la que sin embargo se acudió sin que tronaran los cañones.

De ese modo se llegó a lo que entonces de se llamó “Opción cero”, caracterizada por cero petróleo, que significaba cero todo. Sin petróleo se detenía la industria y la actividad agrícola, cesaba la generación de electricidad, se paralizaba el transporte automotor, aéreo, y ferroviario, era preciso detener las construcciones, afectar las comunicaciones y el bombeo de agua, el funcionamiento de los acueductos, y olvidarse de la recogida de basura. Todo ello tenía un impacto directo sobre el funcionamiento de centros de salud y educacionales.

Una crisis de tales proporciones obligó a medidas extremas, incluso concebir y planificar la evacuación de La Habana, donde sin agua, electricidad, ni comida sería imposible vivir. Ante la tragedia, los amigos reaccionaron y comenzaron a llegar donaciones, ante lo cual Estados Unidos respondió aprobando en 1992 la Ley Torricelli, que entre otras cosas penalizaba los barcos que entraran en Cuba, que luego no podrían hacerlo en puertos de los Estados Unidos. Europa se sumó, y en 1996 introdujo la “posición común” contra Cuba.

Para la pregunta ¿qué hacer? no hay respuestas fáciles, ni puede ser saldada con consignas o llamados. Como se sabe es preciso resistir, teniendo en cuenta que resistir no es sufrir, ni la resistencia es un programa político, sino una eventualidad.

Es preciso movilizar apoyos y conquistar espacios para la denuncia, entre otras cosas promover la convocatoria y encontrar copatrocinios para una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y buscar barcos, incluso comprándolos a Venezuela, que una vez registrados en puertos cubanos e inscriptos en el Registro Internacional de Buques, naveguen bajo bandera cubana y con tripulaciones propias. Se tratará entonces de naves que no pueden ser sancionadas ni intimidadas.

No hacen falta 30 buques. Maracaibo está a unos a unos mil kilómetros, y se navega por aguas abiertas, donde es posible ofrecer protección a los navíos.

A la vez que se resiste, se movilizan los apoyos y se reiteran las propuestas negociadoras es bueno advertir que todas las alternativas permanecen abiertas, menos la “opción cero”. Allá nos vemos.

La Habana, 29 de julio de 2019

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El presente artículo fue publicado por el diario ¡Por Esto!

lunes, 29 de julio de 2019

Bolsonaro: "Si el presidente del Colegio de Abogados quiere saber cómo desapareció su padre durante el período militar, se lo diré"


RT  -   29 jul 2019 20:05 GMT

"No va a querer saber la verdad", amenazó el mandatario brasileño. Amnistía Internacional denuncia las declaraciones del ultraderechista y pide que "se asuman responsabilidades".

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia, Brasil. 24 de julio de 2019. Adriano Machado / Reuters

El Jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este lunes que "un día" contará al presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, de qué manera despareció su padre durante la dictadura militar (1964-1985) en el gigante latinoamericano.

"Si el presidente del Colegio de Abogados quiere saber cómo desapareció su padre durante el período militar, se lo diré", dijo Bolsonaro, quien consideró que Santa Cruz "no va a querer saber la verdad" sobre su progenitor, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira.

El mandatario hizo estas declaraciones mientras opinaba sobre el proceso judicial de Adelio Bispo, autor de la puñalada que recibió cuando era candidato presidencial en plena campaña electoral en 2018. En junio, un juez absolvió a Bispo tras concluir que no era imputable debido a sus trastornos mentales, aunque ordenó su reclusión en un manicomio.

"¿Por qué la OAB impidió que la Policía Federal llamara a uno de los carísimos abogados [de Bispo]? ¿Cuál es la intención de la OAB?", cuestionó Bolsonaro, quien, sin ser preguntado, comenzó a hablar sobre el padre del presidente de la Orden de Abogados de Brasil. "Su padre se unió a Acción Popular, el grupo más sanguinario y violento de guerrilleros de Pernambuco, y desapareció en Río de Janeiro", comentó.

Defensa de los derechos humanos

"Lo que realmente molesta a Bolsonaro es nuestra defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, las minorías y otras cuestiones de la ciudadanía en las que insiste en atacar", señaló en Twitter el presidente de la OAB.

"Por último, digo que lo que une a nuestras generaciones, la de mi padre y la mía, es el inquebrantable compromiso con la democracia, y estamos listos para los mayores sacrificios. Nos guste o no el presidente", aseveró. 

