jueves, 7 de noviembre de 2019

Brasil en vilo ante la decisión de la Justicia que podría dejar en libertad a Lula


RT  -  7 nov 2019 17:18 GMT

Los jueces votan la constitucionalidad del ingreso en prisión de condenados en segunda instancia.

El Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, Brasil. Flicker / @Andréia Bohner

El Supremo Tribunal Federal (STF) reanuda este jueves una decisiva votación que podría poner en libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 74 años, preso desde abril de 2018, y a otros miles de reclusos.

En la cuarta sesión desde su comienzo el 17 de octubre, los jueces decidirán sobre si es constitucional que los acusados entren en prisión tras ser condenados en segunda instancia o deben esperar a agotar todos los recursos en instancias superiores. Hasta la fecha, cuatro de los 11 magistrados se manifestaron en contra y tres a favor de cambiar la jurisprudencia.

De alcanzarse un 5 a 5, sería el presidente del Supremo, Dias Toffoli, el encargado del voto de desempate. El caso "no se refiere a ninguna situación en particular", dejó claro Toffoli cuando comenzó el juicio.

En 2016, al calor de la operación Lava Jato, la Corte autorizó la ejecución de la pena antes de que se agotaran todas las apelaciones, pero el Colegio de Abogados de Brasil (OAB), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el partido Patriota recurrieron con el argumento de que la presunción de inocencia impide la ejecución de una sentencia mientras todavía haya recursos en tribunales superiores, es decir, ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) o el Tribunal Supremo.

Los defensores del cambio opinan que la ejecución de la pena en segunda instancia contribuye a aumentar la población en las cárceles, mientras que los magistrados a favor piensan que disminuye la sensación de impunidad y combate la corrupción. 

En la prensa se especula con una "solución intermedia": eliminar la cárcel tras la segunda instancia, pero permitirla para los que hayan sido condenados, al menos una vez, por los tribunales superiores. En ese caso, Lula seguiría preso.

El caso de Lula

Lula fue condenado a una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex en la ciudad Guarujá, en el estado de Sao Paulo, en el marco de la megaoperación anticorrupción 'Lava Jato'. El expresidente ya fue condenado en ese caso por el STJ, pero le quedarían todavía recursos pendientes. Por lo que, si el STF decide cambiar la jurisdicción, el exmandatario saldría de la cárcel para seguir el proceso en libertad. 

El expresidente aseguró que si sale de la cárcel comenzará una gira por el país, pero el líder del PT seguirá teniendo sus derechos políticos suspendidos como marca la ley brasileña para los condenados en segunda instancia.

El martes, en un intento de presionar, un grupo de senadores entregó a Toffoli una carta con 43 firmas en defensa de la prisión después de la condena en segunda instancia. Los senadores, entre ellos Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, Jair Bolsonaro, resaltaron que la actual medida es "fundamental" para combatir "el sentimiento de impunidad presente en la sociedad". Asimismo, sostuvieron que el cambio supondría "un grave riesgo para la liberación en masa de innumerables condenados por corrupción y por delitos violentos". 

Según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), la medida también afectaría a 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato. Los considerados peligrosos o que fueron presos de manera preventiva no accederían a la libertad. La salida de prisión tampoco sería inmediata y la Justicia analizaría caso por caso. Brasil tiene en la actualidad de 836.820 personas en sus cárceles, incluidas las que se encuentran en prisión preventiva. 

El ministro de Justicia, Sergio Moro, quien fue el juez encargado de la mayoría de los juicios de Lava Jato, considera que cambiar la ley será un retroceso "en el combate de la impunidad" en Brasil. Para el exjuez una modificación de la jurisprudencia supondría un duro golpe, y también para Bolsonaro, quien prometió en campaña que "Lula se pudriría en la cárcel". 

"Víctima de una conspiración" 

El expresidente (2003-2010) fue condenado también a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la reforma de una casa en Atibaia, Sao Paulo, pero la condena no está confirmada en segunda instancia y, además, tiene por lo menos otros seis procesos abiertos ante la Justicia.

