jueves, 29 de agosto de 2019

REPORTE DESDE EL SALVADOR PARA RADIO HABANA CUBA DE 30 DE AGOSTO DE 2019



En los últimos días en El Salvador se han escenificado acciones y reacciones por medidas políticas de unos y otros, adversarios o contrarios; pero sin duda las consecuencias no han quedado ahí, pues este clima ríspido y conflictivo entre la dirigencia del Fmln y el presidente Nayib Bukele cada vez más trasciende a terceros; y sobre todo, enturbia la gobernabilidad que es imprescindible para lograr los objetivos de unos y otros.

Concretamente, el fin de semana anterior se conocieron denuncias de sectores de veteranos y excombatientes del ejército y la exguerrilla – que no es un grupo homogéneo, por cierto - por considerar haberse violentado la ley de veteranos que les asiste, ante lo cual anunciaron acciones de calle en protesta; algo que en años anteriores ha ocurrido por la misma u otras razones, pero esta vez se destaca que los que expusieron las denuncias y el anuncio de acciones a través de las redes sociales han sido ex dirigentes o figuras prominentes del Fmln, algunos de ellos ex funcionarios del anterior gobierno.

Y así fue, el lunes de esta semana hubo algunas protestas callejeras con cierre de algunas vías importantes del país, y otra concentración en la capital, San Salvador, que se dirigió al ministerio de gobernación y desarrollo territorial – donde presentaron sus demandas -, y luego al palacio legislativo, donde fueron recibidos por buena parte de actuales diputados de la bancada del exgobernante Fmln.

Ahí fue que el actual secretario general del partido, Oscar Ortiz, dirigió un mensaje al actual gobierno, en apoyo a las demandas de los excombatientes y veteranos, exigiendo el cumplimiento de la ley que les respalda. Ortiz fue vicepresidente del país en el anterior período de 2014 a 2019, y el último año fue la figura más visible de ese gobierno, como respuesta a los efectos de la derrota en los comicios municipales y legislativos de marzo de 2018, sustituyendo en muchas formas al titular, Salvador Sánchez Cerén, quien pasó a segundo plano.

Y ha sido este uno de los elementos que ha utilizado Nayib Bukele, el actual mandatario, al responderle casi de inmediato vía la red digital tuiter, achacándole que había formado parte del anterior gobierno que, según él, había abandonado a los actuales protestantes que hoy apoyaba y utilizaba políticamente.

Eso no ha bastado para el encono en la reacción que ya acostumbra el presidente, pues la noche del propio lunes ha girado órdenes de despido de funcionarios y trabajadores – entre ellos la esposa y otros supuestos parientes y cercanos de Ortiz –, en un repetido escenario ya vivido al inicio de su cargo en junio de este año, cuando hizo lo mismo con familiares de Sánchez Cerén y otros dirigentes partidarios.

En esta ocasión, la actitud del mandatario no ha sido aceptada por muchos, aunque siempre cuenta con sus incondicionales que le aprueban todo; aún quienes puedan tener simpatía o consideración a su desempeño en el gobierno, han visto en los hechos haberse afectado lo que se esperaría de un funcionario de tal nivel, incluyendo la ausencia de mesura, madurez o talante.

También un alto funcionario de la derechista Arena ha criticado la actitud revanchista del mandatario al reaccionar contra la familia o personas cercanas al exvicepresidente, que hoy funge el papel de máxima autoridad en el partido de oposición de izquierda que busca reconformar sus fuerzas e idearios; lo cual no le ha librado a ser también criticado por Bukele por supuestamente defender a Ortiz.

Lo contrastante y de mayor atención que tiende a valorar parte de la población, preocupada por lo que ocurre al interior de casa presidencial, tiene que ver con una persona hasta hoy desconocida, pero que apareció citada en esa serie de tuit que señala a los despedidos e identifica por su nombre y apellidos; y que por ser sobrina de Óscar Ortiz, se ordena removerla del cargo en la gerencia de operaciones postales y servicios logísticos de correos de El Salvador, con supuesto salario de dos mil dólares, según se señalaba en las redes.