Santa Cruz Oliveira desapareció en 1974, según datos del diario Folha de S. Paulo, tras ser arrestado junto a un amigo por agentes de el Departamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de Defensa (DOI-Codi), órgano de represión durante la dictadura.

El padre del presidente de la OAB -que tenía dos años cuando desapareció su progenitor- era estudiante de derechoy funcionario del Departamento de Aguas y Energía Eléctrica, además de integrante de Acción Popular Marxista-Leninista (APML), organización contraria al régimen militar.

En los informes de la Comisión Nacional de la Verdad, responsable de investigar las muertes y los desaparecidos durante la dictadura, no hay registro de que Santa Cruz Oliveira hubiese participado en la lucha armada.

"Brasil tiene que asumir responsabilidades"

Amnistía Internacional denunció las declaraciones de Bolsonaro. "Es terrible que el hijo de un desaparecido por el régimen militar tenga que escuchar declaraciones tan duras del presidente de Brasil, que debería ser el máximo defensor del respeto y de la Justicia en el país", declaró la directora ejecutiva de AI Brasil, Jurema Werneck.

"Brasil tiene que asumir su responsabilidad y adoptar todas las medidas necesarias para que casos como este se lleven ante la Justicia. El derecho a la memoria, justicia, verdad y reparación a las víctimas, supervivientes y sus familias debe ser defendido y promovido por el Estado brasileño y sus representantes", señaló. 

El ultraderechista nunca ha ocultado su admiración por la dictadura militar que vivió Brasil. De hecho, uno de los episodios más controvertidos de su carrera política, y explotado durante la campaña electoral por sus adversarios, ocurrió en el 2016.

Bolsonaro, en memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los torturadores más sanguinarios de la dictadura militar, se mostró a favor de la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff, víctima de torturas durante ese periodo.

domingo, 28 de julio de 2019

Cuáles son las causas por corrupción que involucran a Macri


El Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair son algunas de las investigaciones en las que figura el Presidente  

Cuando termine la feria judicial,  deberían reactivarse los expedientes. Por el fraude al Correo, los Macri deben unos 4.800 millones de pesos. En cambio, por las ventas privilegiadas de otras empresas durante su gobierno, las empresas ligadas al Presidente ganaron millones de dólares. 

Por Irina Hauser, Sofía Caram y Raul Kollmann
Página 12  -  28 de julio de 2019 · Actualizado hace 17 min

El presidente Mauricio Macri. Imagen: Leandro Teysseire

Dentro de ocho días, la justicia debería avanzar sobre los gravísimos casos de corrupción en los que está involucrado Mauricio Macri, su grupo empresario y los funcionarios que lo rodean. Los escándalos suman, como mínimo, 11.000 millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo --que data de 2001, hace 18 años--, en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos. También figura la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones de pesos. En la maniobra tramposa utilizaron sociedades armadas incluso en Luxemburgo y un insólito préstamo de 5 millones de dólares al hermano presidencial. En el listado aparecen las manipulaciones con la participación del Grupo Macri en Ausol, la empresa más importante de peajes. De ese negociado se llevaron, también irregularmente, 2.300 millones de pesos, después de aumentar el peaje 250 por ciento, la acción que vendieron pasó de 4 pesos a 75,50 pesos. No menos escandalosa fue la venta de Macair (Macri Air) a Avianca, aceitada con la promesa del propio gobierno de Macri de otorgarle 36 rutas aéreas, lo que le permitió una ganancia adicional de 460 millones de pesos. Avianca hoy dejó de volar y hay 200 empleados que no cobran hace dos meses. En el paquete irregular entra también lo surgido de Panamá Papers, donde no se pueden explicar otros 460 millones de pesos transferidos entre sociedades fantasmas creadas por el Grupo Macri en Panamá, Bahamas, Brasil e Italia. Para tapar tantos casos de corrupción y evasión, el presidente contó con el respaldo del aparato de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente el escándalo y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando termine la feria judicial.

Fraude en el Correo

Mauricio Macri, gobierno, y Mauricio Macri, Correo, fueron sorprendidos cuando, estando de los dos lados del mostrador, trataron de cancelar toda la deuda que el Grupo Macri traía de 2002 por cánones que nunca pagó. Lo que deben los Macri, como mínimo, suma unos 4.800 millones de pesos.

