lunes, 25 de junio de 2018

"Promete paralizar el país": Huelga general en Argentina contra las políticas económicas de Macri


RT  -   25 jun 2018 13:39 GMT

Este lunes 25 de junio la principal central sindical lleva a cabo una protesta a nivel nacional en rechazo a la política económica del Gobierno.

Juan Carlos Schmid, dirigente de la CGT, durante una protesta en Buenos Aires el 14 de mayo de 2018. Claudio Santisteban / www.globallookpress.com

Este lunes 25 de junio la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina lleva a cabo una huelga general. A la medida han adherido además otras centrales y sindicatos que no forman parte de la entidad como es el caso de las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

La decisión había sido anunciada el 12 de junio, luego de que los dirigentes de la CGT suspendieran una reunión de negociación con funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri. En conferencia de prensa Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, argumentó que "los datos económicos, de empleo y que tienen que ver con los sectores más vulnerables son cada vez más angustiantes". Es por eso que resolvieron "declarar un paro para el día 25 de junio por 24 horas, sin movilización".

"Pedimos al Gobierno una rectificación de las políticas económicas y que tienen que ver con la administración del comercio exterior que está destruyendo a toda la industria", añadió Daer. Y, marcando uno de los puntos centrales de reclamo, exigió "libertad en la discusión" de las negociaciones salariales. "No pueden tener techo cuando la inflación, según los pronósticos, será del 25%", puntualizó el dirigente en referencia a la intención del Ejecutivo de no dar aumentos superiores al 15%.

Por su parte, en declaraciones radiales más recientes a la emisora Futurock, otro de los titulares de la CGT, Juan Carlos Schmid, auguró que los precios aumentarán más del 30% luego de las distintas corridas cambiarias que hubo en el país sudamericano.

Previo a la convocatoria de la huelga, los gremialistas habían elevado al gobierno un reclamo de cinco puntos. Los mismos eran: una norma para evitar despidos y suspensiones por seis meses; la reapertura de las paritariascerradas hasta la fecha; la eliminación del llamado Impuesto a las Ganancias que pagan muchos trabajadores; devolución de los fondos correspondientes a los gastos de salud de las obras sociales manejadas por los sindicatos; y un compromiso de no modificar la actual Ley de Contrato de Trabajo.

Sin transporte, servicios e industria

En Argentina, como en otros países del mundo, la contundencia de este tipo de medidas de fuerza cambia sustancialmente cuando participan los sindicatos del transporte. En este sentido, se espera que la jornada del lunes tenga notoriedad ya que tanto la Unión Tranviaros Automotor (UTA), que reúne a los trabajadores de autobuses, como la Unión Ferroviaria y La Fraternidad (maquinistas) adhieren a la medida.

De esta forma, incluso en aquellos sectores donde no se haya convocado la huelga, difícilmente haya actividad ya que las personas no podrán llegar a sus lugares de trabajo.

Acto de la CGT en Buenos Aires el 7 de marzo de 2017. / Martin Acosta / Reuters

Además, tampoco funcionarán los bancos, puertos y aeropuertos. Los trabajadores aeronáuticos confirmaron que se sumaban a la protesta recién la última semana pero lo hicieron todos los sindicatos del sector por lo que se estima que entre 65.000 y 70.000 pasajeros que ya sacaron sus boletos de avión se vean afectados.

Por su parte también formarán parte de la jornada de reclamo el Sindicato de Camioneros, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Pasteleros, docentes de la Provincia de Buenos Aires, Telefónicos, Farmacéuticos, Luz y Fuerza, Prensa, entre otros.

Finalmente, en lo que respecta a la industria no trabajarán quienes estén afiliados a la histórica Unión Obrera Metalúrgica (UOM), así como tampoco lo harán los trabajadores del Tabaco, Frigoríficos y algunas seccionales del sindicato de la Construcción.
Un paro "contundente"

"Me da la impresión de que va a ser el paro más fuerte de los últimos años", opinó Schmid. Y no dudó en pronosticar que "va a ser el más contundente".

Por su parte el sociólogo y analista político Martín Ogando coincidió: "La huelga general convocada por todas las centrales sindicales para este lunes promete paralizar el país". En diálogo con este medio sostuvo que se trata de "una medida de fuerza en contra del modelo económico impulsado por el presidente Macri".