En las últimas horas, la nueva despedida, Melissa Tatiana Tobar Aguilar, ha escrito en la misma red digital asentando que había iniciado su trabajo en correos desde 2015, luego de cumplir requisitos pertinentes y siendo llamada para asumir el cargo de auxiliar asistente de operaciones, y no gerente; devengando la cuarta parte de la cantidad que le acreditaban, según boleta de pago del mes en curso. Para concluir afirma que no es sobrina de Ortiz, sino de la esposa de él.

Como se aprecia, la manera apropiada o no de gobernar puede destacar a un verdadero estadista o no; pero igual, puede ser causal de una tragedia personal como la que enfrenta esta madre soltera que – sin aparentemente deberlo – ha perdido su trabajo y la seguridad de manutención de su hijo.

Muchos han exigido la reparación a esta notable injusticia, mientras los incondicionales aprueban, a toda costa, lo actuado. Como están las cosas, no se sabe si se contará con la suficiente calidad humana para aceptar un error y enmendar públicamente el daño.

Entre otras cosas, así está el Pulgarcito.

Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.


Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.


MINREX: Gobierno de EEUU destina fondos millonarios para obstaculizar cooperación médica cubana


Publicado en Cubadebate el 29 de agosto de 2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia y condena enérgicamente la reciente agresión contra Cuba del Gobierno de los Estados Unidos mediante un programa de la USAID destinado a financiar acciones y búsqueda de información para desacreditar y sabotear la cooperación internacional que presta Cuba en la esfera de la salud en decenas de países y para beneficio de millones de personas. Es un empeño que se suma a las groseras presiones ejercidas contra varios gobiernos para obstaculizar la cooperación cubana y a esfuerzos anteriores de igual propósito como el programa especial de “parole” dirigido al robo de recursos humanos formados en Cuba.

El centro de la inmoral calumnia consiste en alegar, sin fundamento alguno, que Cuba incurre en la trata de personas o la práctica de la esclavitud y en pretender denigrar la meritoria labor que voluntariamente desarrollan y han desarrollado a lo largo de la historia cientos de miles de profesionales y técnicos de la salud cubanos en varios países, particularmente del Tercer Mundo.

Se trata de una injuria contra los programas bilaterales e intergubernamentales de cooperación, todos legítimamente establecidos entre el gobierno cubano y gobiernos de decenas de países, que han sido consecuentes con las pautas de las Naciones Unidas referidas a la cooperación Sur-Sur y han respondido a los requerimientos de salud que esos propios gobiernos han definido soberanamente.

Es un atentado contra un esfuerzo solidario que ha recibido el reconocimiento de la comunidad internacional y el elogio específico de los más altos directivos de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.

Estas mentiras son reveladoras de la baja catadura moral del gobierno de los Estados Unidos y los políticos que se dedican al negocio de la agresión a Cuba. La campaña cuenta con fondos millonarios y la complicidad de varios de los grandes medios de difusión y, en particular, de reporteros inescrupulosos que sacrifican su supuesta imparcialidad y objetividad al servicio de los intereses políticos del gobierno de los Estados Unidos.

Durante décadas y hasta hoy, en aquellas naciones con condiciones económicas más desfavorables, esa cooperación se ha brindado y se brinda como gesto solidario, cuyos gastos cubre Cuba prácticamente en su totalidad. De igual modo y en línea con las concepciones de las Naciones Unidas sobre la cooperación entre países en desarrollo, esta se ofrece en varias naciones sobre la base de la complementariedad y la compensación parcial por los servicios prestados.

Consiste en un intercambio totalmente justo y legítimo entre países en vías de desarrollo, muchos de los cuales cuentan con riquezas naturales, dimensiones económicas o grados de desarrollo industrial superiores al de Cuba, pero carecen de los recursos humanos que nuestro Estado ha logrado generar; de profesionales abnegados y humanistas dispuestos por su propia voluntad a trabajar en las condiciones más difíciles; y de las concepciones de cobertura de salud que años de experiencia exitosa nos han permitido edificar.

Los técnicos y profesionales cubanos que participan en esos programas lo hacen absolutamente de manera libre y voluntaria. Durante el cumplimiento de su misión, continúan recibiendo íntegramente su salario en Cuba y disponen, además, de un estipendio en el país de destino, junto a otras formas de compensación.

En los casos en que Cuba recibe compensación por la cooperación prestada, esos colaboradores tienen el mérito de brindar un aporte altamente valioso, justo y totalmente legítimo para el financiamiento, la sostenibilidad y el desarrollo del sistema de salud masivo y gratuito que es accesible a todos y a cada uno de los cubanos, así como para los programas de cooperación que se despliegan en muchas partes del mundo.