La jugarreta -en la que se interpuso la fiscal Gabriela Boquín-- motivó una causa penal en la que fueron indagados, por el juez Ariel Lijo, el entonces titular del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, el director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, Juan Mocoroa, el presidente del Correo (Grupo Macri), Jaime Cibils Robirosa, y el tradicional apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher. La indagatoria se concretó en marzo, hace más de cuatro meses, y sin embargo el magistrado todavía no resolvió los procesamientos por la maniobra que incluye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

En paralelo, respecto de la deuda misma, el Grupo Macri ofreció pagar 296 millones, que es lo que debía en 2002, pero sin tener en cuenta por ahora los intereses y actualizaciones que sumarían más de 4.500 millones, aunque hay cálculos que estiman la cifra en mucho mayor.

El Grupo Macri dice que pagaría intereses y actualizaciones si le gana juicios al estado por la estatización del Correo. Se trata de otra maniobra, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de esos juicios los empezó después de 2016, cuando ya negociaban con el actual gobierno.

La Procuración del Tesoro, en manos de un allegado al Grupo, el histórico abogado de los Macri, Bernardo Saravia Frías, tiene que responder sobre la burda oferta del Correo. Pero el caso va de escándalo en escándalo: la quiebra del Grupo Macri debió decretarse transcurridos dos años y el proceso ya lleva 18. Es el proceso de concursos y quiebras más largo de la historia argentina.

Estafa en el peaje II

Las maniobras con los peajes fueron asombrosas con el increíble aumento de las tarifas y la venta de acciones, pero hay una causa que ahora cobró vuelo. Antes de la feria judicial, el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación contra Mauricio Macri por una maniobra previa a la venta de las acciones de Ausol --la que maneja la Panamericana--, empresa en la que el Grupo Macri tenía el siete por ciento. Como en el Correo, Macri estaba de los dos lados del mostrador: en la empresa y en el estado. El escándalo es de marca mayor, al punto que hasta a un fiscal como Stornelli, tan alineado con el gobierno y con Macri, lo obligó a abrir la causa.

Según denunciaron los diputados Tailhade, Moreau, Grana y Castagnetto, pocos días antes de asumir Macri, se armó a las apuradas una denuncia ante el CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial, reclamándole al estado nacional la suma de 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios.

El gobierno de Macri accedió a pagarle a la empresa del Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y utilizó la negociación del conflicto para concretar la renovación del contrato de peajes en la Panamericana, que era el verdadero objetivo.

El periodista Alejandro Bercovich reveló los datos de un expediente armado por la interventora de Ausol, Laura Andino, antes de la asunción del gobierno de Macri. La conclusión era que la empresa cubría con creces los costos y tenía uno de las rentabilidades más altas del país. De manera que la demanda en el CIADI era una trampa. El objetivo real fue cobrar la reparación de 499 millones de dólares y forzar la renovación.

La causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, tiene una testigo clave: la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll. La letrada estuvo en las primeras reuniones de negociación con Ausol y luego fue despedida de su cargo.

Las maniobras, entonces, estuvieron en el pago de la reparación, en la renegociación de la concesión, en los aumentos desmedidos de peajes y en la venta de las acciones. Si se hace un cálculo basado en que el Grupo Macri y el presidente se beneficiaron sólo con el siete por ciento de la maniobra --hay sospechas de que tienen mucha mayor participación--, al final del proceso se quedaron con más de 2300 millones de pesos, limpitos. La denuncia fue presentada por Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara).

Estafa en los molinos

Hace un año y medio, en enero de 2018, se hizo la denuncia de que el Grupo Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un pase de manos con parques eólicos. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. Hasta ahora no fue indagado nadie.

La empresa española Isolux Corsan, socia de los Macri en varios negocios, había ganado licitaciones por seis parques eólicos en Chubut durante el gobierno anterior. Sin embargo, estaba en crisis por las denuncias de corrupción en España. En la Argentina, había incumplido los compromisos de avanzar en los parques y sólo desarrolló uno, Loma Blanca IV. Para concretar el pase de manos, el histórico contador de los Macri, Mariano Payaslían, armó una serie de sociedades, tal como reveló en su momento la periodista Emilia Delfino, de Perfil. Esas sociedades compraron los parques eólicos en 25 millones de dólares.

Poco después, en 2017, Loma Blanca I, II, II se le vendieron a una empresa china, Goldwind, en 33 millones de dólares, mientras que Loma Blanca IV se vendió a una empresa del banquero Jorge Brito en 40 millones de dólares. Por la situación de créditos que tenían los españoles y por los términos de los pliegos, la venta de los parques requería autorización del Banco Nación y de Enarsa, ambos dependientes del gobierno. La falta de inversión también debió traducirse en la pérdida total de derechos de Isolux y la devolución de los parques al estado. Lo concreto es que la venta se permitió y en el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares.