Lula niega todas las acusaciones y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018. La condena del triplex dictada por Moro inhabilitó al líder petista como candidato en los comicios en los que era el gran favorito.

El exmandatario tiene otro motivo al que agarrarse: el STF tiene previsto analizar en breve otro recurso de su defensa pidiendo que se anulen las condenas impuestas por Moro, porque considera que no actuó con imparcialidad cuando juzgó al expresidente.

"Estoy desafiando a un juez que mintió en mi juicio, que era [Sergio] Moro, un procurador que mintió en la acusación, y los que dijeron mentiras en la investigación", declaró Lula en una reciente entrevista a RT. 

Esta tesis cobró fuerza cuando el pasado verano, el portal The Intercept Brasil filtró unas conversaciones entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato que ponen en duda su imparcialidad. 

Marta Miera

Bolivia, no es la democracia, es la racistocracia


Ollantay Itzamná

Tomado de internet

El determinismo biológico neoliberal, luego de una década de pausa protocolar, resurge refulgente en Bolivia (cual si fuese el Ave Fénix) desvelando las inmundicias más miserables que habita a la “bolivianidad” de la clase media, y los “patrones” políticos y culturales a los que obedece.

La repulsa a los recientes resultados electorales, organizados/viralizados por “señoritos/as” urbanas, lejos de mostrar destellos de actitudes democráticas en “defensa de la democracia”, constatan la praxis pública del racismo supurante del que hacen gala para los selfie. Sedientos de imágenes de cuerpos ensangrentados o muertos para “culpar” al “Indio gobernante”, y así reificar la falacia racista de: “por natura el indio es culpable”.

La racista repulsa callejera, al estilo mal imitado de las guarimbas venezolanas, no es en defensa de la democracia, ni tampoco únicamente en defensa de sus privilegios culturales mermados “supuestamente en estos últimos 13 años”. Ante todo es una reivindicación pública de la identidad colectiva que comparten como clase. Es doloroso constatar esta realidad, pero es lo que se ve y se mira.

Ellos/as odian, repudian, a los genes indígenas que corren por sus venas y sueñan/añoran con el “mítico” blanco que jamás llegarán a ser. En esa contradicción existencial diluyen su humanidad deteriorada. Es la congénita esquizofrenia cultural/identitaria de la bolivianidad republicana.

Estos 13 años de institucionalización democrática liberal  no fue un tiempo necesario para curar/sanar la esquizofrenia cultural/identitario que habita a la bolivianidad republicana/colonial. Morales, y su gobierno, distraído en la “modernidad material”, descuidó o no hizo casi nada para ayudar a sanar este mal congénito que habita a la bolivianidad “tradicional”.

Y es más, esta enfermiza bolivianidad tradicional materializada en Carlos Mesa y los “cívicos” es el arquetipo deseado por la juventud y los nuevos vecinos clasemedieros. Álvaro García linera, y los papirócratas del gobierno, con sus academicismos trasnochados, lejano a la idea del Buen Vivir, afianzaron y afianza esa falsa ilusión. La academia hegemónica occidental es ontológicamente racista y epistemicida.

Duele decirlo. Pero, Bolivia actual, muy a pesar de su “economía modelo”, de su red caminera y de transporte moderno, de su “soberanía satelital”… pareciera que continúa atascada en la disyuntiva del siglo XVI: “¿los aborígenes andinos son o no son humanos?”.

Solo que dicha disyuntiva, ahora, viene teñida de bilis y de odio, porque lo aborigen habita incluso a Carlos Mesa, Albarracín, Camacho… Situación que hace que el odio y el repudio a eso que los delata y que no pueden esconder (por más que lleven barba, corbata y misti apellidos)  se hace visceral.

Esta es la contradicción existencial de clase que estimula y desgasta a los “racistócratas” bolivianos, muy a pesar del histórico veredicto lascasiano a favor de los aborígenes.