El acceso a la salud es un derecho humano y Estados Unidos comete un crimen al pretender negarlo u obstaculizarlo con motivos políticos o de agresión.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

La Habana, 29 de agosto de 2019

Macri se despide declarando el default de la deuda


No se paga la deuda pública, se propone extender los plazos y se cayó el acuerdo con el FMI con la promesa de reiniciar uno nuevo

Recibió una economía desendeudada y la entregará en cesación de pagos. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, lo maquilla diciendo que es una reestructuración voluntaria sin quita de capital ni intereses.

Por Alfredo Zaiat
Página 12  -  29 de agosto de 2019

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, informó que se extiende los plazos de pagos sin quita de capital ni intereses.  Imagen: Sandra Cartasso

La economía macrista termina en default. El 28 de agosto de 2019 pasará a ser el día en que el gobierno de Macri reconoció que, después de liderar el más vertiginoso ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, informó que habrá una reestructuración amplia de los vencimientos de corto y largo plazo, incluyendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. O sea, casi toda la deuda pública hoy está en default y sin acuerdo vigente con el FMI .

La megadevaluación macrista arrojó a la economía a un escenario de imposibilidad de pagar la deuda. Es impactante la caída. Macri recibió una economía desendeuda, con muy buenos indicadores de solvencia y sustentabilidad, para entregarla en default. Y lo hizo en apenas dos años. Pudo sobrevivir desde abril del año pasado por el inmenso préstamo del FMI, avalado por los Estados Unidos de Donald Trump. Pero esos dólares se acabaron. El desembolso previsto para mediados de septiembre formará parte de un nuevo pacto con el FMI. No habrá que esperar esos dólares; formarán parte de otro paquete financiero.

El ciclo de endeudamiento macrista ha sido tan desaforado que incluyó la emisión disparatada de un bono a 100 años, colocación de deuda liderada por el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo. Recibió además un crédito stand by récord de 57 mil millones de dólares del FMI. El anuncio de Lacunza busca evitar un default descontrolado. Lo que hizo fue reconocer que impulsa una cesación de pagos ordenada.

Lacunza afirmó que el problema de la deuda es de liquidez, es decir que faltan dólares, y no de solvencia. No es así. No alcanzan los dólares y el macrismo lanzó a la economía a la insolvencia. El indicador que expone esa vulnerabilidad es la relación Deuda/PIB. Lo recibió con la cifra de 37,6 por ciento y a lo largo de estos casi cuatro años lo fue empeorando, hasta superar ahora el ciento por ciento. O sea, el total de la deuda del sector público es equivalente al Producto. Y con un horizonte inmediato de una mayor caída.

Semejante fracaso en la administración de las finanzas públicas no puede disimularse con desvaríos filosóficos y políticos acerca de los resultados de las elecciones, triste papel que tuvo Lacunza antes de declarar que el gobierno de Macri no puede pagar la deuda. La forma de maquillar el default fue presentarlo con la propuesta de extender los vencimientos de la deuda de corto y largo plazo, de legislación local e internacional.

El mensaje de la misión del Fondo liderada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, cuando dejó trascender que no hay un poder político establecido para negociar, fue que en las actuales condiciones no puede haber otro desembolso del organismo, estimado en unos 5400 millones de dólares. El interrogante acerca de qué iba a hacer el FMI tuvo de ese modo respuesta. Lo que siguió fue la declaración del default.

Explosiones nucleares con fines pacíficos


Jorge Gómez Barata

Según trascendidos, el presidente Donald Trump comentó la posibilidad de utilizar explosiones nucleares para combatir huracanes. Tal vez sea un despropósito, pero no es una novedad, sino que se inscribiría en la lógica del uso pacífico de la energía atómica, una fantasía que en los años cincuenta y sesenta inspiró sendos programas de la Unión Soviética y los Estados Unidos.