A esta situación se sumó otra jugarreta. Isolux volvió a ganar una licitación en octubre de 2016 y consiguió los parques eólicos Miramar y Loma Blanca VI, también en Chubut. Las adjudicaciones fueron objetadas hasta por el ex ministro Juan José Aranguren, pero igual siguieron adelante. Lo cierto es que también esos parques fueron vendidos a sociedades vinculadas a Payaslian y terminaron en manos de la empresa china Goldwind. No se sabe cuándo dinero le quedó al Grupo Macri en esta última maniobra.

Según parece, las sociedades que compraron y vendieron los parques tienen accionistas escondidos en Luxemburgo y actúan bajo el nombre de la sociedad Rainbow Finances, que tiene siete socios. En el camino también aparecen dos cuentas del Grupo Macri en Estados Unidos.

Un detalle que agrava todavía más el cuadro, es que una de las sociedades sospechadas, Usir, le prestó 5 millones de dólares al hermano presidencial Gianfranco una maniobra inexplicable.

Los denunciantes son los diputados Tailhade y Doñate y los delitos son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Estafa aérea

La operación de venta de Macair (Macri Air) presenta ilegalidades e irregularidades por donde se la mire. Hay numerosas denuncias que habrá que ver si terminan de arrancar después de la feria. En Comodoro Py dicen que son causas pisadas. Están imputados el propio presidente Mauricio Macri, el secretario de la Presidencia, De Andreis, y numerosos funcionarios. Los delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias e irregularidades en la administración del espacio aéreo.

El grupo Macri vendió la aerolínea sabiendo que el mismo gobierno de Macri le adjudicaría rutas, que es un activo para cualquier línea aérea. En total se le adjudicaron 36 rutas por 15 años. El gremio de pilotos explicó que la venta se hizo por 10 millones de dólares, cuando Macair tenía sólo tres o cuatro aviones valuados, en total, en 1.200.000 dólares. El resto del valor tenía que ver con las rutas.

Parece cantado que cuando se concretó la operación, en octubre de 2016, ya había una promesa de que se le otorgarían rutas, cosa que ocurrió en febrero de 2017.

En las denuncias queda en claro que la subsidiaria de Avianca no tenía ni siquiera la documentación en regla para adjudicarse rutas, al punto que entregó una garantía de la empresa Sinergy Aerospace, que se completó recién después de la adjudicación de rutas. El gremio de pilotos denunció la "adjudicación fraudulenta".

Hoy en día la situación es de máxima gravedad. Avian suspendió sus vuelos 90 días, presentó un expediente de crisis y luego la convocatoria de acreedores. Hay 200 empleados que no cobran los sueldos desde hace cuatro meses y, por supuesto, no se hicieron los pagos de las cargas sociales. El rumor es que los que están detrás de Avián, colombianos--brasileños, no le pagaron la totalidad al grupo Macri, el gobierno le soltó la mano y la aerolínea entró en crisis.  

Pero lo asombroso de Comodoro Py no es sólo la velocidad con la que avanza en las causas contra el anterior gobierno, sino la habilidad para enterrar causas donde figura el nombre Macri. Sin embargo, esos expedientes podrían revivir cuando ya no exista la cobertura política y mediática que tienen hoy. Hay medios del mundo extrañados con el manejo de causas judiciales de envergadura.

El show de Panamá

Como se sabe, el 3 de abril de 2016 estalló el escándalo conocido como Panamá Papers, la filtración que sacó a la luz a miles de sociedades armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y que luego se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. Esperaban encontrar sociedades y cuentas K, pero resulta que encontraron sociedades y cuentas M. En total, aparecieron unas 50 sociedades vinculadas a la familia Macri.

La causa judicial fue instruida por el juez Sebastián Casanello y por el fiscal Federico Delgado y giró entorno de dos sociedades, Fleg Trading y Kagemusha. Ninguna de las dos figuró nunca en declaraciones juradas de Mauricio Macri quien aparecía como director de ambas sociedades. El presidente alegó que no tenían movimiento y por lo tanto no requerían declaración alguna, pero en el camino aparecieron 9,3 millones de dólares que se movieron de Fleg Trading de Bahamas a Owners do Brasil, Socma (Sociedades Macri) do Brasil y Fleg Traders de Brasil y que, según parece, después terminaron en Italia, en el hotel Nuraghe Porto Rotondo, de Cerdeña, propiedad de un amigo de la familia, Giorgio Nocella.

