sábado, 24 de marzo de 2018

EL SALVADOR: Jueces acusan ante la ONU a fiscal Meléndez por amenazas


Los jueces denunciaron al fiscal general por las declaraciones vertidas a raíz de la revocatoria del fallo absolutorio para 18 personas vinculadas al caso "tregua entre pandillas".

LA PÁGINA  -  23 DE MARZO DE 2018 19:24 | POR JULIO VILLARAN

Los jueces en materia penal del Centro Judicial Isidro Menéndez demandaron hoy ante el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, y ante otras instituciones de gobierno “actúen de manera oficiosa, rápida y efectiva” para frenar al fiscal general Douglas Meléndez, quien “amenaza la independencia judicial”.

Meléndez ha acusado en reiteradas ocasiones, incluso en foros internacionales, que los casos presentados por la Fiscalía se pierden “por la corrupción en el sistema judicial”.

Uno de los últimos casos a los que se refiere el fiscal es de la revocatoria del fallo absolutorio para 18 personas vinculadas al caso “Tregua entre pandillas”.

Meléndez amenazó iniciar una investigación contra el juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar Torres, quien absolvió a los imputados, luego de los flojos argumentos y las deficientes pesquisas presentadas por la parte fiscal.

Los jueces reaccionaron a través de un comunicado, en el que señalaron que Meléndez ha realizado “injerencias, señalamientos y amenazas indebidas contra la independencia judicial” y que la única manera de impugnar las decisiones judiciales no es a través de declaraciones a la prensa, sino presentando recursos ante las instancias correspondientes.

Los juzgadores pidieron a García-Sayán su intervención “de manera inmediata y urgente ante el Gobierno de El Salvador, a fin de que el fiscal general de la República, cese de manera inmediata los ataques, señalamientos e investigaciones de las que estamos siendo objetos”, dijeron, así como exigieron a Meléndez “se abstenga de realizar acciones que interfieran en la independencia judicial de los suscritos jueces, a raíz de la referida decisión jurisdiccional”.

"Malditos idiotas": Así llamó Mark Zuckerberg a los primeros usuarios de Facebook


RT  -   24 mar 2018 10:34 GMT

Mucho antes de que la privacidad se convirtiera en un tema delicado en Facebook, el fundador de la red social calificó a sus primeros usuarios como imbéciles por haberle entregado sus datos.

Imagen ilustrativa. Mladen ANTONOV / AFP

Esta semana Facebook se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de filtración: se reveló que una compañía llamada Cambridge Analytica había recopilado datos personales de 50 millones de perfiles de la red social para manipular a los votantes e influir en el resultado de los comicios presidenciales de EE.UU. de 2016.

El propio fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que admitir que la red social "cometió muchos errores" y se comprometió a tomar aún más medidas destinadas a proteger la información de los usuarios.

Sin embargo, el manejo rudo por parte de Facebook de los datos de los usuarios aparentemente comenzó años antes. En medio del escándalo actual, varios medios internacionales volvieron a sacar a luz una conversación de Zuckerberg con un amigo no identificado, que supuestamente tuvo lugar en 2004.

En 2010, Business Insider publicó el grosero intercambio de mensajes instantáneos del fundador de Facebook:

• Zuck: Sí, así que si alguna vez necesitas información sobre alguien en Harvard.

• Zuck: Solo pregunta.

• Zuck: Tengo más de 4.000 correos electrónicos, fotos, direcciones, redes sociales.

• [Amigo de Zuck]: ¿Qué? ¿Cómo conseguiste eso?

• Zuck: La gente simplemente lo envió.

• Zuck: No sé por qué.

• Zuck: Ellos confían en mí".

• Zuck: Malditos idiotas.

Cabe destacar que el multimillonario tenía solo 19 años en ese momento, pero su despectiva despreocupación por los usuarios de Facebook sorprende al público incluso ahora. 14 años y múltiples escándalos después, ¿ha cambiado algo?

Pekín acusa a EE.UU. de infringir su soberanía en el mar de la China Meridional


RT  -   24 mar 2018 12:50 GMT

Un destructor estadounidense navegó cerca del disputado archipiélago de las islas Spratly, reclamadas por China y varios países de la región de Asia y del Pacífico.

Un caza F/A-18 Super Hornet aterriza en la cubierta del portaviones USS Ronald Reagan, en el mar de la China Meridional, el 30 de septiembre de 2017. Bobby Yip / Reuters

Pekín ha acusado a EE.UU. de haber infringido su soberanía después de que un buque de guerra estadounidense ingresara en las aguas cerca del archipiélago de las islas Spratly, en el mar de la China Meridional, sin el permiso del Gobierno chino.

"El acto ha violado la ley china y el derecho internacional, infringió la soberanía de China, socavó la paz, la seguridad y el orden de las aguas pertinentes, y puso en peligro las instalaciones y el personal en las islas chinas, lo que constituye una grave provocación política y militar", ha declarado en un comunicado la representante del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chuning.