En noviembre de 1949, al informar en Naciones Unidas sobre la primera prueba nuclear realizada por su país, el representante soviético, Andrei Vishinski, declaró: “…Si bien la Unión Soviética tiene tantas bombas atómicas como las necesarias para el desdichado suceso de guerra, las está usando para su economía interna; volando montañas, cambiando el curso de los ríos, regando los desiertos y trazando nuevos caminos…”

Aunque el embajador soviético se anticipaba a los hechos, lo cierto es que, entre Estados Unidos y la Unión Soviética realizaron alrededor de 150 detonaciones nucleares con fines pacíficos. Los soviéticos las denominaron “Explosiones Nucleares para la Economía Nacional y los estadounidenses Operación Plowshare.

El 15 de enero de 1965, en el polígono de Semipalátinsk se efectuó la primera explosión de este tipo denominada Operación Chagan que dio inicio a la llamada “Excavación nuclear”. En lo adelante, en un período de diez años, los soviéticos realizaron unas 165 explosiones con el objetivo de apagar incendios, construcción de embalses y canales, creación de cavidades subterráneas, investigaciones geológicas, minería a cielo abierto, investigaciones sísmicas y otras.

La última detonación de este tipo se realizó en 1988.

Tal vez por el carácter privado de la economía de los Estados Unidos el programa Plowshare fue más modesto, limitándose a unas 30 explosiones destinadas a propósitos gubernamentales, asociados a estudios sísmicos, prospección geológica, creación de cámaras subterráneas y cierre de escapes de gas.

Entre lo más significativo del programa de explosiones pacificas de los Estados Unidos figura la efectuada el 6 de julio de1962, para la creación del cráter Sedan, en el desierto de Nevada, con lo cual se trató de demostrar la capacidad para crear bahías, golfos, y otros grandes accidentes geográficos. La explosión desplazó 12 millones de toneladas de tierra y abrió un cráter circular de 390 metros de diámetro por 100 de profundidad, que puede ser visto desde la Luna.

Trump no debería sonrojarse, antes se ha especulado con ideas tan disparatadas como utilizar explosiones atómicas para ampliar el Canal de Panamá, abrir otra vía acuática por Nicaragua y otras veinte iniciativas, ninguna de las cuales fue realizada. De hecho, la ingeniería civil estadounidense nunca ha utilizado explosiones nucleares.

En 1977 cuando concluyó el programa de Estados Unidos, había aportado poco y costado 770,000,000 millones de dólares. En cualquier caso, nunca se trató de alterar el curso de un proceso natural de la envergadura de un huracán y este no parece un buen momento para intentarlo. Allá nos vemos.

La Habana, 28 de agosto de 2019


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El presente artículo fue publicado por el diario ¡Por esto!

Iván Márquez anuncia que la disidencia de FARC retoma la lucha armada en Colombia


RT  -    29 agosto 2019 15:20 GMT

El guerrillero, que había participado en las negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, anunció este jueves que ha iniciado la "nueva Marquetalia", en referencia al lugar de nacimiento del grupo armado hace medio siglo.

Captura de pantalla del video donde el excomandante de las FARC Iván Márquez, al lado de Jesús Santrich, anuncia la retoma de las armas. / AFP

El disidente y prófugo de la Justicia Iván Márquez informó este jueves que una parte de los excombatientes desmovilizados por el acuerdo de paz, firmado en 2016 con el Gobierno de Colombia, se han reagrupado para tomar las armas y continuar "la lucha guerrillera".

"La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida", dijo Márquez en un video divulgado en redes sociales en el que aparece junto a hombres y mujeres armados con fusiles, entre los que se encontraban Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich'. "Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas", agregó.

Ante este anuncio, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido político formado por exmiembros de las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), manifestó que la mayor parte de los excombatientes apoya el acuerdo de paz firmado con el Gobierno del país en 2016.

"Las grandes mayorías seguimos comprometidas con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avizoran, estamos con la paz", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuyo Gobierno estuvo al frente del proceso de diálogo con el grupo armado, señaló que si bien el Estado debe cumplir los acuerdos de paz vigentes con los exguerrilleros de las FARC, debe reprimir a los grupos disidentes que retomen la lucha armada.

El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, después de firmar el acuerdo de paz en Bogotá, Colombia, 24 de noviembre de 2016. / Jaime Saldarriaga / Reuters

"El 90 % de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene", dijo el exmandatario colombiano a través de su cuenta de Twitter.

"No hay condiciones para la paz"

El periodista internacional José Manzaneda, en entrevista con RT, expresó que la decisión de Márquez y el grupo de excombatientes "viene a demostrar que no hay condiciones para la paz y para el juego verdaderamente democrático y la inclusión de las disidencias de izquierda en Colombia".