El fiscal Delgado y el denunciante, el diputado Darío Martínez, dijeron que había que seguir investigando, pero el juez Casanello resolvió, tras un informe de la Unidad de Información Financiera, organismo alineado con el Poder Ejecutivo, que no había elementos para considerar el delito de lavado de dinero. El magistrado dictaminó que el caso se correspondía más con una evasión impositiva o, mejor dicho, una "omisión maliciosa" que es esconder un bien o una sociedad en las declaraciones impositivas. Con la ayuda del fiscal Germán Moldes, Macri logró zafar, básicamente echándole la culpa a su papá, Franco, quien --como siempre-- se hizo cargo de todo diciendo que las sociedades las armó él y que Mauricio no jugó ningún papel.

La causa está hoy dormida en el fuero Penal Económico. El Süddeutche Zeitung, diario que encabezó el consorcio internacional de periodistas que hizo la investigación de Panamá Papers, se sorprendió por el trato blando que recibió Mauricio Macri en la cobertura periodística. 

Como mínimo, en el caso Panamá Papers, hay 460 millones de pesos en danza y quedan por investigar las 50 sociedades armadas por el Grupo Macri en distintos lugares: Panamá, Luxemburgo, Londres, Italia, Brasil, Bahamas.

Estafa en el peaje

Las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que maneja la Panamericana, valían cuatro (4) pesos en enero de 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, sabiendo que el presidente era la cabeza del grupo que tenía una parte de Ausol, la acción ya estaba en 14,50. A partir de ese momento, Macri le aumentó la tarifa de peajes a Ausol entre un 200 y 270 por ciento, dependiendo del horario, y, por consiguiente, la acción trepó a 75,50. En ese momento, el grupo Macri vendió el siete por ciento que tenía de participación en la empresa a un valor de 19,7 millones de dólares. Con la acción a 4 pesos, la venta hubiera sido por dos o tres millones de dólares.

Aún así, muchos dicen que la venta fue simulada y que la compradora, Natal Inversiones, no tenía la menor experiencia en peajes ni se dedicaba al rubro. A tal punto que tuvo que cambiar sus estatutos. De inmediato, se firmó la renovación de la concesión con un simulacro evidente: la rúbrica la puso Gabriela Michetti, para que Macri no quedara aún más expuesto. La acción subió entonces a 103 pesos.

Hubo denuncia presentada por Margarita Stolbizer, el fiscal Guillermo Marijuán pidió medidas y luego no quiso avanzar más: desestimó la denuncia.

Blanqueo

La Corte Suprema debe resolver si el diputado Felipe Solá está legitimado para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares de Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los hermanos.

Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial. En primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio --mucho más importante que Gianfranco en las empresas-- resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.

Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo. 

Todo esto está, judicialmente hablando, todavía en la neblina. 

Soterramiento, negocio y coima

El Grupo Macri, a través de Iecsa, se adjudicó una de las obras más importantes del país: el soterramiento del Sarmiento. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40.000 millones de pesos para financiar la obra.

En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht confesaron que pagaron coimas a funcionarios del anterior gobierno. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Franco Picardi. Hasta el momento, el magistrado procesó a los ex funcionarios pero le dictó la falta de mérito a los empresarios, entre ellos el primo presidencial, Angelo Calcaterra. Sin embargo, pocos días antes de la feria, la propia AFIP pidió la indagatoria del familiar de Macri porque quedó en claro que Iecsa armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas. Ya se demostró la falsedad de un contrato entre el consorcio y una empresa española, DCS, y otro contrato entre Iecsa y otra consultora, CAESA.

La mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió que hubo coimas, pero su testimonio no se homologó todavía. En Uruguay apareció una cuenta en la que supuestamente también se hicieron pagos: Jorge El Corcho Rodríguez es el apuntado por el fiscal, pero él afirma que nunca manejó esa cuenta en Montevideo, sino que fueron los propios ejecutivos uruguayos y brasileños. También hubo pagos a través de sociedades en Andorra y no deja de estar presente la sospecha de que funcionarios de las empresas decían que pagaban coimas pero se quedaban con el dinero y realizaban inversiones en Miami. De hecho, aparecen ejecutivos de Odebrecht con importantes propiedades escondidas en La Florida.

Todo el negociado del soterramiento está sospechado. Desde la licitación hasta el financiamiento y, por supuesto, el pago de coimas millonarias.