Incluso a inicios de la República el debate ya no era sobre la condición antropológica del indígena, sino sobre la condición ciudadana de éste. En ese entonces, los criollos liberales sostenía que “los aborígenes, mediante procesos educativos, deberían ser incorporados en la ciudadanía boliviana”, mientras los criollos conservadores indicaban que “los aborígenes por su natura no podrían ser incorporados a la condición de ciudadanía”. Al final, desde los primeros decenios, en teoría, se impuso el razonamiento criollo liberal.

Pero, muy a pesar de dicho reconocimiento liberal (legalizado en el voto universal, 1952), la “bolivianidad tradicional” se niegan a reconocer el voto indígena, y en consecuencia reconocer al indígena como sujeto político. Y lo más triste, lo hacen argumentando: “defensa de la democracia”.

Estas y otras constataciones evidencia que para la triste clase media tradicional boliviana, democracia es cuando ganan los ricos/blancos incluso con votos indios, pero cuando las elecciones ganan los indígenas (convirtiendo su mayoría demográfica en mayoría política), es fraude.

Ante esta convicción identitaria de clase no hay principio, ni regla, ni auditoria electoral que valga. Y, como en las espeluznantes épocas coloniales agreden y muelen a palos (en las calles, en las plazas, frente a las cámaras) al mortal que se oponga a su “racistocracia”. Todo para intentar hacer prevalecer el supuesto determinismo biológico neoliberal.


Ollantay Itzamná
Defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos
@JubenalQ

Con el voto en contra de EE.UU., Israel y Brasil, la Asamblea General de la ONU vota a favor de levantar el bloqueo a Cuba


RT   -   7 nov 2019 17:06 GMT

Cuba ha afirmado que la medida de Washington es el principal obstáculo para el desarrollo de ese país.

Imagen tomada de internet @EmbaCubaAustria

Este jueves, en la 28.ª sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), votó a favor del informe presentado por Cuba sobre la necesidad de acabar con el bloqueo impuesto por EE.UU.

En la Asamblea General, un total de 187 países se manifestaron a favor; EE.UU., Israel y Brasil, en contra y Ucrania y Colombia se abstuvieron.

En 2018, un total de 189 Estados miembros de Naciones Unidas votaron a favor de la resolución. EE.UU. e Israel se mostraron en contra y Ucrania y Moldavia estuvieron ausentes.

"El bloqueo califica como genocidio"

Durante su intervención, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que la Casa Blanca "ha intensificado agresivamente la aplicación extraterritorial de su política de bloqueo a Cuba contra terceros Estados, sus compañías y ciudadanos".

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que las medidas punitivas provocan "daños incalculables" a las familias cubanas que constituyen "una violación flagrante, masiva y sistemática" de los derechos humanos y que "califica como un acto de genocidio".

De igual manera, afirmó que el Gobierno estadounidense "no tiene la autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie sobre los derechos humanos" y manifestó su rechazo a la "manipulación de estos con fines políticos y dobles raseros".

Previamente, el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, publicó en su cuenta de Twitter que su país sabe que "cuenta con el apoyo unánime de los pueblos contra el bloqueo".

El canciller cubano escribió un trino donde se refirió al "apoyo abrumador" al levantamiento de la "ilegal y criminal política de EE.UU." que viola el derecho internacional y que es el "principal obstáculo" para el desarrollo de ese país.

Durante 27 años consecutivos, la Asamblea General de la ONU se ha manifestado en contra del bloqueo de Washington en contra de La Habana. 

En la primera votación, que se realizó en 1992, Israel, Albania y Paraguay se adhirieron a la línea del Gobierno estadounidense y pidieron que se mantuviera la medida. Hubo 71 abstenciones y 46 ausencias.

Las medidas punitivas contra Cuba por parte de Washington se han intensificado en los dos últimos años como medida de presión y de castigo por las relaciones de cooperación que mantiene la nación caribeña con Venezuela.  

Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, Cuba ha sufrido pérdidas de más de 4.000 millones de dólares.

En los casi 60 años de la medida coercitiva, la cifra supera los 922.000 millones de dólares, según la cancillería cubana.