Manzaneda indicó que la alianza de este grupo disidente con otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones irregulares "podrían prever unas formas de lucha armada distintas" a las conocidas hasta ahora. "Veremos cómo se presenta el escenario".

"Trabajando desde abajo"

En un extenso comunicado, el ahora líder de las disidencias dijo que retomarán las armas con miras "a la paz cierta, no traicionada". "Estamos trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social", indicó Márquez, quien dejó de comparecer ante los mecanismos establecidos tras la firma del pacto con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Miembros del 51 Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) caminan en la Cordillera Oriental, en Colombia, el 16 de agosto de 2016. / John Vizcaino / Reuters

El guerrillero, sobre quien pesa una orden de captura, advirtió que la nueva insurgencia no seguirá "operando en las profundidades de la selva" y agregó que el objetivo del grupo armado es "la oligarquía excluyente y corrupta".

El pronunciamiento llega a pocos días que se cumplan dos años del nacimiento del Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido fundado por los exlíderes de la guerrilla desmovilizada.

Mensaje a policías y militares

Uno de los puntos en los que insistió Márquez fue en su mensaje a los policías y militares en Colombia que "no quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos". Aseguró que no serán objetivo de la agrupación guerrillera, pero advirtió que responderán ante cualquier "ofensiva".

Otra de las políticas que, según Márquez, dejarán de practicarse en las filas de la guerrilla reagrupada serán los secuestros: "Desmarque total de las retenciones con fines económicos, priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas", sostuvo.

En junio pasado, Márquez fue despojado de su investidura como congresista y la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un incidente de verificación de incumplimiento. Caso similar ocurrió con Santrich, quien se ausentó del mecanismo de justicia transicional ante el tribunal que lo citaba por un caso de retención ilegal de personas; el 11 de julio se emitió la circular roja de Interpol en su contra.

En una entrevista con Efe, Rodrigo Londoño, actual presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dijo que tanto 'Santrich' como el excombatiente Iván Márquez quedaron a un lado del "carro de la historia de la construcción de la paz de Colombia" por su deslinde del acuerdo de paz.

"Nos obligaron a regresar al monte"

Márquez, quien ahora lidera esa fracción de la disidencia, hizo un recuento histórico de las "traiciones" que, a su juicio, la "oligarquía colombiana" ha hecho a los procesos revolucionarios para concluir que "desde el desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, no cesa la matazón".

"En dos años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados, y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado", apuntó el ahora combatiente, quien acusó al Gobierno de incumplir con sus obligaciones para garantizar el derecho a la vida de la población y evitar los asesinatos por razones políticas.

También señaló al Ejecutivo de modificar unilateralmente el texto del acuerdo, de hacer "montajes judiciales" y promover la "inseguridad jurídica" de los excombatientes: "Nos obligaron a regresar al monte (...) fuimos obligados a retomar las armas", dijo.

"El expresidente Santos juró con importada voz de Nobel de paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado (...), pero ni siquiera se atrevió a titular tierras a los campesinos que han vivido en ellas por décadas", aseveró el guerrillero, tras hacer una enumeración de lo que considera incumplimientos por parte del Gobierno anterior y el actual, presidido por Iván Duque.

Márquez criticó la postura de Duque, quien ha amagado con hacer modificaciones al pacto porque su Administración no tuvo responsabilidad en la negociación, "desconociendo así que el acuerdo se firmó con el Estado y no con un Gobierno".

Para el guerrillero, el único propósito del acuerdo de paz era que las FARC entregaran las armas para después desconocer sus preceptos, lo que a su criterio quedó en evidencia desde que el Gobierno de Santos convocó un plebiscito "improcedente". "Pareciera que más que blindar la paz, lo que quería Santos era derrotar a Uribe".

John Vizcaino / Reuters

Por esa razón, aseguró que la solución para el conflicto es la instalación de "un nuevo Gobierno" en el Palacio de Nariño, que convoque "a un nuevo diálogo de paz" y involucre "a las fuerzas guerrilleras y a todos los actores armados".