El destructor USS Mustin navegó este viernes a 12 millas náuticas de distancia del arrecife de Mischief. Según la Marina de Estados Unidos, el objetivo de la operación fue garantizar "la libertad de navegación".

Sin embargo, el mencionado arrecife forma parte del disputado archipiélago de las islas Spratly, reclamadas por China y varios países de la región de Asia y del Pacífico. "China tiene soberanía indiscutible sobre Nansha Qundao [las islas Spartly] y sus aguas adyacentes", ha reiterado Pekín.

Según reza el comunicado, la situación actual en la región "ha mejorado gracias a los esfuerzos concertados de China y los Estados miembros de la ASEAN" [Asociación de Naciones del Sudeste Asiático]. Por ello, Estados Unidos, que "deliberadamente agita los problemas y crea tensión" en el mar de la China Meridional, "va en contra de la voluntad de los países regionales que aspiran a la estabilidad, la cooperación y el desarrollo".

"La parte china insta encarecidamente a la parte estadounidense a detener inmediatamente las operaciones provocadoras que violan la soberanía de China y amenazan su seguridad", ha destacado Pekín.

MÁS JUSTICIA Y MENOS IMPUNIDAD


Jorge Gómez Barata

En la América Latina de la última década, en materia de lucha contra la corrupción, existe más justicia y menos impunidad. No obstante, aunque robar utilizando los resortes del poder y ampararse en las altas jerarquías es hoy más peligroso, sigue ocurriendo. El hecho de que presidentes y expresidentes electos hayan tenido que responder ante los tribunales, que algunos resultaran destituidos, otros obligados a renunciar, y alrededor de media docena fueran a la cárcel, no detiene la noria de la corrupción.

Aunque en procesos recientes pueden haberse cometido errores y excesos, incluso prevaricaciones al utilizar la administración de justicia para venganzas políticas, el proceso en general es positivo, y se asocia al perfeccionamiento del sistema político basado en el estado de derecho y la separación de los poderes, que en varios países ha permitido al estamento judicial, que tampoco está libre de pecados, operar con mayor independencia para enjuiciar a los gobernantes.

Tales hechos parecen formar parte de procesos sociales, mediante los cuales tiene lugar la mutación política latinoamericana, que con avances y retrocesos, transita del predominio de las oligarquías a democracias de mejor desempeño, en las cuales unas áreas avanzan más que otras.

Los hechos dan cuenta de que en varios países la administración de justicia avanzó más que los instrumentos de control social del poder, dando lugar a un extraño fenómeno, según el cual los mecanismos del estado de derecho pueden juzgar a los gobernantes y exgobernantes por delitos que no pudieron prever ni impedir. Se trata de limitaciones de los procederes electorales que pueden asegurar la legitimidad del poder, pero no un ejercicio probo y eficaz del mismo.

El ahora expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, era corrupto antes de ser electo, y era cuando sobre una Biblia juró por Dios y por la Patria cumplir con probidad las funciones de su alta investidura. La mala noticia es que no es una excepción.

Aunque existen otros ejemplos en Brasil, los órganos judiciales y los aparatos de auditoria públicos y privados que obligaron a renunciar a Fernando Collor de Mello, destituyeron a Dilma Rousseff, e intentan enviar a la cárcel a Lula da Silva, fueron incompetentes para impedir la inocultable mega corrupción entronizada por las empresas de Odebrecht, Petrobras, y otras empresas. La tragedia es mayor porque otros diez gobiernos latinoamericanos, afectados por el mismo mal proveniente de idéntica fuente, tampoco pudieron evitar el derrame de porquería sobre sus estructuras empresariales y gubernamentales, y sobre sus propias casacas reales.

Donde quiera que Odebrecht obtuvo contratos en América Latina, excepto en Cuba, donde realizó una obra de unos mil millones de dólares, introdujo la corrupción, implicando a varios presidentes, que en lugar de velar por el bien común aceptaron coimas, o en el mejor de los casos miraron para otro lado. Si bien el que se les haya castigado es un signo positivo, el hecho de incurrir en tales delitos es un desastre.

En esos procesos en los que el sistema judicial actuó tardíamente, fallaron también los partidos políticos y la prensa, cuya independencia y probidad, lesionada por las practicas mercantiles y el tráfico de influencia, ha perdido su capacidad como instrumento de control social del poder.

La prensa independiente no puede solucionar los problemas, ni acabar con la corrupción, pero si denunciarla sistemáticamente. Los editoriales, las fotos, y los videos, son cohetes morales frente a los cuales no sirven las hojas de parra.       

Otra vez habría que reafirmar la idea de que más importante que sancionar al delincuente es suprimir las causas que engendran la delincuencia. El autoritarismo y las malas prácticas que permiten a los presidentes latinoamericanos actuar como virtuales “reyes sin corona” es parte del problema. Allá nos vemos.

