El Salvador se encuentra en la etapa final de la
prolongada campaña publicitaria de cuatro meses, por las elecciones a
presidente y vicepresidente de la república del 3 de febrero, durante los que
diferentes medios a disposición han saturado sus espacios con mensajes
propagandísticos contratados por los diferentes partidos y coaliciones.
Ya se podrá comprender el cansancio que esto provoca
a la población, unido al fastidio por estarse tratado de una de las campañas
proselitistas más sucias y poco propositivas de este país centroamericano; pero
coincidiendo con una de las características distintivas de los procesos
electorales calificados como democráticos en los países de la región.
La mayoría de increpaciones entre todos destacan por
noticias falsas, rumores o especulaciones de hechos no comprobables que solo
pretenden desprestigiar la imagen del oponente; todo ello magnificado por el
uso masivo de las redes sociales que permiten que cualquiera pueda decir
cualquier cosa, amparado en el anonimato.
Por otro lado, la autoridad electoral hace muy poco o
nada ante el empleo de la llamada propaganda negra como herramienta
proselitista; por lo que no hay límites para quienes no tienen escrúpulos en
provocar daño a los candidatos y sus simpatizantes y electores.
En ese escenario, y a cerca de tres semanas del
desenlace, también aparecen noticias no favorables para algunos intereses; en
este caso provenientes de fuentes más serias o confiables; pero casualmente los
grandes medios, en lugar de difundirlos para conocimiento de la población, los
ocultan o minimizan, seguramente porque sus propios intereses se ven afectados.
Tal es así que a inicios de semana, se ha divulgado a
través de algunos medios digitales o alternativos, que toman como fuente al
Banco Mundial, la noticia sobre la relación entre la empresa de la familia de
Carlos Calleja, candidato del derechista partido Arena y su coalición de
partidos afines, siendo accionista en un conglomerado que participa en
concesiones estatales en el puerto de Acajutla, en el departamento occidental
de Sonsonate.
El hecho es que la participación del candidato en
esas empresas del grupo Calleja contraviene artículos contra la corrupción de
la constitución de la república, cuando establecen la idoneidad de los
candidatos a la presidencia.
Se asegura en el informe que dicha concesión fue
ganada en 2013 durante la primera presidencia a cargo del partido Fmln, con el
fin de suministrar energía a la empresa DelSur a través de una planta de gas
natural.
El candidato Calleja, quien ejerce la vicepresidente
de la familia, mantendría su vinculación a dichos negocios aun siendo
candidato; por lo que se encuentra expuesto a violentar la ley y a que su
candidatura pudiera ser declarada inconstitucional por la sala respectiva de la
corte suprema de justicia.
Lo destacable de la información es que se trata de un
hecho que ha sido ocultado o encubierto aun por autoridades responsables de
transparencia del gobierno; por supuesto por los sectores aliados al candidato,
teniendo que haber sido a través de una fuente externa que se haya podido
conocer.
Se esperaría que los grandes medios abordaran el
tema, aunque se hace muy difícil que eso ocurra; pero lo más grave sería que el
tribunal supremo electoral, que es la máxima autoridad al respecto, no actuara
o al menos lo considerara, aún antes que algún ciudadano presentara la
respectiva demanda de inconstitucionalidad a la corte suprema de justicia, y de
esa manera la apertura de una disputa legal, sobre todo si el candidato de la
coalición de derecha ganara las elecciones.
Otra información a inicios de semana de gran impacto
ha sido emanada de la última encuesta realizada por el grupo mexicano consulta
Mitofsky, que precisamente inicia el último grupo de ellas antes de cierre de
su período permitido el 18 de enero, y que divulga datos que consolidan los
resultados de todas las encuestas realizadas a la fecha.
Los datos ponen a Nayib Bukele, de la coalición
Nuevas Ideas y Gana, a la cabeza con 57 por ciento del voto efectivo, sobre
Carlos Calleja, de la coalición de derecha encabezada por Arena, con 31 % de
intención de voto; luego en el tercer lugar el candidato Hugo Martínez, del
Fmln, con 11 %, y por último Josué Alvarado, del partido Vamos, con 1 %.
De tal manera, que si se mantuviera la misma
tendencia se vislumbra la posibilidad de que Bukele ganara en la primera
vuelta, para lo que es indispensable lograr el 50 por ciento más 1 de los
votos.
Respecto a la aceptación del desempeño del tribunal
electoral de parte de la población, las diferentes encuestas han reflejado
desconfianza que la mayoría percibe hacia dicha institución, que tiene como
objetivo garantizar un proceso electoral a prueba de dudas.
Ante esta percepción de rechazo de buena parte de la
población, han tenido que recurrir al apoyo de sectores políticos representados
en dicho tribunal, así como de personalidades foráneas, entre ellas la
omnipresente embajadora de los Estados Unidos de América, Jane Manes, quienes han expresado cobijo al
tribunal, para oxigenar su imagen ante las elecciones del 3 de febrero.
Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó
desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.
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Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó
desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana
Cuba.
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Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó
desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana
Cuba.
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Para el programa El Club de la Pluma, desde la
provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana
Cuba.