Dos años del 'fin de la guerra'

A finales de junio de 2017, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, declaró el fin del conflicto en el país suramericano con la entrega de las armas en poder de las FARC. El protocolo era el colofón de un proceso que contaría con la verificación de Naciones Unidas. El exmandatario sentenció en esa oportunidad: "la paz es real y es irreversible".

En septiembre de ese mismo año, las FARC dieron un paso que pareció la consolidación de la paz, al convertirse en partido político. La agrupación tomó sus mismas siglas insurgentes pero con un significado diferente: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. 

Sin embargo, los desencuentros que surgieron entre el Gobierno y algunos líderes de las FARC sobre la implementación del acuerdo, los escollos judiciales para permitir que lo pactado tuviera rango constitucional y el asesinato de exguerrilleros en algunas zonas del país, empezaron a minar la confianza y afloraron las grietas dentro de las antigua organización insurgente.

El punto de quiebre fue la detención, en abril de 2018, de 'Jesús Santrich'. El excombatiente no pudo tomar posesión de su curul en el Congreso —compromiso asumido por el Gobierno con las FARC para que tuvieran representación política—, debido a que fue acusado por un juez de Nueva York (EE.UU.) de haber enviado a ese país diez toneladas de droga, luego de haberse firmado el acuerdo de paz. 

La detención provocó profundas diferencias en las filas de FARC, y Márquez fue el primero en expresarlas públicamente, ya que consideraba que el proceso iniciado contra Santrich y su potencial extradición a EE.UU., eran prueba de la "inseguridad jurídica" en que quedaban los excombatientes. El paso definitivo fue su negativa a tomar posesión de su curul en el Congreso y el posterior abandono de su sistema de seguridad, con "paradero desconocido".

En video de este jueves, Márquez apareció junto a Santrich y Hernán Darío Velásquez, alias 'El paisa', excomandante de la extinta guerrilla de las FARC. A finales del año pasado, el presidente Duque pidió la inmediata captura de Velásquez y exigió a las autoridades "responder institucionalmente con contundencia".

INCERTIDUMBRE EN EUROPA: Un millón de firmas contra el "golpe" de Johnson


Diputados de la oposición y rebeldes conservadores buscan una ley express que evite un 'bréxit salvaje'

EL PERIÓDICO   -  A. Niubó
Londres   -  29/08/2019 - 11:39

Un manifestante anti-Brexit libera humo de color afuera de las Casas del Parlamento en Londres. / REUTERS HENRY NICHOLLS

Boris Johnson puso ayer en jaque a todo el sistema parlamentario británico al pedir a la reina Isabel II la suspensión del Parlamento, petición que la monarca ha autorizado. El primer ministro británico ha alegado que la actual sesión parlamentaria hace demasiado tiempo que dura y que el país necesita mirar hacia adelante. El Parlamento quedaría suspendido desde la semana del 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, tres días antes de que se celebre la decisiva cumbre europea donde se decidirá el 'brexit'. De esta forma reduce el tiempo del que disponen los diputados para poder frenar la legislación para abortar el 'brexit' duro que él propone.

El movimiento del primer ministro ha suscitado, además de un fuerte rechazo de la oposición, una gran indignación en parte importante de la sociedad británica. Más de un millón de ciudadanos firmaron ya una petición popular para instar a Johnson a no suspender durante cinco semanas el parlamento, una decisión que ha convulsionado a todos los partidos. La solicitud online pronto alcanzó las 100.000 firmas necesarias para que deba ser sometida a debate en la Cámara de los Comunes.

Además, según 'The Guardian', numerosos diputados tanto de la oposición como conservadores realizaron este miércoles reuniones y llamadas para, en la sesión parlamentaria de la semana próxima y antes del cierre del Parlamento, lograr prevenir un 'brexit' sin acuerdo. Esa "rebelión", según 'The Guardian', pretende lograr una legislación expres que obligue a Johnson a pedir una extensión del artículo 50 si no consigue un acuerdo del 'brexit'.

"El Parlamento tendrá la oportunidad de debatir el programa de gobierno y sobre el 'brexit' los días antes y después de la cumbre europea y luego votar la resolución de la cumbre el 21 o 22 de octubre", dijo Johnson en una carta enviado a todos los parlamentarios". Y añadió: "Si consigo un acuerdo con la UE, entonces el Parlamento tendrá la oportunidad de debatir la ley que lo ratifique". Se trata de una jugada del todo inesperada. Buena parte de su gabinete no lo sabía.  