La Habana, 24 de marzo de 2018

MUCHO MÁS QUE LUCHA POR UNA MARCA DEL RON


Por Manuel E. Yepe

Los debates que hace años tienen lugar entre la corporación francesa Pernod Ricard y la compañía Bacardí radicada en Estados Unidos desde poco después del triunfo de la revolución en Cuba, enraízan en realidades políticas que sobrepasan con mucho la aparente batalla por las marcas de ron Bacardí y Havana Club que se han extendido por más de medio siglo.

La polémica deriva del hecho que a la victoria popular cubana de 1959, que llevó a la revolución al poder en la Isla, siguieron, entre otras demandas de la población hechas compromisos ineludibles de los rebeldes con el pueblo, la reforma agraria, la campaña de alfabetización, la reforma urbana, la nacionalización de los servicios públicos de energía, agua y comunicaciones, y de las grandes industrias. El gobierno de la revolución se dispuso a acordar con los afectados soluciones compensatorias mutuamente satisfactorias, y lo logró en casi todos los casos.

Los que en aquel entonces eran propietarios de la compañía productora del ron Bacardí, hábilmente lograron registrar la firma en las islas Bermudas y se prepararon para resistir la nacionalización. Sacaron de Cuba los documentos y las personas físicas de algunos directivos de la empresa, pero no pudieron extraer el talento y la centenaria pericia e inventiva de los humildes maestros y demás obreros que han dado fama al producto de sus esfuerzos. Tampoco las características del agua, el clima y otros entornos insustituibles.

Siguió después un extenso período de disputa legal en el que los embarques del ron Bacardí original de Cuba eran confiscados sistemáticamente por reclamaciones que los falsificadores hacían progresar, muchas veces mediante sobornos y siempre apoyados por presiones desde Washington.

Finalmente, la Corte de La Haya resolvió que la firma Bacardí retuviera el derecho a la marca Bacardí y al símbolo del murciélago, pero no admitió que se identificara el origen del producto como hecho en Cuba, puesto que el nombre comercial anterior era “Bacardí de Cuba”.

Ante tal situación, los verdaderos productores cubanos invitaron a la prestigiosa Corporación licorera francesa Pernod Ricard a formar una asociación para producir en Cuba y distribuir en todo el mundo su acreditado ron utilizando el nombre de Havana Club, una marca registrada hasta 1964 en la Oficina de Patentes de Estados Unidos por su anterior propietario, José Arrechabala, quien a raíz de la nacionalización de su fábrica, había renunciado a la marca declinando la renovación de su registro en la Oficina de patentes en Washington cuando se mudó a España.

La familia Arechabala había fundado esa destilería en la ciudad de Cárdenas en 1878, y en 1934 vendía ron con el nombre de Havana Club en Estados Unidos, aparentemente contraviniendo las leyes de “prohibición” o “ley seca” entonces vigentes allí.

Al ser adquirida la marca “Havana Club” por el consorcio entre Pernod Ricard y Cuba Ron, y con el apoyo de una intensa campaña publicitaria al respecto, las ventas crecieron grandemente en más de cien países.

Debido a las leyes del bloqueo imperialista de Cuba, Estados Unidos quedó como el único país del mundo donde el ron cubano no puede comercializarse.

Alarmada por tal situación, la organización Bacardí, que en su relación con Cuba se ha orientado siempre más a la represalia política que a los negocios, optó por prolongar la batalla jurídica enfocándola al uso de la marca Havana Club y, a ese fin, trató de presentarse como legítimo adquirente de los derechos de la marca de la familia Arechabala. “Después de que el régimen cubano confiscó la marca de los Arechabala sin piedad y por la fuerza, Ramón Arechabala transcribió personalmente la receta y se la dio a Bacardí como un acuerdo entre las dos familias, ambas exiliadas de su patria”, fue su desesperado y tonto argumento.

En 1999, valiéndose de sus vínculos políticos en Washington, Bacardí logró que el Congreso aprobara la llamada sección 211, que le permitió comercializar con la marca “Havana Club” en EEUU. Esta legislación ad hoc fue condenada por la Organización Mundial del Comercio pero le ha permitido a Bacardí vender en Estados Unidos un falso “Havana Club” fabricado en Puerto Rico.

El libro “Ron Bacardí: la guerra oculta” y el documental “El secreto del murciélago” muestran las relaciones de la compañía Bacardí con la cúpula ultraderechista y mafia cubanoamericana de Miami. También revelan la participación de su equipo de abogados en la redacción de la Ley Helms-Burton que, en 1996, codificó todas las disposiciones que desde 1959 habían ido conformando en un solo instrumento legal el bloqueo económico a Cuba de modo que ni siquiera un nuevo Presidente de Estados Unidos pudiera abrogar el cerco genocida sin la aprobación del Congreso (como le ocurrió a Barack Obama).

La Habana, Marzo 23 de 2018

Exclusivo para el diario POR ESTO! de Mérida, México.