Si bien la CGT decidió no hacer ningún tipo de movilización, algunos gremios conducidos por la izquierda resolvieron salir a la calle y realizar cortes de distintas vías de circulación. "Nosotros proponemos un paro activo, con movilización, porque sabemos que solo una demostración de fuerza de los trabajadores puede poner el fin al plan de ajuste", declaró a La Nación el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola.

La realidad que empujó a la huelga

Para Ogando esta medida de fuerza fue "largamente postergada" por la central sindical. "Fue anunciada y pospuesta varias veces por una dirigencia de la CGT que se ha mostrado muy paciente y dialoguista con el gobierno", comentó. La conducción colegiada de Daer, Schmid y Carlos Acuña venía recibiendo fuertes críticas por este motivo de parte de distintos referentes como los líderes camioneros Pablo y Hugo Moyano o el bancario Sergio Palazzo.

"Los movimientos sociales y aquellas organizaciones que agrupan a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular", como la CTEP, así como también el movimiento de mujeres, que viene de un triunfo por la media sanción de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, "habían relegado a un segundo plano a los sindicatos tradicionales", completó el también profesor universitario.

Asimismo destacó que estas "tendencias conciliadoras" fueron "superadas por la realidad". Al respecto hizo mención a la inflación, que se calcula cercana al 30%, lo cual está muy por encima de los aumentos salariales acordados, que se ubican en el 15% y en varias cuotas. Es por eso que resaltó el acuerdo de más del 25% de incremento que consiguió el gremio de conductores de camiones, lo que "complicó el panorama para los dirigentes más timoratos".

"El acuerdo con el FMI terminó de aportar las condiciones para la huelga general", analizó Ogando en relación a las medidas que impone el organismo, que implican, "como ha ocurrido en Grecia, un fuerte ajuste sobre trabajadores y trabajadoras del Estado, reducción de gastos en educación y obra pública y compromisos de nuevas reformas laborales y previsionales". A esto hay que agregar "el peligro de recesión para el segundo semestre del año amenaza la supervivencia de miles de puestos de trabajo, sobre todo en el sector industrial".

Finalmente opinó que la incógnita es "qué ocurrirá después". Es que si bien el acuerdo con la entidad financiera internacional da al Gobierno cierto margen para buscar la reelección en las presidenciales de 2019, está sufriendo una "baja permanente en la popularidad desde diciembre del año pasado" y las condiciones impuestas por el préstamo no contribuyen a revertir eso. Macri tendrá "la difícil tarea de negociar un presupuesto con la oposición, porque no tiene mayoría en el Congreso", lo cual supone hacer co-partícipes a los opositores "de medidas muy impopulares, lo cual parece muy difícil". "Tiene que ajustar y ganar las elecciones, tarea titánica teniendo en cuenta los niveles de movilización de la sociedad argentina", concluyó Ogando.

Santiago Mayor

TODO EL PODER PARA LAS INSTITUCIONES


Jorge Gómez Barata

Según el texto de la constitución vigente desde 1976, en Cuba el poder radica en el pueblo que lo ejerce por intermedio de dos instituciones: la Asamblea Nacional del Poder Popular (artículo 69) y el Consejo de Estado (Articulo 89). El órgano ejecutivo de ese sistema es el gobierno formado por el Consejo de Ministros cuyo presidente está investido de amplios poderes. Presumiblemente ese esquema será ratificado por la nueva Carta Magna. 

Debido a las peculiaridades del proceso político cubano derivado de una Revolución devenida fuente de derecho, la entronización de la Constitución de 1976 que adjudicó el poder a las instituciones electas y colegiadas fue condicionado por las urgencias y la ejecutividad del liderazgo revolucionario que con toda legitimidad y pleno apoyo popular, ejerció el Comandante en Jefe Fidel Castro. En términos generales, la vigencia de la constitución no modificó las prácticas establecidas bajo el Gobierno Revolucionario.

Tan reiterada como infructuosamente, Raúl Castro, primer secretario del Partido ha criticado, tanto la tendencia a las decisiones personales, como la carencia de debates en los órganos colegiados y las tendencias a la unanimidad que no refleja las corrientes dentro de la sociedad ni sus tensiones. En cuarenta años en la Asamblea Nacional no hubo una votación dividida, apenas han existido votos en contra y las rendiciones de cuentas de los organismos estatales no han conllevado críticas o sanciones. Se abusa de la emisión de decretos y “decretos leyes” en detrimento de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional.