Indignación generalizada

"No importa cómo se disfrace, es obvio que el propósito de la suspensión ahora es evitar que el Parlamento debata sobre el 'brexit' y lleve a cabo sus tareas de definir un rumbo para el país", lamentó John Bercow, el presidente de la Cámara, quien considera que la decisión de Johnson es un "ultraje democrático".

Por su parte, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, calificó la decisión de "temeridad" y envió una carta a la Isabel II remarcando que la suspensión del Parlamento "no es aceptable" y que lo que ha hecho Johnson es "arrancar la democracia". Corbyn pidió unidad contra Johnson. Dijo que lo primero que hará el martes de la semana que viene, cuando se reabra el Parlamento, es "en primer lugar intentar legislar para impedir lo que está haciendo Johnson y, en segundo lugar, convocar una moción de censura en algún momento".     

Bloqueo legislativo y moción de censura

Sin embargo, tras este movimiento de Johnson, es materialmente imposible que se pueda aprobar ninguna ley. Los partidos de la oposición acordaron el lunes pedir una sesión parlamentaria extraordinaria para poder proponer una normativa que vetara el 'brexit' duro sin la aprobación del Parlamento. Era una estrategia parecida a la que se utilizó contra Theresa May en abril.

La única opción que les quedaría a los opositores sería plantear una moción de censura la semana que viene, como sugirió Corbyn, que es el único que la puede proponer como líder de la oposición. Una moción permitiría forzar elecciones.

El problema sería saber cuándo convocaría Johnson estas elecciones. Su asesor principal, Dominic Cummings, el cerebro de la campaña del 'brexit' del 2016, ya dijo hace unas semanas que si le fuerzan a convocar elecciones, Johnson las convocaría después del 31 de octubre, una vez consumada la salida de la UE.

La sombra de Farage

Johnson sabe que no tendría opciones de imponerse en unos comicios sin haber implementado el 'brexit' porque el Partido del Brexit del eurófobo Nigel Farage se quedaría con el voto euroescéptico conservador como pasó en las europeas de mayo. Farage ya ha dicho, y lo ha reiterado, que concurrirá a elecciones si Johnson no apuesta por una rotura en seco con la Unión Europea (UE).

Otra opción que le quedaría a la oposición sería presentar una moción, ganarla, y crear un gobierno interino que quitara a Johnson del poder. Esta posibilidad quedó descartada la semana pasada porque Corbyn quiere ser él el nuevo primer ministro interino, mientras que los demócratas liberales y los conservadores europeístas quieren que sea cualquiera menos él.

En cualquier caso, Johnson considera que el Parlamento pretende evitar el 'brexit' y sostiene que los que se comportan de forma antidemocrática son los diputados que no aceptaron la derrota en la consulta de 2016. En la carta enviada ayer a los diputados, Johnson explicó que el 14 de octubre, en su tradicional discurso, la reina presentará "una nueva y ambiciosa agenda doméstica para renovar el país después del 'brexit'". Y anunció importantes inversiones en sanidad, en infraestructuras y en educación.

Amenaza de demandas

Se apunta que Johnson se encuentra en campaña electoral desde que llegó al poder el pasado 24 de julio. Entonces constituyó un gobierno que, por un lado, garantizara el 'brexi't, y, por otro, que preparara al país para después de la salida de la UE.

Diversas personalidades británicas, incluyendo el exprimer ministro John Major, han amenazado con llevar el caso a los tribunales. "No hay duda de que la motivación [de Johnson] es evitar que el Parlamento soberano se oponga a su política del 'brexit'". A su vez, la portavoz de Justicia del Partido Nacional Escocés (SNP), Joanna Cherry, explicó que su gobierno ya está trabajando para denunciarlo a la justicia escocesa.

El líder del SNP en Westminster, Ian Blackford, acusó a Johnson de "actuar como un dictador", mientras que la líder de los liberaldemócratas, Jo Swinson, lamentó que Johnson "sabe que ni la gente ni sus representantes quieren un 'brexit' sin acuerdo y por esto los silencia".

El presidente del consejo privado de la reina, el eurófobo conservador Jacob Rees-Mogg, que fue quien recomendó a Isabel II suspender el Parlamento en nombre del gobierno, aseguró que se trata de "un procedimiento constitucional totalmente correcto".