No obstante las limitaciones existentes, la etapa precedente, aunque larga, puede ser considerada como de aprendizaje en tiempo real que coloca a líderes, parlamentarios y ciudadanos en mejores condiciones para realizar el  tránsito del estilo de gobernar basado en la ejecutividad revolucionaria a la actividad sistemática de las instituciones colegiadas que, además de ejercer a plenitud y con transparencia sus funciones, deberán realizar el control social del poder, para lo cual resulta imprescindible una cierta separación y autonomía de los mismos, preceptos que fueron introducidos en Cuba por las constituciones mambisas.

 Probablemente en estas esferas radiquen algunas de las formulaciones más difíciles de lograr por los actuales constituyentes que, entre otros deberán resolver la anomalía que constituye que las mismas personas desempeñen a la vez cargos legislativos, ejecutivos, políticos y de control. La primera Constitución Cubana, adoptada para regir la Republica en Armas en 1869 estableció que: “La condición de Representante es incompatible con ninguna otra…” Las constituciones de 1901 y 1940 reiteraron este precepto que tal vez nunca debió ser abandonado.

Otro asunto que hasta ahora no había requerido mayores precisiones, pero cuyo alcance y modo de realizarse, a tenor con las realidades presentes y futuras deberá ser precisado por la Constitución es el Artículo 5 en el cual se establece que: “El Partido Comunista de Cuba…es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado…” Al margen de otras consideraciones, la Constitución deberá indicar las formas como esta dirección se realiza, sin cooptar las atribuciones de los órganos electos por la sociedad ni suplantarlos, evitando la dualidad de poderes.

 Probablemente el perfeccionamiento del estado que la constituyente impulsará, incluya también a las estructuras políticas paralelas, como son el propio partido, las organizaciones sociales y de masas, el movimiento sindical, incluso aquellas que agrupan a los profesionales. Seguramente habrá una mirada sobre la administración de justicia.

En cualquier caso, es preciso admitir que para que las cosas cambien para bien, es preciso hacerlas de modos diferentes. Repetir experiencias fallidas no es prueba de firmeza…Allá nos vemos.    

La Habana, 22 de junio de 2018

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El presente artículo fue publicado por el diario ¡Por Esto! Al reproducirlo indicar la fuente

Trump planea nuevas barreras a la adquisición de empresas y a la fuga de tecnología hacia China


RT  -   25 jun 2018 14:39 GMT

Las empresas con al menos un 25% de participación china no podrían comprar compañías de ciertas industrias clave bajo posibles nuevas regulaciones justificadas por la amenaza a la seguridad nacional.


El presidente Donald Trump pretende limitar las inversiones chinas en compañías estadounidenses y evitar la fuga de tecnología de sectores clave mediante la introducción de nuevas regulaciones. Sobre esto informa The Wall Street Journal citando a fuentes cercanas a las negociaciones respectivas.

En concreto, el Departamento del Tesoro planea prohibir que las empresas tanto públicas como privadas con al menos un 25% de participación china —o incluso con menos en casos concretos— adquieran compañías norteamericanas involucradas en la denominada 'tecnología industrial significativa'.

Como complemento, el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Comercio de EE.UU. planean "mejorar" los controles de exportación con el fin de evitar que ese tipo de tecnologías abandone el país en dirección a China, señalan las fuentes.

Para este cometido, Trump planearía hacer uso del Acta de Poderes Económicos por Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una ley federal adoptada en 1977 que le autorizaría a regular el comercio tras declarar una emergencia nacional en respuesta a "cualquier amenaza inusual y extraordinaria a EE.UU. que tenga origen extranjero".

No obstante, de acuerdo con las fuentes, los representantes de la industria estadounidense tendrán la oportunidad de hacer sus comentarios antes de que las nuevas reglas entren en vigencia. Trascendió además que no se disolverán los contratos que empresas chinas ya hayan realizado, pero sí afectarían sus futuras inversiones en EE.UU.

Las nuevas regulaciones estarían destinadas a contrarrestar el ambicioso plan llamado 'Hecho en China 2025', mediante el que Pekín pretende colocarse a la vanguardia tecnológica en áreas como las innovaciones manufactureras, las tecnologías de la información y las tecnologías verdes. Se prevé que las exportaciones relacionadas con esos sectores sean particularmente vigiladas por las nuevas restricciones de Trump.